Sabiendo de la seriedad y el interés de las consultas que se elevan a esPublico y del rigor jurídico de las respuestas, no me resisto, por lo antitético, a relatar algunas prácticas que comienzan a extenderse por nuestra geografía.
Esta misma semana, unas personas próximas, propietarias de un pequeño negocio, me pedían consejo ante un hecho nada infrecuente pero absolutamente desagradable: un empleado desleal que no contabilizaba adecuadamente la dispensación de los productos a la venta y que, para más INRI, había sido sorprendido en un hurto flagrante de mercaderías. Ante mis limitados conocimientos sobre el despido disciplinario y sus fronteras penales, les facilité los datos de dos buenos especialistas pero, por curiosidad propia y por ver si podía apaciguar la inquietud de los perjudicados, abrí repertorios legales, entré en bases de datos de jurisprudencia y ¡ay! en buscadores de Internet.
Al acceder a la red comprendí el grado de grandeza y de miseria que se esconde tras las facilidades de las nuevas tecnologías y me di cuenta de la ingenuidad que aún almaceno: en distintos foros, blogs y páginas web con presencia evidente de profesionales, había docenas de consultas exactamente iguales que la que a mí me habían hecho. Pero aquí está lo sorprendente para mí: ninguna venía formulada por los traicionados en su confianza y patrimonio. Todas provenían de los presuntos cacos. Que, en más de un caso, reconocían su aprecio por lo ajeno pero buscaban subterfugios legales o coartadas para evitar irse a la calle o lograr, aunque fuera por extenuación, alguna suerte de indemnización.
Y si me resultó chocante tal constatación, aún me pareció más inmoral el rosario de consejos que los leguleyos de aquellos sitios ofrecían. Eran contestaciones de profesionales; no de aficionados. Pero la invitación al retorcimiento, a la falsedad y al fraude de ley eran el denominador común. Uno comprende que, constitucionalmente, todos tenemos derecho a la defensa, por grave que haya sido nuestra conducta. Y, económicamente, también es entendible que, en tiempos de crisis y de exceso de competencia en el sector, cualquier profesional se busque la clientela en mercados poco saturados. Pero lo sorprendente es que la mayoría de los “dictámenes” que leí eran gratuitos; dados por amor al arte. O a las malas artes. Y con el anonimato, tan propio de estos lugares, cualquiera le dice a un Colegio profesional que vele por la deontología.
Este hecho me recordó otras cosas. Hace años, un ex alcalde muy conocido me reconocía la cantidad de adeptos que había logrado repartiendo tarjetas en funerales y tanatorios. Aquí no se vendían servicios profesionales sino proximidad, afecto, solidaridad ante el dolor. Y a la vista de sus resultados electorales, esas y otras praxis sí que tenían éxito. Me pareció demagógico y de mal gusto. Pero eso no es nada al lado de otra deriva aún más lamentable: la de quienes, según parece, ofrecen su bufete a la puerta de las Urgencias hospitalarias, inquiriendo a los lesionados o a sus familiares si ha sido cosa laboral, incluido el célebre “in itinere”; si algún elemento urbano estaba en mal estado o si, en fin, el tratamiento médico o quirúrgico previo había sido un desastre.
No sé la suerte lo que les deparará a estos audaces profesionales. Lo que sí sé, porque me consta, es que, igual que el regidor al que aludía, alguno ya ha llegado hasta los velatorios ofreciendo su pericia de la siguiente guisa: “Les acompaño en el sentimiento. Su familiar quizá se haya muerto en un accidente laboral. ¿De un infarto fulminante y en casa? Bueno, pero quién les asegura que no se debió a que sufría mobbing en el trabajo. Eso habría que estudiarlo. Les dejo mis datos, lo piensan y me llaman”.
¿Una caricatura? No. Sin duda hechos aislados dentro de un colectivo digno del mayor respeto, pero absolutamente reales. Y, por desgracia, los comportamientos osados, si surten algún efecto, siempre tienden a expandirse. Y más en un país con amplia tradición en la picaresca.
