Al hilo de las noticias sobre los esfuerzos para culminar con éxito la cumbre sobre el cambio climático me vino a la memoria uno de los informes de la Comisión Europea relativo a la aplicación de la normativa ambiental. De manera periódica esta institución analiza el adecuado cumplimiento de los centenares de normas que engrosan el cada vez más nutrido Derecho de la Unión Europea, tanto para comprobar la correcta actuación en los Estados miembros como, fundamentalmente, para advertir la eficacia de las medidas, los obstáculos encontrados, los efectos no advertidos y, en su caso, la conveniente modificación. Un análisis imprescindible para advertir cuánto va “del dicho al hecho”. Pues bien, hace unos meses publicó la Comisión un informe sobre la efectiva aplicación de las disposiciones ambientales subrayando “la distancia entre lo decidido y lo ejecutado”. En términos económicos con los que se trata de resumir a una escueta cifra las conclusiones, la Comisión cuantificó en más de 55.000 millones de euros al año lo que cuestan los retrasos y los incumplimientos de las Directivas europeas de protección ambiental.
Dejemos a un lado los números y sepamos dónde están algunos agujeros negros que se tragan esas buenas intenciones normativas de protección ambiental.
Los objetivos son claros. Tal es el caso de la convicción de mejorar la denominada “economía circular” con el fin de incrementar la reutilización de materiales, así como ampliar la vida útil de los productos. Sin embargo, en este ámbito los incumplimientos son múltiples. De manera especial, con relación a la extensa normativa sobre residuos. Así, por ejemplo: se desconoce el índice de recogida de los productos más contaminantes o los niveles de reciclaje porque no se remite la información exigida; no se ha reducido el porcentaje de residuos urbanos; no se controlan con eficacia los vertederos; incluso están abiertos, como sabemos, procedimientos de infracción por la inexistencia de concretos planes de residuos en algunos Ayuntamientos, así como la ineficiente gestión de los residuos de las granjas intensivas porcinas y de aves de corral.
Sabemos que la consecución de tales procedimientos es compleja y resulta muy larga, por lo que resta eficacia a las normas de protección como ha destacado también recientemente el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en otro interesante informe sobre política ambiental. De ahí que se apunte corregir por otros medios esas graves deficiencias. Elevar los específicos impuestos sobre el depósito de los residuos, es una de las propuestas que hace la Comisión, añadiendo que las cantidades obtenidas deberían destinarse en su integridad a actuaciones para conseguir su reducción. Igualmente, ocupa unas líneas de ese informe la conveniencia de aumentar la recogida selectiva de las basuras, actuaciones que tendrían que ir acompañadas de campañas de educación a los vecinos. Resulta alarmarte la confusión que existe todavía entre tantos conciudadanos a la hora de tirar las bolsas de desperdicios.
Ese desinterés por facilitar la reutilización, el reciclado y una mejor gestión de los residuos contrasta con el incremento de las zonas protegidas, de la Red Natura. Sin duda han aumentado de manera considerable gracias al impulso ciudadano y de diversas asociaciones. No obstante, como resalta el Informe, tras lograr esa satisfactoria inclusión de nuevos espacios en la Red Natura, se han ido desinflando las energías ambientalistas pues no se han tramitado los imprescindibles planes de gestión de los recursos en un porcentaje muy significativo (un treinta por ciento).
Capítulo destacado es el de la calidad del aire. La Comisión apunta a lo conveniente que seria que todos los Estados miembros revisaran los permisos y autorizaciones otorgados con el fin de comprobar si realmente los establecimientos e industrias tienen incorporadas las mejores técnicas disponibles para reducir la contaminación. Así como la necesidad de que se realicen las mediciones exigidas en zonas representativas que ofrezcan una mejor percepción porque se ha advertido que se toman esas muestras en zonas alejadas de los espacios industriales o de las vías de intenso tráfico por lo que los datos remitidos no reflejan la realidad.
No menos desoladora es la conclusión que se extrae tras leer las páginas relativas a la protección de las aguas. Se afirma que será ciertamente complicado satisfacer las exigencias establecidas en la Directiva marco del agua, de manera especial, por las deficiencias en los sistemas de depuración de las aguas residuales que no están controlando los vertidos contaminantes. Varias localidades españolas han sido las responsables de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impusiera una multa de más de 22 millones de euros por los graves incumplimientos en el tratamiento de las aguas urbanas y poco se ha avanzado. Y es que los Ayuntamientos necesitan apoyo financiero para realizar estas grandes inversiones.
Pero hay también ingredientes positivos. Entre ellos destaco la mención de singulares iniciativas que han ido favoreciendo una mejor protección del entorno. La información que se obtiene y que las instituciones europeas difunden permite impulsar lo que ahora se denomina “un aprendizaje entre pares”, esto es, el conocimiento de aquellas concretas ideas y actuaciones que están contribuyendo a conseguir una situación de excelencia. Porque hay Ayuntamientos que han incorporado de manera singular iniciativas originales que merecen aplausos.
Un nutrido catálogo de esas buenas prácticas está disponible a través de la página web de la Comisión Europea, incluso se financian visitas con el fin de conocer in situ el funcionamiento y actuación de los responsables ambientales.
En fin, si realmente se tiene voluntad de proteger el entorno y luchar contra la contaminación contamos con suficiente información para conocer los nocivos puntos negros a combatir, así como las buenas prácticas que han conseguido ganar algunas batallas.
Es por tanto el desinterés el que contribuye también a la contaminación.
Completamente de acuerdo. El desinterés también contamina. Un saludo.