Esqueletos de hormigón

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Esqueletos de hormigónA comienzos de mayo, cuando ya era palmaria la recesión, desaceleración o como eufemísticamente se quiera llamar a la crisis económica, supimos de la suspensión de pagos de un holding inmobiliario vasco. Un proceso concursal que afecta a tres de las cuatro sociedades principales del grupo, dedicadas a la construcción, gestión de estacionamientos y promoción inmobiliaria, salvándose, de momento, la que gestiona servicios públicos y que da empleo a casi la mitad de los 900 trabajadores de la compañía. La deuda reconocida por la firma mercantil, como muchos recordarán, rebasaría los 400 millones de euros, mayoritariamente contraídos con entidades financieras (250 en créditos y 70 en avales).

En los últimos días viene siendo titular destacado en todos los medios otro proceso concursal seguido ante un juzgado coruñés, de una empresa promotora, con liderazgo y expansión en el sector, cuya actividad había ya rebasado la Península Ibérica y sus vecinos francés y marroquí, para instalarse en mercados prósperos como el irlandés o el alemán y otros emergentes del viejo continente (Rumanía, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia), donde, además, nuestros inmigrantes pueden invertir los euros aquí ganados, así como en algunos países hispanoamericanos (México o República Dominicana). Asusta saber que este gigante que parece desplomarse, contaba con una cartera de suelo de más de 27 millones de metros cuadrados “potencialmente edificables”, según la propia entidad que, en su web, no indica si la potencialidad viene condicionada, en ocasiones, a eventuales recalificaciones. En todo caso, hablamos de un complejo societario con un centenar de millones de acciones desembolsadas, lo que dice bien a las claras hasta dónde llegó la ilusión de la “burbuja” y la onda expansiva que puede tener su estallido.

Se me escapan, por mis escasos conocimientos técnicos sobre ese mercado, muchas claves predictivas, pero, casi intuitivamente, me uno a la legión de los expertos y profanos que, en las últimas semanas, vienen afirmando que, la que está cayendo, se veía venir. Admitamos que sea así, porque la población, con repunte de la natalidad y regularización de extranjeros, no da para tanto ladrillo; ni la bonanza económica para tanta inversión en terceras y cuartas residencias; ni las vacas gordas para tantas urbanizaciones fantasma, a veces levantadas en lugares inhóspitos. Todo ello cuando la carestía de los pisos impedía el acceso a la vivienda a millones de ciudadanos y, a la par, una cuarta parte del parque inmobiliario estaba deshabitado por muy diversas circunstancias (especulación en sentido estricto; oferta inalcanzable por la demanda; temor al uso arrendaticio, etc.). Repito: admitamos que estaba cantado lo que ahora, de forma tan aparatosa y lamentable, se manifiesta como una tragedia en la que, como siempre, aparecen miles de víctimas modestas que, de momento, se quedan sin el dinero desembolsado y sin las paredes, sólo vistas en ortogonal de plano. A partir de esa premisa la pregunta es obvia: ¿actuaron correctamente los poderes públicos? Y no me refiero ya a la regulación de los grandes mercados, sino al modesto ejercicio de la potestad de planeamiento por parte de los municipios y de sus supervisores autonómicos. Las tasas por licencias son muy golosas, pero ya sabemos, excesos penales a un lado, que el urbanismo no debe ser el gran financiador local. Y cosas similares podrían decirse con respecto a las atribuciones sobre ordenación del territorio y el litoral, tan maltrecho, que competen a las Comunidades Autónomas.

Acabo de leer en la prensa de una región con estancamiento de población, que la crisis inmobiliaria ha supuesto ya un cataclismo en la recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, el más vinculado al mercado inmobiliario. En la Comunidad a la que aludo, este tributo que grava las compraventas de pisos usados y la constitución de préstamos hipotecarios ha sufrido en un año una caída equivalente al 30 por ciento. Y los ayuntamientos más pujantes de la misma, en el mismo período, han ingresado un 40% menos en concepto de licencias municipales.

Mal está que los particulares, como la cigarra de la fábula de La Fontaine, se dediquen a disfrutar del tiempo venturoso sin prevenir ni proveer para los malos momentos que han de llegar. Pero peor es que las entidades garantes de los intereses generales fomenten, sin control, actividades arriesgadas de las que obtienen beneficios a corto plazo pero que generan auténticos dramas sociales a no tardar.

Mientras tanto, los paisajes de los tradicionales suelos urbanizables, nos inquietan con sus viales solitarios y sus construcciones paralizadas, a veces como esqueletos de hormigón que, en verdad, no invitan a mirar con esperanza.

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Leopoldo Tolivar Alas es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y, antes, en las de Murcia y León. Autor de numerosos estudios jurídicos, es Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos.

5 Comentarios

  1. Certero comentario sobre un tema de máxima actualidad en todos sus aspectos, a mi juicio bien fundado en el análisis y exprimido en las conclusiones.

    Todos podemos ver -desde la impotencia del ciudadano, víctima y sufridor de todos los desaguisados y desmanes que los aprovechados saben explotar en beneficio propio- cómo se nos vienen encima las indeseables consecuencias de desaciertos previsibles, y como destaca a renglón seguido la fuerza de aquello de que… «el que es causa de la causa es causa del mal causado».

    Si

  2. Sabio comentario, muy bien documentado y con un diagnóstico que comparto al 100%. Es una vergüenza lo que está pasando con eso que llaman el ladrillo y el cemento y los currantes a j… sin nadie que los proteja. Al revés, aún darán ayudas a los grandes tiburones que nos dejan con una mano delante y otra detrás. Enhorabuena por comentaristas de tanta calidad y valentía.

  3. Comparto totalmente lo que aquí se comenta. El derecho constitucional a una vivienda digna (atención a esta apostilla «DIGNA») no se ha procurado por los poderes públicos.

    Tal es el desaguisado y la cesión a los intereses privados, que en mi Comunidad Autónoma, las Illes Balears, no existe ni una miserable Ley del Suelo, y nos hemos de regir por el arcaico Real Decreto de 1976.

    Y ya no digo nada del derecho a la vivienda. Las pocas promociones de protección oficial se dedican a los pueblos del interior, mientras la costa se deja para los chalés de los adinerados que, seguramente, se están llenando los bolsillos con el ladrillo.

    No recuerdo quién dijo esto, pero lo suscribo totalmente: «La democracia es el paso previo a la oligarquía».

  4. También hace más calor para todos porque cada uno de nosotros encendemos el aparato que enfría el aire de nuestra casa a costa de expulsar aire caliente (más) al exterior (de todos) .

    Creo que deberíamos reflexionar individualmente, ver si cada uno, con nuestra actitud, estamos aportando más leña al fuego y contribuyendo a crear una falla enorme. En todos los órdenes criticamos mogollón el «sistema» (cuando nos perjudica) mas nos valemos de él a la mínima oportunidad que nos brinda.

    Nos declaramos progresistas, pero nos empadronamos (todo el año) en la vivienda de verano para deducirla fiscalmente en la renta; aunque la tengamos alquilada medio verano y tampoco la declaremos

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