El Servicio Público es una forma de participación ciudadana que implica asumir responsabilidades y compromisos con el bien común. En un contexto de pluralismo social y político, los servidores públicos deben actuar siempre con ética, transparencia y eficiencia, buscando el interés general por encima del particular y con un énfasis muy especial en la justicia social que promueven las políticas públicas, removiendo obstáculos burocráticos y diseñando servicios públicos universalmente accesibles. El Servicio Público es, por tanto, un grado superior de Ciudadanía en un contexto democrático, ya que requiere de una vocación de servicio y una disposición al diálogo y la colaboración en canales institucionales.
LA CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO
La Ciudadanía democrática es aquella que se da en contextos en los que predominan los principios y valores constitucionales como el pluralismo, el respeto de la dignidad humana o el imperio de la ley. Implica no solo tener derechos sino también deberes y responsabilidades con respecto a uno mismo, a los demás y al entorno. Se expresa a través de las formas de participación política (electorales, pero no solo), social (solidarias o educativas, por ejemplo) y cultural (artísticas, divulgativas, etc.) que las sociedades avanzadas facilitan.
Es en todos estos ámbitos, y muy especialmente a los efectos de este texto, a través de canales institucionales que se sitúa el rol de servicios público, ya sea mediante acciones formales (la Función Pública,) o informales, como muchas de las formas de participación mencionadas antes. Para ilustrar la importancia y el alcance de ser servidor público y ciudadano en un contexto democrático, se pueden aportar algunos datos estadísticos sobre el empleo público y la participación ciudadana en España. Según el Boletín estadístico del Registro Central de Personal de julio de 2022 había 2.731.117 empleados públicos en España, lo que supone un 13,2% del total de ocupados. De ellos, 227.492 pertenecían a la Administración del Estado (excluidas Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración de Justicia), 1.617.142 a las comunidades autónomas (donde se concentra el Estado de Bienestar) y 598.526 a las entidades locales. Como se sabe, el empleo público abarca una gran diversidad de sectores y actividades, desde la educación y la sanidad hasta la seguridad y la justicia.
Por su parte el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrece información acerca de la participación política, social y cultural de la Ciudadanía en España. En las últimas elecciones generales de julio de 2023 votó el 70,4%, y según los datos del CIS, el 10,4% afirmaba haber asistido a una manifestación o reunión política, el 6,2% haber firmado una petición o iniciativa popular y el 1,8% haber participado en una huelga.
En este contexto, podemos señalar algunos de los retos que debe afrontar este tipo de Ciudadanía, muchos de los cuales, si no todos, han sido ya recogidos por la Agenda 2023 de las Naciones Unidas en 2015:
- Participar activamente en los procesos electorales y de rendición de cuentas, ejerciendo el derecho al voto y al control social de las autoridades públicas.
- Defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, denunciando cualquier forma de violencia, discriminación, corrupción o abuso de poder.
- Promover el diálogo, el respeto y la tolerancia entre los diferentes actores sociales, políticos y culturales, evitando la polarización, el fanatismo y el odio.
- Contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, adoptando hábitos de consumo responsable y solidario, y apoyando iniciativas de innovación social y ambiental.
- Fomentar la educación cívica y la cultura democrática, tanto en el ámbito formal como en el informal, fortaleciendo los valores de la Ciudadanía, la participación y la convivencia.
Las democracias actuales enfrentan a graves desafíos que ponen ya a prueba su capacidad de garantizar los derechos y libertades de su Ciudadanía. Algunos son: el aumento de la desigualdad social y económica, la polarización política, la globalización digital y las transformaciones institucionales y de acceso que supone, la corrupción y el clientelismo, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, el cambio climático y la crisis sanitaria, entre otros. Esta situación exige una respuesta desde el Contrato Social, requiere de una participación activa y crítica de la Ciudadanía, así como una renovación del compromiso ético y moral de las instituciones y los líderes políticos. La Comisión Europea ha reconocido las presiones a las que se enfrentan las administraciones, en especial las dificultades para atraer y seleccionar talento y crear la capacidad en asuntos cada vez más complejos[1].
Ser servidor público en este contexto implica, pues, asumir una responsabilidad complicada antes la Ciudadanía, que es la titular del poder público. Implica estar al servicio de los intereses generales y de los valores constitucionales, como la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político.
LOS RETOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
La relación entre democracia y el modelo de Función Pública es una cuestión de gran relevancia. El modelo de Función Pública se refiere al conjunto de normas, principios y valores que rigen la organización, el funcionamiento y la gestión de la prestación de servicios públicos mediante el tradicional conceto del aparato del Estado, esencialmente integrado por el personal a su servicio.
Un modelo de Función Pública democrático debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser representativo de la diversidad social, cultural y política del país, respetando el principio de igualdad de oportunidades y mérito en el acceso al empleo público.
- Ser profesional, eficiente y transparente en el desempeño de sus funciones, orientado a la satisfacción de las necesidades e intereses de la Ciudadanía y al cumplimiento de los objetivos del Estado y del Contrato Social.
- Ser responsable, ético y comprometido con los valores democráticos, sometido al control y la rendición de cuentas ante la sociedad y las instituciones.
- Ser participativo, fomentando la colaboración, la innovación y el aprendizaje continuo entre los empleados públicos y con otros actores sociales.
Con todo ello contribuye al fortalecimiento de la democracia, al mejorar la calidad y la legitimidad de las políticas públicas y al generar confianza y credibilidad en las instituciones. Una democracia consolidada exige un modelo de Función Pública que responda a las demandas y expectativas de la Ciudadanía, que se adapte a los cambios sociales y que promueva unos servicios públicos adecuados. Que, en suma, contribuya a responder la duda de “qué futuro tiene la democracia” que nos plantea Innerarity[2].
Pertenecer a la Función Pública exige cumplir con los principios éticos que garantizan la objetividad, la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia y la ejemplaridad de su actuación. Es una vocación que requiere de una alta responsabilidad y un profundo sentido ético. La integridad y el compromiso con los valores superiores de la Constitución son fundamentales para garantizar la confianza de la Ciudadanía y el buen funcionamiento de las instituciones.
EL CONCEPTO DE VALOR AÑADIDO DE MAZZUCATO
Como decimos, ante todo, el Servicio Público debe verse como una aportación post weberiana, incluso, y vinculada al concepto de creación de valor a la sociedad, de “valor Público”. Para la profesora Mariana Mazzucato se trata de utilizar los recursos públicos para fomentar el bienestar general y promover un crecimiento sostenible y beneficioso. Propone recuperar el papel del Estado como actor emprendedor que invierte en áreas estratégicas como la educación, la sanidad, la energía o el medio ambiente. Para ello hacen falta administraciones verdaderamente capaces, que “remen y no solo gobiernen” el barco, palabras de Mazzucato y Collington[3], por lo que una política de RR.HH. posee buena parte de las claves.
Se puede leer la obra de Mazzucato no solo términos económicos, sino de creación de valor social y de acceso a una Ciudadanía que debe afrontar la falta de cohesión social que acarrea el populismo. Con este concepto en mente, la Función Pública crea valor social que nos permite afirmar que los servicios públicos son “lo único que tienen aquellos que no tienen nada”, frase atribuida a Ortega y Gasset, que sugiere que las personas que carecen de recursos materiales o poder a menudo encuentran refugio en lo público, como la educación, la sanidad o los espacios comunes, ya que es lo único a lo que pueden acceder en igualdad de condiciones. Es ahí, precisamente, donde la Función Pública se manifiesta plenamente como un grado superior de Ciudadanía y para la Ciudadanía.
EL PAPEL DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
En este contexto, la selección del empleo público se convierte en un aspecto clave para responder a las demandas del contrato social actual y del futuro. Debe garantizar que los empleados públicos cuenten con el perfil adecuado para desempeñar sus funciones, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia. De ese modo, contribuirán a mejorar la calidad, la eficiencia y la legitimidad de la Administración pública y, por ende, a la aplicación del contrato social. Cabe subrayar la especial importancia de la selección de aquellos que vayan a desempeñar funciones de dirección y liderazgo públicos.
En las reuniones de las redes de escuelas de administración (de la OCDE, UE, Latinoamérica) se constata la variedad de experiencias de utilización de métodos de evaluación por competencias, pruebas objetivas y entrevistas estructuradas para seleccionar a las personas más idóneas en competencias profesionales actuales como las digitales y blandas de los aspirantes. Según un punto de vista pluralista, la política de selección debe considerar las necesidades y expectativas de la sociedad, incorporando criterios de diversidad, inclusión, innovación y sostenibilidad. En este ámbito hay sistemas de Función Pública que aplican medidas de acción positiva, fomentan la movilidad y en la formación continua hacen énfasis en los principios y valores de la Administración. Para ello, una de las claves consiste en que el reclutamiento debe asegurar la vocación de servicio público, junto con el talento.
Así, en el caso español el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, de oferta de empleo público para 2023 enfatizaba en su preámbulo la necesidad de tener empleados públicos profesionalizados para satisfacer las necesidades de la población, impulsar la economía y promover la cohesión territorial y social. Además, destaca el papel crucial de estos empleados en la transformación e innovación de la Administración y en la transformación de diversos sectores del tejido productivo.
En consecuencia, algunos de los desafíos de la selección de la nueva Función Pública para atender estas demandas podrían sintetizarse así:
- Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública, para fortalecer la confianza y la legitimidad de las instituciones.
- Mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios públicos, para responder a las necesidades y expectativas de la Ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.
- Promover la innovación, la digitalización y la transformación de los procesos y las estructuras públicas, para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos para servicios públicos accesibles.
- Fomentar el desarrollo profesional, la capacitación y la motivación de los servidores públicos, para garantizar su compromiso, su ética y su desempeño.
- Impulsar la coordinación, la colaboración y la integración de los diferentes niveles y actores de la Administración pública, para aprovechar los recursos, las capacidades y las sinergias existentes.
La formación de los empleados públicos puede contribuir a los retos de la Función Pública para atender las demandas mencionadas de varias formas. Por ejemplo, la formación puede:
- mejorar las competencias, los conocimientos y las habilidades de los servidores públicos, lo que se traduce en una mayor eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos.
- facilitar la adaptación e incluso la anticipación de los empleados públicos a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, lo que implica una mayor capacidad de innovación, digitalización y transformación de la Administración pública.
- fomentar la ética, el compromiso y la motivación de los servidores públicos, lo que refuerza la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública.
- promover la coordinación, la colaboración y la integración de los diferentes niveles y actores de la Administración pública, lo que permite aprovechar los recursos, las capacidades y las sinergias existentes.
- Desarrollar la dirección pública. Según la OCDE[4], los líderes de las organizaciones públicas deben demostrar integridad, trabajar en pos del interés público y abordar los temas sociales. Además, deben enfocarse en cooperación, practicando el liderazgo compartido y buscando activamente la colaboración y comprensión de diversas perspectivas. La respuesta a este reto es la Escuela de Alta Dirección Pública del Estado del INAP en 2024[5].
La formación continua y la actualización constante son esenciales para ser un servidor público eficaz. El INAP tiene la responsabilidad de seleccionar y formar a los empleados públicos, además de fomentar la innovación y la calidad en la gestión pública. El INAP desempeña un papel institucional clave al promover una Función Pública que esté a la altura de las demandas sociales, proporcionando servicios públicos de calidad. La Estrategia de Aprendizaje del INAP 2023-2024, que se centra en el desarrollo de competencias en los servidores públicos, está llamada a ser crucial en el fortalecimiento de la Ciudadanía democrática de manera, cuando menos, indirecta.
CONCLUSIONES
Ser servidor público se considera un grado superior de Ciudadanía democrática debido a la responsabilidad y el compromiso adicionales que implica, emanados del Contrato Social. A diferencia de un ciudadano común, un servidor público asume la tarea de servir a la sociedad en el contexto de los valores superiores de la Constitución: igualdad, libertad, justicia y pluralismo político. Esto significa que no solo ejerce sus derechos y deberes como cualquier otro ciudadano, sino que también está al servicio del bienestar general de la comunidad, priorizando el interés público sobre el particular.
En resumen, ser servidor público implica un nivel superior de compromiso con la democracia y la sociedad, ya que se espera que velen por el bienestar común y actúen como ejemplos de integridad y ética en el servicio público.
[1]Enhancing the European Administrative Space (ComPAct) eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:667:FIN
[2] “El futuro de la democracia”. Daniel Innerarity. El País https://elpais.com/opinion/2023-11-03/el-futuro-de-la-democracia.html
[3] Mariana Mazzucato y Rosie Collington, “The Big Con: How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies”. Allen Lane 2023.
[4] OECD (2017), Skills for a High Performing Civil Service, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264280724-en.
[5] https://www.inap.es/en/estrategias-de-aprendizaje
