El despilfarro público (III)

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El despilfarro público (III)El Ministerio de Economía y Hacienda ha dado noticia de la última actualización que ha llevado a cabo en el “Inventario de entes del sector público”. Un instrumento éste indispensable, que elabora la Intervención General de la Administración del Estado, porque permite conocer la densa selva, más que bosque, de instituciones y organismos que crecen con el riego de los presupuestos públicos. No es éste el lugar para entonar la melodía de ventajas que trae la descentralización funcional y la Administración institucional. Es bien conocida. Pero no se puede ocultar que mucho se ha entonado en falsete y desafinado esa partitura en el escenario actual. ¡Menudos gallos han interpretado todas las Administraciones al justificar la creación de un nuevo Ente o sociedad pública! Han proliferado nuevos organismos, agencias, fundaciones, entidades empresariales y demás, sin mayor pudor ante su innecesariedad ya que duplican las funciones que realizan otros órganos administrativos. Se han multiplicado las sociedades públicas que, además, se han reproducido, en un modo que escandalizaría al mismísimo Thomas Malthus, porque han generado nutridas familias societarias. Y en las mismas han tenido rápido acomodo las familias políticas. Ya lo denuncié hace tiempo, en mis “Grupos de sociedades públicas”, por los riesgos que conlleva de pérdida de control democrático, de falta de transparencia, además de despilfarro público. Y no quiero ahora insistir.

En este momento quería llamar la atención sobre el resumen que ha difundido la Intervención General de la Administración del Estado con relación al sector público autonómico. Existen registrados más de dos mil organismos autonómicos. En concreto se citan 2.386. Una cifra que abruma frente a los cerca de cuatrocientos con los que cuenta la Administración estatal, mayor en edad y en competencias. Pero lo que más me ha sorprendido es que durante este año 2010 se han creado veintidós nuevos entes públicos. La actualización ha originado la incorporación al Inventario de más de doscientos nuevos entes autonómicos pero, en realidad, la mayoría ya existían, sólo que las Comunidades autónomas no habían comunicado su creación. Un nuevo ejemplo de la colaboración y transparencia entre las Administraciones públicas.

Con relación a los más de veinte organismos que se han creado me pregunto ¿cómo habremos podido pasar los años anteriores sin los mismos? Y se me abre este interrogante porque a pesar de la grave crisis económica, a pesar de las llamadas a la contención del gasto público, a pesar de que las arcas autonómicas están bien necesitadas de recursos, se incrementa el número de entidades y con ello el gasto público. Mucha falta tenían que hacer y no sé cómo hemos podido gestionar algunos sectores con tales carencias.

Con frecuencia dedos privados nos señalan a los funcionarios públicos como la carga pesada de los presupuestos. Es cierto que hemos superado largos procesos de selección, que algo han costado, además de muchos años de estudio y nuestros sueldos están bien contenidos. ¡Cómo se puede comparar eso con la cómoda contratación que se realiza en las sociedades y agencias públicas! Me cuentan que ahora en Andalucía se piensa facilitar ese costoso proceso de selección de funcionarios convirtiendo a numerosos contratados en funcionarios públicos. Habrá que estudiar esta novedad que supone un nuevo desafino, y quizá también desafío, a los principios constitucionales de mérito y capacidad.

En fin, ese es el Inventario al final de un año de crisis: más organismos públicos frente a las llamadas a la reducción de la función pública que tanto se reclama desde el sector privado. No sabemos qué nos deparará el nuevo año, pero sí hay que recordar que ya hay ejemplos en vecinas barbas de países europeos, en los que han acordado drásticos planes de reducción de su función pública. Por ello, deberíamos poner a remojar nuestras barbas y entre tantas, propongo que se mire primero a los organismos, entes y sociedades públicas. ¿No se podrían recortar un poco esas largas patillas o exageradas pelambreras para adecentar la apariencia pública?

1 Comentario

  1. En Baleares, comunidad autónoma no muy grande, según información del propio síndico de cuentas (tribunal de cuentas autonómico) resulta que existen más de 150 entes públicos, entre consorcios, fundaciones, empresas públicas, entes públicos y demás. En algunos casos resulta que su sueldo no ha sido «reducido» y ya el colmo: son utilizadas como empresas de trabajo temporal cediendo sus trabajadores a la propia administración. Claro, no se pueden cubrir las vacantes pero si se puede transferir más dinero a estos entes, contratar más gente y así ir eliminando funcionarios. En la consejería donde estoy destinado ya somos el 50% de funcionarios y el otro 50% personal cedido por estas empresas públicas. Calculo que en los próximos de 5 a 10 años, habremos desaparecido los funcionarios de esta consejería y toda nuestra actividad será ejercida por las empresas públicas. O quizás ocurra como en Andalucía, que los funcionaricen a todos por la puerta de atrás.

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