¿Elegía u oda por el sector público? Debates que agotan…

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No puedo dejar de pensar, a la vista de lo que está ocurriendo en este país nuestro en los últimos años, que el sector público quizá esté condenado. Unos parecen incapaces de defenderlo como instrumento al servicio de la sociedad, compensatorio de las fuerzas del mercado. Otros, en cambio, no dudan en reducirlo a su mínima expresión, llevando hasta sus últimas consecuencias la completa privatización de nuestras grandes empresas públicas (que otros Estados de la Unión, como Francia o Italia, por ejemplo, no hicieron), invocando las bondades de mercado y sector privado, y estrangular lo que queda con normativa incongruente, que lo convierte en poco menos que estructura subsidiaria para los casos en que no haya interés o expectativa de beneficio privados. Todos, por lo demás, enfrascados en sus cuitas y debates, permanecen ajenos, por ignorancia o voluntad, según los casos, a los daños que esta situación genera, a la ineficiencia de desaprovechar un capital humano ingente, que ha prestado servicio durante años al común, a la paralización de servicios y políticas que la administración general, por sí misma, ha sido incapaz de sostener por sí misma sin recurrir a entes instrumentales.

En este país nuestro hemos pasado de exigir que las entidades instrumentales sean medios propios, a exigir que tengan medios propios, hemos pasado de la obligación de proteger la competencia cuando haya contratación, a la pretendida obligación de contratar para proteger la competencia. Esto, no me cansaré nunca de repetirlo, no lo exige Europa, como no exigió la completa privatización de las grandes empresas públicas gestoras de servicios públicos monopolizados que, como ocurre en Francia, como ocurre en Italia, continúan operando como gestoras de servicios de interés general, operadores dominantes incluso. Nos sigue costando mucho observar con atención lo que pasa fuera de nuestras fronteras. El egocentrismo de las instituciones centrales del Estado, que continúa ejerciendo con firmeza su control, normas básicas y financiación mediante, sobre la gente de provincias, esos lugares a los que se va en radiales AVE o autovías a pasar los fines de semana, no cede.

Hoy, en mi opinión, afrontar el debate de qué hacer con el sector público institucional es más necesario que nunca. Es momento, en mi opinión, de revisar críticamente la normativa básica aprobada entre 2012 y 2017 en diversos ámbitos que, sobre legítimas bases ideológicas, estrangula al sector público institucional, postergando las formas de gestión con mayor control y protagonismo público, que son hoy prácticamente subsidiarias de las indirectas, cuando de la total o parcial liberalización del sector de que se trate. Valorar las formas de gestión de servicios públicos o de interés general en función de criterios de pura eficiencia económica, más que discutibles (al respecto resulta reveladora de la situación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de septiembre de 2021, ECLI:ES:TSJCAT:2021:9171), obvia intangibles presentes en cualquier decisión organizativa o de gestión en el ámbito público, como la garantía de servicio, por ejemplo, tal cual hemos podido comprobar durante la crisis económica posterior a la burbuja o, especialmente, durante la pandemia, donde ha sido el sistema público sanitario el que permitió afrontar la crisis.

La regulación de los medios propios debiera también reconsiderarse. Es absurda y, por serlo, está generando situaciones absurdas. Se está cuestionando, en base a una normativa que va mucho más allá de la normativa europea, que entidades específicamente creadas como instrumentales, de naturaleza pública o privada, bajo control de administraciones territoriales, puedan actuar como medios propios. Ciertamente, el encargo de ejecución es una técnica excepcional, pero no por las razones que quienes promueven la jibarización del sector público institucional afirman. Lo es porque es una técnica subsidiaria de la organizativa, que permite a una administración dotarse de una organización específica gestora de un ámbito concreto de actividad, de gestionar directamente mediante una entidad instrumental, pública o privada. Resulta, sin embargo, que la normativa de 2012 a 2017, específicamente la de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la de régimen jurídico del sector público. también restringió el margen de decisión para organizar la gestión directa mediante entidades instrumentales, especialmente mediante sociedad mercantil, al igual que impuso restricciones a la posibilidad de recuperar la gestión directa de actividades gestionadas indirectamente. En definitiva, ni dejamos al sector público organizar la gestión de sus propios servicios, ni dejamos a una entidad del sector público que ha creado otra, que controla, que le encargue tareas específicas.

Eso sí, cuando una entidad instrumental gestiona directamente por cuenta de otra entidad que la creó para tal finalidad, quienes participaron en la concepción de esta estrategia imponen criterios, como el ideado en contra de la literalidad de la normativa europea y estatal, para computar el porcentaje de actividad requerido para que una entidad pueda ser medio propio de otra. Dónde la directiva europea dice «que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador», eludiendo la referencia directa a que se hubiesen llevado a cabo en ejecución de contratos adjudicados por esta, abogacía del Estado e intervención general consideran que sólo deben computarse los encargos, excluyendo la actividad propia de la entidad aunque se trate de gestión directa confiada por el poder adjudicador que la controla. El programa de acción contra el sector público institucional trasciende legislaturas y gobiernos, igual que ocurre con los permanentes obstáculos a una reforma efectiva de “su” administración. No es sólo la política, como algunos pretenden. Es un ideario presente en el alto funcionariado madrileño de ciertos ministerios, ese alto funcionariado que coopta puestos directivos de los ministerios y ciertas autoridades “independientes”, sea cual sea la mayoría política de turno. Hoy por ti, mañana por mí.

Todo lleva a un callejón sin salida al sector público institucional, todo. No puede ser casual. Pero esta estrategia de estrangulación del sector público institucional no parece sostenible ni defendible. Si se quieren suprimir entidades del sector público institucional hágase si se cuenta con las mayorías y posiciones de poder suficiente para ello. Imponer normativas absurdas, incongruentes e imposibles de cumplir para provocar ineficiencias y que todo, o todo lo rentable, más bien, caiga en manos privadas, no parece una estrategia defendible. Semejante estrategia normativa contra el sector público institucional constituye, además, una gran torpeza si se aspira a garantizar, para lograr los objetivos planteados con los fondos europeos Next Generation en los plazos fijados por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las entidades del sector público institucional que vienen actuando históricamente en ámbitos clave de la acción sobre la ciudad, la vivienda y determinados servicios públicos puedan continuar y potenciar su labor, sea como gestoras directas de ámbitos concretos de la acción pública, bajo control de su administración matriz, sea por la vía excepcional de los encargos de ejecución, sin absurdas trabas o exigencias no impuestas en absoluto por la normativa europea y que derivan de la normativa mencionada en el punto anterior.

No son únicamente los expuestos hasta ahora los problemas que afrontamos. Superado el periodo de gestión de los fondos europeos de recuperación, sin las entidades del sector público institucional que vienen actuando históricamente en las políticas de suelo y vivienda no se alcanzarán los objetivos de impulso y gestión de los parques públicos de vivienda previstos en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, en general, ni los objetivos de promoción de vivienda social en alquiler, en particular. Si estas entidades no pueden continuar actuando, por cualquiera de las dos vías enunciada, gestión directa o encargos, sin los actuales problemas de gestión, probablemente fracasaremos. Su potencial, como gestoras de servicios de interés general y como operadores económicos, es inmenso. Europa no es ajena a esta realidad, en la Unión hay entidades gestoras de servicios de interés general que actúan, además, en mercado en régimen de competencia, algo que, por lo demás, ha admitido el Tribunal de Justicia de la Unión sobre la cual ahora, por cierto, habrá de pronunciarse el Tribunal Supremo español al considerar de interés casacional, en virtud del auto de 24 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2692A), «si la participación en la licitación de un contrato por quien percibe dotaciones presupuestarias que suponen más del 80% de sus recursos, coloca al licitador en una situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública, en comparación con la de otros operadores económicos privados». Se llama contabilidad separada, señores del Tribunal Supremo, por si sirve de pista. El Tribunal de la Unión ya ha hablado de ello.

4 Comentarios

  1. Lo comparto. El agotamiento en la lucha por el sector público, y la reflexión.
    ¿Rentabilidad económica? Para esto no están las administraciones públicas. Estamos para prestar servicios, y no sólo donde el sector privado no tiene interés; hemos retornado a una vieja idea de administración, previa a 1940, y encima con unas herramientas de control mental que convencen a los ciudadanos de las bondades del «todo mercado».
    Un saludo.

  2. Excelente!!! un camino similar al seguido por Argentina, donde los resultados hoy se ven a simple vista. A pelearla, todavía pueden y deben. Ojalá lo logren. España es mi segunda casa y la quiero gracias a mis padres inmigrantes que nunca dejaron de trasmitirme ese amor por la esa bella república.
    Un saludo

  3. Excelente artículo que comparto ya que la existencia del sector público institucional es promordia. La eliminación por intereses agenos al interés general y para desarrollarlo via actividad privada es un error monumental que lo pagarán generaciones venideras.

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