El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un gran plan diseñado y gestionado con mentalidad M30

0

Ya se han cumplido dos años desde que los jefes de Estado y de Gobierno acordaron la puesta en marcha los fondos del Next Generation EU (NG) por valor de 750.000M€ y es momento de hacer un balance de la situación y denunciar algunas sombras.

Se trata del mayor paquete de estímulo jamás financiado con el que se pretende reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus y sentar las bases para una Europa cohesionada, ecológica, digital y resiliente. En palabras de Enoch Alberti i Rovira (Revista Catalana de Dret Públic), la cantidad global que se prevé movilizar (capital público + capital privado) es doce veces más de lo que supuso el Plan Marshall para reconstrucción de Europa, en valores de hoy día.

Cuando hablamos de NG estamos incluyendo distintos fondos, pero, la parte más importante, el 98.66%, lo constituye el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este fondo tiene unas reglas de gestión propias que vienen establecidas en el Reglamento 2021/241 y aseguradas en el Acuerdo de financiación que firmó la ministra Montero en noviembre de 2021 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR) que tuvo que presentar España para poder acceder a este fondo. El compromiso de la Comisión es de librar, en principio, 69.528M€, en periodos semestrales y siempre que se alcancen los hitos y objetivos marcados.

Pero España recibirá más dinero por ayudas directas porque, según los nuevos cálculos de Bruselas, la cifra total subirá hasta 77.430M€ por ser España el país cuya economía ha salido con menos fuerza de la crisis de la pandemia y este criterio ha sido definitivo a la hora de calcular el reparto definitivo del MRR.  Con el fin de articular el uso de los nuevos fondos y realizar la petición de los créditos, el Gobierno prepara una adenda al PRTR que incluya nuevos proyectos de inversión y reformas, a propuesta de los Ministerios y de las comunidades autónomas. Ahora sí parece que las comunidades podrán participar en las decisiones, enmendando una forma desmesuradamente centralizada que ha presidido la elaboración del PRTR y su gestión. España es un país descentralizado y los NG van destinados a competencias transferidas, no obstante, la toma de decisiones se encuentra en Moncloa y los ministerios y, por tanto, los diferentes ejecutivos autonómicos se quedan sin capacidad de decisión. Las comunidades autónomas actúan como meros gestores de los mecanismos ya diseñados. Un Plan diseñado y gestionado con «mentalidad M30».

Ciertamente, el PRTR es un gran plan, elaborado por quienes conocen muy bien el lenguaje de Bruselas, pero, su ejecución significa un gran reto al que se enfrenta no solamente el Estado, que es quien responde ante la Comisión por tratarse de un fondo de gestión directa, sino todas las Administraciones que tienen la condición de entidad ejecutora, de acuerdo con las órdenes ministeriales 1030 y 1031 de setiembre de 2021. No es fácil llevar un seguimiento de esta ejecución. A pesar de que el Gobierno se esfuerza en comunicar que el PRTR ya está en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn) para acercar la información a la ciudadanía, autónomos, pymes, empresas y organizaciones que estén interesadas en acceder a los fondos del citado Plan, llama la atención que Cristina Herrero,  presidenta de la AIReF, el mes pasado y durante su intervención en el Curso de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, reprochara la  «falta total y absoluta de información» acerca de la ejecución del PRTR, lo que dificulta cuantificar el impacto que tendrá este programa en la economía española.

El Profesor Gimeno Feliu, en unas declaraciones al boletín El Temps, advertía que la ciudadanía no es del todo consciente del impacto que puede llegar a tener este Plan y no lo es porque no le llega información ni ve resultados.  Esto es así porque desde febrero 2020 han transcurrido 29 meses y las actuaciones concretas no avanzan. Se justifican hitos y objetivos «de voluntad» pero pocos de «ejecución». Ejecutar el Plan no es ejecutar el presupuesto del Estado. El Gobierno de la Nación controla la ejecución del crédito imputado al Servicio 50 (51.000M€ en los presupuestos 2021 y 2022). El cofre del tesoro. Una parte muy importante de estos fondos ya han sido dispuestos a favor de un tercero (una comunidad autónoma, una entidad local, una empresa o un particular). Pero el cumplimiento de todos los hitos y objetivos no se alcanza con la libración de fondos. Es dinero en tránsito, como ya apuntaba en otro comentario en este blog. Hay que ejecutar y, generalmente, ejecutar implica contratar a una empresa para que realice una obra, preste un servicio o libre un suministro.

Largo recorrido para el dinero NG y para que el ciudadano pueda sentir la verdadera transformación de su sociedad en otra, más verde, más digital y cohesionada. Y cuando llegue este momento de gloria, ¿asumirá la ciudadanía las reformas estructurales y recortes en gastos públicos que, necesariamente, se va a producir cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Crecimiento y los techos de déficit, que obligan a los países miembros de la Unión Europea a presentar un déficit público inferior al 3% y una deuda no superior al 60% del PIB?  El sobreendeudamiento de Europa va a traer austeridad para el futuro y la sociedad no está preparada.

Parece que la visión del Gobierno es mucho más optimista. En el diario Expansión del 18 de julio, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, manifestaba que ya hemos alcanzado la velocidad de crucero en la ejecución del PRTR. Esta versión oficial del «estado del arte» era ratificada por la ministra Calviño al día siguiente y en el mismo medio. Pero no esta no es una visión generalizada. Al mismo tiempo que la ministra hacía estas declaraciones, el diario Cinco Días publicaba una interesante entrevista a Julián Núñez, presidente de SEOPAN, en la que reclama la necesidad de negociar con Bruselas un mínimo de un año de prórroga para la ejecución de los fondos europeos y destaca los principales escollos con que chocan las inversiones proyectadas. La inflación, las dificultades de abastecimiento y la guerra de Ucrania vaticinan que durante este año vamos a seguir teniendo precios muy superiores a los que había en enero de 2020 y las Administraciones públicas deben adaptarse para intentar que esta coyuntura no suponga una ralentización de los proyectos. «Tenemos un modelo de contratación pública agotado», manifiesta Núñez.

Dos visiones bien distintas sobre una misma cuestión que no hacen sino confirmar el modo «desiderátum» del Plan que la Administración del Estado va ejecutando, en ocasiones, con la simple transferencia de fondos que deben financiar actuaciones sobre las que no ostenta competencia material alguna a la Administración competente y dejando para ésta que los recibe la verdadera responsabilidad de la gestión y cumplimiento de hitos y objetivos y, en ocasiones, el pago del IVA.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Fundación esPublico. Finalidad: permitir la publicación de comentarios a los artículos del blog. Base jurídica: consentimiento que se entenderá otorgado al pulsar el botón "Publicar comentario". Destinatarios: público en general, la información que introduzca en el formulario será visible por todos los visitantes del blog. Ejercicio de derechos: de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de dpd@espublico.com o en la dirección postal del responsable del tratamiento. Más información: Política de privacidad