Se festeja el aniversario de los treinta años de la vigencia de la Constitución Española moderna. Entendemos que la Constitución democrática del año 1978 merece todo tipo de elogios y parabienes que su proyección sobre la protección y garantía de los derechos fundamentales y democráticos de la persona han sido positivos, y la consagración y consolidación del Estado de las Autonomías recogido en su Título VIII ha sido también de gran acierto.
La verdad es que los municipalistas o los defensores de los Gobiernos Locales poco o nada debemos de festejar y no por que la Constitución democrática no recogiera en su espíritu una potenciación y un protagonismo mayor del “poder local” sino porque la política descentralizadora desde la Constitución del 78 se ha localizado casi enteramente –por no decir exclusivamente– en la potenciación competencia y financiera del Estado de las Autonomías.
El balance del Municipalismo español dentro del Estado de las Autonomías, entiendo ha sido bastante negativo y ello sin negar lógicamente de reconocer el gran avance que los Gobiernos Locales han dado en España tanto en logros del reconocimiento de la Autonomía municipal como en el incremento de sus competencias y medios económicos (1).
Pero no hay que quedarse ahí y hay que avanzar en la consecución de los objetivos que entiendo encierra el texto constitucional como es “la segunda descentralización”, es decir, que las Comunidades Autónomas a su vez proceden a descentralizar en sus municipios competencias y partidas presupuestarias en aras del cumplimiento del denominado principio de subsidiaridad del que todo el mundo en el ámbito político se declara defensor a ultranza sin que ello tenga proyección practica o real alguna.
[1] Si bien hemos de reconocer que el incremento efectivo de sus competencias y de sus escasos, aun, medios financieros reflejado en la Ley de bases de Régimen Local de 1985, ha sido debido mas a una presión de las exigencias ciudadanas y vecinales que a una política gubernamental estatal o autonómica, dirigida al reconocimiento del “poder local” como poder autentico en el Estado de Derecho.
