La Ley de la Dependencia, dependiente de los fondos

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La Ley de la Dependencia, dependiente de los fondosLa ley de Dependencia se aprobó por práctica unanimidad en el Congreso de los Diputados en unos momentos de fuerte crispación. Fue un alivio descubrir a sus señorías votando al unísono una norma que nos pareció justa y necesaria y que ayudaría a cientos de miles de familias a sobrellevar situaciones agotadoras en lo físico y lo económico. La ilusión fue compartida y el discurso eufórico. Además del apoyo a los dependientes, la nueva ley se convertiría en un importante motor de empleo.

Los primeros problemas aparecieron con el debate presupuestario. ¿Cuánto ponían los Comunidades Autónomas y cuánto le correspondía al Gobierno? Por hacer breve la historia, al final el Estado pagaría unas prestaciones mínimas por dependiente. El presupuesto destinado a este efecto asciende en 2008 a 871 millones de euros. Esta partida sería complementada con presupuestos autonómicos, que a su vez tendrían que pactar con los municipios de sus correspondientes territorios. Además de esos «mínimos», el gobierno de España reparte una cuantía de 200 millones de euros para infraestructuras de apoyo a los programas de dependencia. Este es el escenario que se encontraron la semana pasada los responsables de la materia. Y, como no podía ser de otra forma, pusieron el grito en el cielo en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia. No hay dinero para alcanzar los objetivos de la ley. Las solicitudes presentadas —casi quinientas mil— han excedido ampliamente las previsiones iniciales. Moraleja, que van a existir serias limitaciones financieras para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, por más que la ministra Cabrera garantice las inversiones para los próximos años de la legislatura. El control del gasto público anunciado dificultará los incrementos necesarios.

¿Qué hacer entonces? ¿Caer en la melancolía? ¿Llorar por lo que pudo haber sido y no fue? No podemos permitírnoslo. La ayuda a la dependencia es demasiado importante para que languidezca en el olvido. Además de los compromisos políticos y financieros de las administraciones competentes, serán precisas fórmulas imaginativas para el sostenimiento del sistema. Hay que desarrollar fórmulas de previsión para la dependencia y asociarlos flexiblemente a los planes de jubilaciones, debemos encontrar fórmulas de copago y de colaboración público-privada, podemos optimizar patrimonio y servicios autonómicos y municipales. Porque los Ayuntamientos —como siempre— tendrán mucho que decir en la gestión de la dependencia, aunque no sean convocados a esas reuniones de alto nivel que siempre concluyen con las pataletas por el poco dinero. Y de ideas, ¿cómo andamos?.

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Manuel Pimentel Siles es Licenciado en Derecho y Diplomado en Alta Dirección de Empresas además de ingeniero agrónomo. Fue Diputado en el Parlamento Andaluz, Secretario de Estado y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

2 Comentarios

  1. Enhorabuena sr. Pimentel. Como siempre poniendo el dedo en la llaga, hablando de temas importantes, que a lo mejor no venden mucho, pero que es necesario mantenerlos vivos. Hace un ruido justificado, para recordarnos que no debemos ignorar/olvidar la necesidad de ayuda que tienen muchas personas para tener una vida cotidiana normal y digna. Como dice la ley:

  2. …»Hay que desarrollar fórmulas de previsión para la dependencia y asociarlos flexiblemente a los planes de jubilaciones, debemos encontrar fórmulas de copago y de colaboración público-privada, podemos optimizar patrimonio y servicios autonómicos y municipales»…

    Ahora lo que toca, efectivamente, es buscar soluciones, y usted propone algunas, con lo que los técnicos y políticos que están trabajando en ello tendrán muchas más (¿?).
    A mí, humildemente, se me ocurre que cualquier solución que se busque tendría que ponerse en relación con otro gran problema del mercado de trabajo: la desregularización del trabajo de las EMPLEADAS DE HOGAR.

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