Los Alcaldes y Concejales en la España del Siglo XXI es indudable que son políticos, entre otras cosas por su elección en listas políticas y por autoconsiderarse así habitualmente. Pero en la medida en que participan de los equipos de gobierno de las Entidades Locales, ejercen también labores directivas. En las grandes Corporaciones existe entre los órganos de gobierno y el aparato administrativo un conglomerado directivo profesional conformado por Directores de Servicios y otro personal de confianza, pero en pequeñas Entidades los miembros del equipo de gobierno se constituyen en auténticos ejecutivos de la “empresa” que dirigen.

En muchas ocasiones se ha razonado que la falta de profesionalidad de Alcaldes y Concejales, que en raras ocasiones serán directivos de empresas ajenas al Ayuntamiento, les debe obligar a buscar el apoyo de los empleados públicos, especialmente los de mayor cualificación técnica y principalmente los habilitados nacionales, específicamente preparados para desarrollar labores directivas locales.

En distintas ocasiones he manifestado conformidad con estas tesis y el apoyo incondicional a la dura e incomprendida labor de los habilitados nacionales. Y no es mi intención desdecirme de esta idea, sino analizar la otra cara de la moneda, la de “los políticos”.

Se suele decir que el sentido común es el menos común de los sentidos y que nadie conoce su casa como quien vive en ella. Y considero que, aplicando el sentido común, el Alcalde y los Concejales, que conocen su Ayuntamiento mejor que cualquier profesional de fuera, pueden aplicar directrices generales que les permitirán ayudar a progresar a su pueblo.

En cualquier casa es sabido que cuando los gastos superan a los ingresos, vamos por mal camino. Cabe recurrir a un mayor nivel de gastos, si existen posibles ingresos futuros, como puede ser una previsión de un ascenso, un próximo acceso al mundo laboral de un miembro inactivo de la unidad familiar, una previsible herencia, etc., pero si confiamos equilibrar la economía doméstica con un «tengo la corazonada de que me va a tocar la primitiva», tendremos altísimas probabilidades de ruina familiar.

Por otra parte, no cabe olvidar que la primera competencia del Alcalde es, en dicción legal, la de dirigir el gobierno y la administración municipal, lo que equivale a ser el directivo de máximo nivel del Ayuntamiento. Y los Tenientes de Alcalde y Concejales que ostenten delegaciones serán, por consiguiente, directivos del siguiente nivel.

En cuanto a los Concejales de la oposición, no tendrán facultades ejecutivas, pero su función es equiparable a la de los Consejeros de una Sociedad que los son en representación de socios minoritarios.

Podemos hacer cuantas elucubraciones queramos sobre la distinción entre el plano técnico y el político en la gestión de los intereses municipales, pero todo ello quedará en agua de borrajas si lo comparamos con la realidad de pequeños municipios. ¡Si hasta he conocido personalmente a un Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios que se bajaba del coche para coger el pico y trabajar él en la obra! Y que nadie me trate de convencer que empuñar el pico y la pala es hacer política.

La conclusión no es otra que la imposibilidad de deslindar el plano político y directivo en pequeñas Entidades Locales, pues en ambas funciones ha de implicarse el Alcalde y los Concejales. Lo importante es no perder nunca de vista que lo que se está administrando es el patrimonio común de los vecinos, que el presupuesto se nutre con el dinero de todos. Y que lo que es de todos es absolutamente opuesto a lo que no es de nadie.

2 Comentarios

  1. Muy acertada opinión Fernando del desempeño de labores cuasidirectivas de los cargos electos en los medianos y pequeños municipios, que como bien indicas y me consta que conoces, dado el escaso personal a su servicio tienen que apoyarse en los FHN.

    En lo que se refiere al directivo público local del artículo 13 TREBEP, al margen ya de Alcaldes y Concejsles, la doctrina y los operadores jurídicos locales vienen demandando, como ya existe en el derecho comparado de otros países de los Estados Miembros de la Unión Europea, un ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO, régimen jco. que debe ser introducido por una Ley básica Estatal para garantizar, en términos del Tribunal Constitucional, un común denominador normativo en el Estado Español, y así superar la escasa regulación actual del derecho directivo público local, fundamentalmente en el T. X de la LBRL y en los respectivos Reglamentos Órganicos que aprueban las Corporaciones dentro de su potestad reglamentaria y de autoorganización.

    Un saludo desde Málaga Fernando,

    Alfonso Moreno.

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