El nombre debería importar.

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¿Qué pensaríamos si, en unos grandes almacenes, la sección de paños menores se rotulara como «Concejalía de Lencería»? ¿O, en una pescadería, un espacio estuviera bautizado como «Subsecretaría de Cefalópodos»? Evidentemente, lo atribuiríamos a un «animus iocandi» del empresario o autónomo, aunque los tiempos no están para bromas. Pero, desde luego, nos chocaría y seguro que, en el primer caso, en la alcaldía del lugar y sus aledaños les sonaría a burla del Consistorio y hasta habría protestas, posiblemente.

Hay nombres blindados, con prohibición de su uso -de sustantivo o adjetivo-, como es el caso (y conozco unos cuantos) de algunas normas sobre consejos consultivos. Pero casi todo está muy devaluado. La propia Administración, a veces amparada por la Ley, llama «tribunales» a los que no lo son conforme al artículo 117 de la Constitución y cualquier día, en un restaurante, el propio que atienda las reclamaciones lo hará tras un cartel de «Juzgado de facturas de menú».

La Lengua es muy rica y muy fresca. También alguna decisión claudicante de la RAE con palabras malhabladas por minorías sin formación -no por uso general del pueblo-, con términos del momento, casi con «obsolescencia programada» y con la supresión de diferencias centenarias, también por rendición (el caso de la añeja distinción entre «cubrimiento y cubrición», por ejemplo).

La permisividad de la utilización de términos originariamente técnicos y precisos para usos múltiples y coloquiales debería tener unos límites. Aunque decir esto igual me condena a la categoría de retrógrado leguleyo. Pero pongo dos ejemplos: el nombre «academia» tiene un significado genérico que abarca todo lo académico, incluida la universidad y hasta un sentido muy conocido en la Historia de la Filosofía. Pero también, «al francés estilo», un sentido preciso en relación a las corporaciones de notables en Letras, Ciencias o Artes, tal y como nos trajeron los Borbones. Pero todos sabemos que, desde hace muchos años, una academia es casi todo aquel centro -ahora también virtual- que ofrece alguna suerte de clases. Desde las «particulares» de estudiantes con asignaturas difíciles de aprobar, hasta las de peluquería o antaño de corte y confección.

Más preciso, como mis colegas saben bien, era históricamente el término Instituto, que no se ciñe ya a las enseñanzas secundarias o a los centros de investigación, sino que abarca hasta los estéticos.

Todo esto es muy sabido, pero lo traigo a colación por el «descubrimiento» por el Ministerio de Universidades, en aplicación de unos parámetros y variables, de que muchas de las más de ochenta universidades, privadas y públicas, existentes en España, no son tales. Esto no es nuevo para la mayoría de la sociedad, la que no se obnubila por títulos caros y de no difícil consecución, porque no se puede cuadruplicar -y más- el número de instituciones de educación superior en los años que llevamos de democracia. Ni elitismo ni barra libre. Y ahora se nos dice que sólo una docena -con una privada- de las llamadas universidades cumplen todos los requisitos idóneos para ser así consideradas. Sorprende que las grandes universidades de Madrid o Barcelona no alcancen ese reconocimiento, lo que da que pensar de la adecuación de esos filtros selectores a los que, en cambio, se escapan las cuatro Politécnicas del país pese a no ajustarse a la pluralidad de campos temáticos. O sea que, si vamos por el libro, el del señor Ministro, nos quedamos con ocho Universidades en España, como en 1505, cuando se fundó la de Sevilla; algunos años mas tarde vendrían Granada y Oviedo (las tres, por cierto, cumplen todos los requisitos).

Con todas las objeciones que sin duda podrán hacerse por quienes saben de tan importante cuestión formativa, creo que es un acierto transmitir a la ciudadanía que hay universidades públicas que no dan la talla y, desde luego, la inmensa mayoría de las privadas donde no se investiga y la dedicación docente del profesorado es muchas veces parcial.

No es que no debieran llamarse universidades; es que no tendrían que existir. Sin investigación no hay docencia que se sostenga mínimamente actualizada y que genere en el alumnado interés científico. ¿O separamos la Ciencia de la Universidad y «que investiguen ellos»? Pero los intereses localistas públicos y el negocio privado nos han llevado a esta situación que creo irreversible. El profesorado no se improvisa en una tarde o tras una entrevista acientífica. Como, casi a la inversa, no se puede esperar que aporten visión práctica o empresarial los llamados «falsos asociados», en muchos sitios personas en formación que no pueden acceder a plazas para su condición. Se podrán poner parches, pero no creo que llegue el día en que vea a una Comunidad Autónoma clausurar un chiringuito bautizado como universidad.

Porque la pregunta del millón es la de qué va a hacerse con esas instituciones, o lo que sean en el plano privado, que ni se acercan al listón del Ministerio. Dejen que haga de augur: se las oirá, se rectificarán muchos supuestos, se ofrecerán moratorias que se prorrogarán y no se cumplirán, cesará el titular del Ministerio y, como en el estrambote cervantino, «fuese y no hubo nada».

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