Suele afirmarse con frecuencia que nos encontramos en una encrucijada crítica, y en esta ocasión la afirmación resulta plenamente certera. Las dinámicas políticas presentes y futuras generan una evidente inquietud, cuya causa radica habitualmente en una dinámica económica inestable y socialmente insatisfactoria. Si focalizamos la atención en el ámbito de la gestión pública, el principal problema reside en la consolidación de una intuición social, cada vez más respaldada por la evidencia empírica, de que el modelo de Estado del bienestar se encuentra sumido en una profunda crisis.
Los tres grandes pilares de nuestro sistema de bienestar sufren un desgaste considerable: una sanidad pública saturada, una educación fatigada y crecientemente privatizada en los ámbitos de la formación profesional y la educación superior, y unos servicios sociales que, si bien mantienen cierta solidez para los colectivos más desfavorecidos, resultan inexistentes para amplios sectores sociales expuestos a una creciente vulnerabilidad.
Cunde la sensación de que la gestión pública ha alcanzado sus límites operativos y de que, con su deterioro, terminará arrastrando al sistema tradicional de bienestar. Una sociedad inmersa en el malestar tiende a crisparse, lo que erosiona progresivamente el consenso y el apoyo a las instituciones democráticas, derivando en un clima de resignación y desafección. La situación resulta compleja: los recursos públicos no pueden incrementarse debido al agotamiento de la presión fiscal, mientras que las necesidades sociales aumentan de forma continuada a causa del crecimiento poblacional y, muy especialmente, de su envejecimiento. A escala macroeconómica, la Europa continental afronta serias dificultades para sufragar el gasto público requerido, dado que asume el 50% del gasto social mundial mientras que solo aporta el 25% del producto interior bruto global. Esta brecha demuestra que el problema de fondo no es estrictamente de ingresos, sino de insostenibilidad matemática si no se logra elevar la productividad de manera sustancial.
Aparentemente no existe salida para este dilema. Sin embargo, sí la hay si se dispone de visión estratégica a largo plazo y de la determinación necesaria para adoptar un conjunto de medidas sustantivas. La solución debe articularse sobre dos grandes estrategias estrechamente interrelacionadas: incrementar la productividad mediante la tecnología y adaptar el modelo de gestión de personas de las administraciones públicas a un entorno más contingente y exigente.
En primer lugar, resulta imprescindible fortalecer tecnológicamente a la Administración pública. Históricamente ha existido una correlación directa entre el uso de la tecnología y el incremento de la productividad. Con la irrupción de la inteligencia artificial, este incremento puede ser exponencial, tal como señala la literatura especializada para las organizaciones que logren integrarla eficazmente. Este escenario es plenamente aplicable a las administraciones públicas en sus dos grandes vectores de actividad: la gestión burocrática, mediante la automatización de trámites repetitivos para liberar capacidad operativa, y la gestión gerencial y asistencial, donde la IA actúa como un copiloto experto que optimiza la toma de decisiones en sectores críticos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, permitiendo intensificar la atención humana directa. No obstante, no se trata de una solución milagrosa ni inmediata. Requiere definir una estrategia compleja orientada a perfeccionar el modelo de digitalización y a consolidar un marco sólido de gobernanza de datos que permita articular eficazmente el uso de algoritmos y robótica. Países avanzados en esta materia, como Estonia o Dinamarca, señalan el camino a seguir.
Ahora bien, la renovación tecnológica de la gestión pública resultará insuficiente si no se transforma en profundidad el modelo clásico de gestión del empleo público. El factor esencial de cualquier organización reside en sus profesionales. En el futuro próximo, esta realidad no solo se mantendrá, sino que adquirirá un carácter aún más determinante: se precisará un elevado grado de talento y compromiso público para generar valor público en este nuevo entorno. El modelo actual de función pública evidencia un desgaste estructural que alcanza niveles insostenibles. Nos encontramos ante una paradoja: los empleados públicos son buenos profesionales y se esfuerzan activamente, pero no logran responder a las expectativas del sistema. El problema no reside en los empleados públicos, sino en el marco regulador e institucional de la función pública. Este desacople genera desgaste y desmotivación, alimentando una dinámica crecientemente negativa.
Por todo ello, resulta imprescindible transformar de manera radical el sistema de gestión de personal. Esto exige implantar sistemas de acceso más ágiles, reformar los incentivos con retribuciones variables y consolidar una auténtica carrera horizontal que valore el desempeño técnico y profesional sin forzar el salto a la estructura jerárquica. Asimismo, es preciso flexibilizar los esquemas tradicionales de estabilidad laboral absoluta, dotando a las administraciones públicas de un margen técnico de contratación temporal vinculado a proyectos de alta especialización que nacen y concluyen con rapidez, combinado con externalizaciones diseñadas con rigor técnico y justificación objetiva. Algunas de estas medidas colisionarán con inercias corporativas y sindicales basadas en consensos que han quedado desfasados. Por tanto, se necesitará determinación política y la búsqueda de respaldo social: en última instancia, corresponden a la ciudadanía, a través de sus representantes legítimos, las decisiones sobre el futuro del sistema, y no, como ha sido habitual, a los actores internos de la organización.
Si no se abordan estas dos líneas de trabajo de forma rápida e inevitable, los servicios públicos continuarán deteriorándose y el proceso de privatización se acelerará. En este escenario, el Estado del bienestar quedará reducido a una mera declaración formal y, sin él, el respaldo a la democracia se erosionará de forma irremediable, dejando el terreno expedito a dinámicas de demagogia y descontento social.
