Pueden apuntarse tres niveles de limitaciones que sufren los gobiernos locales en Europa y en España para su acción:
A menudo no disponen ni de los instrumentos jurídicos y legales adecuados para actuar. Los Alcaldes españoles no pueden en estos momentos retirar la licencia de conducir al conductor que realice una infracción extremadamente grave o peligrosa, ni la ciudad puede incidir efectivamente en los órganos de decisión de infraestructuras estratégicas como el Puerto o el Aeropuerto, ni decidir autónomamente las grandes operaciones urbanísticas, ni planificar y coordinar las políticas de empleo que se desarrollan en la ciudad.
Los Gobiernos Locales raramente tienen capacidad de incidencia administrativa directa sobre sus entornos metropolitanos. La ciudad real, la determinada por los principales desplazamientos por trabajo o estudio y los principales intercambios económicos cada vez es más extensa, pero la ciudad administrativa sigue siendo la misma. En el caso de Barcelona, por ejemplo, la ciudad administrativa agrupa a 1,5 millones de habitantes en 99 Km². Mientras que la región metropolitana comprende 4,2 millones de habitantes en 3.200 Km²,
Habitualmente los gobiernos locales disponen de una fracción muy limitada del gasto público global. Medidas legislativas recientes introducidas relativas a una mayor liberalización de la economía no debe de hacerse a consta de las competencias municipales y en contra de la Autonomía municipal.
La supresión del I.A.E fuerza clave con el IBI de la financiación municipal sin delimitar y concretar el impuesto o el incremento en participación del Impuesto estatal correspondiente que le sustituya, es una medida grave que afecta directamente a las economías municipales.
Las medidas urbanísticas introducidas recortando las facultades del planificador municipal e imponiéndole la obligatoria clasificación de inmensas superficies como suelo apto para el proceso urbanizador, dejando en manos de la iniciativa privada el modo de materializarse el crecimiento urbano, constituye aun más otro atentado a la Autonomía municipal en materia urbanística.
En definitiva la responsabilidad de los efectos económicas macroestructurales negativos que llevan consigo las políticas globalizadoras se proyectan en forma de castigo sobre el poder local cuando ni este es el causante ni siquiera le dejan intervenir en la creación de políticas públicas macroeconómicas globales.
