El anonimato en las pruebas selectivas para el acceso al empleo público es una garantía consustancial a los principios inspiradores de nuestra función pública con anclaje constitucional en los arts. 23.2 y 103.3 CE, así como a nivel de legislación básica, en el art. 55 TREBEP, cuando viene a proclamar que:
«1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección».
Siendo que, inclusive a nivel de normativa local es objeto de expresa proclamación, tal como se constata en el todavía vigente RD 896/1991, de 7 de junio, en cuyo art. 4, apartado c) expresamente se dice que:
«Las pruebas de aptitud o de conocimientos a superar, con determinación de su número y naturaleza. En todo caso, uno de los ejercicios obligatorios deberá tener carácter práctico.
Las de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio y en la realización de los ejercicios escritos deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes».
Por tanto, a priori, como se desprende de este último precepto reglamentario, podría ser factible que las pruebas no escritas por sus propias características no sean susceptibles de anonimato, como serían las de exposición oral de frecuente utilización en el acceso a cuerpos o escalas superiores de la Administración Local.
Asimismo, en interpretación de dichos principios, y su traslación a la garantía de anonimato en el desarrollo de pruebas selectivas para acceder al empleo público, se ha pronunciado con cierta reiteración la doctrina jurisprudencial de la Sala 3ª del TS, pudiendo ser objeto de cita, a modo de ejemplo, la STS, Sala de lo contencioso-administrativo de 19 de enero de 2009, Rec. 8098/2004, en la que con toda claridad se viene a expresar que:
«La garantía de la igualdad en el acceso a la función pública y de la imparcialidad y objetividad en la actuación de la Administración en los procesos selectivos se asegura (…) evitando que los ejercicios contengan la identidad de los aspirantes».
Y en similar sentido se pronuncia la STS, Sala de lo contencioso-administrativo de 8 de julio de 2015, Rec. 1460/2014, de la que merecen destacarse los siguientes pasajes:
«(…) no puede ignorarse que, tratándose de una prueba en cuya calificación el Tribunal Calificador goza de un espacio de apreciación y con una importante incidencia en el resultado final del proceso selectivo, esa garantía del anonimato es una herramienta al servicio de lograr en la mayor medida posible la eficacia del principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública (artículo 23.2 CE)
(…) siendo esa garantía del anonimato un derecho de todo aspirante a un proceso selectivo inherente a su derecho constitucional a la igualdad en el acceso a la función pública, su ejercicio no puede quedar condicionado a la anuencia que hayan manifestado otros aspirantes en la manera como se desarrolló el proceso selectivo litigioso».
Doctrina asentada en ambos pronunciamientos, que, de modo más reciente, ha sido ratificada y confirmada en la STS, Sala de lo contencioso-administrativo de 19 de mayo de 2025, Rec. 8561/2022, a propósito de determinar si es preciso que las bases de la convocatoria de un proceso selectivo deban establecer expresamente la obligación de garantizar el anonimato en las pruebas que sus características así lo permitan, o es consustancial dicha regla los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público, inclinándose por esta última postura, al fijar como doctrina casacional:
«(…) la obligación de garantizar el anonimato de los aspirantes en las pruebas que por sus características así lo permitan es consustancial con los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública (artículos 23.2 y 103 de la Constitución), por lo que no resulta necesario que en las bases de la convocatoria del proceso selectivo se establezca expresamente esta previsión».
Siendo que, precisamente, esta última afirmación nos sirve como punto de arranque para la búsqueda de una respuesta a nuestro interrogante que es precisamente la situación inversa, esto es, si puede habilitarse de forma expresa a que las bases de la convocatoria puedan «romper» la garantía del anonimato inherente a los principios nucleares de igualdad, mérito y capacidad.
Posibilidad esta última que ha sido expresamente abordada en la reciente STS, Sala de lo contencioso-administrativo de 14 de octubre de 2026, Rec. 5981/2024, que comienza por recordar que:
«Nuestra doctrina ha declarado que la obligación de anonimato en la realización de ejercicio de oposiciones de ingreso a la función pública debe exigirse aunque las bases de la correspondiente convocatoria no la contemplen y ello porque está íntimamente vinculada y es consustancial con los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública (artículos 23.2 y 103 de la Constitución), siendo una herramienta al servicio de lograr en la mayor medida posible la eficacia del principio de igualdad en el acceso.
Y es importante resaltar que esa doctrina ha sido fijada no en forma abstracta sino en función de las características de las pruebas».
No obstante, tal como seguidamente precisa, se pide al Alto Tribunal una respuesta al interrogante de sí es posible que las bases contemplen la exclusión de la obligación de anonimato en alguna prueba de los procesos selectivos, siendo que al respecto viene a formular las siguientes premisas:
«Es evidente que hasta ahora nuestra doctrina no ha declarado que la obligación de garantizar el anonimato de los aspirantes sea absoluta y total, ello hasta el punto de impedir que las bases que regulen las convocatorias pueden excluirla en función de determinadas circunstancias.
No se ha declarado que el anonimato sea el único medio que permite salvaguardar tales principios y que, por lo tanto, sea imprescindible o estructural en todas las pruebas que integren el proceso selectivo y que su exigibilidad derive directamente de la Constitución.
Es más, de la propia doctrina fijada se infiere fácilmente que esa posibilidad existe y que dependerá del tipo de pruebas y de las circunstancias que se aduzcan para ello.
No en vano, se ha admitido la no exigencia de anonimato en casos de pruebas escritas que luego deben ser leídas públicamente ante el órgano de valoración (sentencia de 19 de enero de 2019, en recurso de casación n.º 8089/2004).
Por tanto, siendo el anonimato un principio consustancial que rige el acceso a la función pública como una herramienta al servicio de lograr la mayor eficacia del principio de igualdad en el acceso, su exclusión será posible siempre que concurren y queden justificadas circunstancias objetivas que tengan una finalidad legítima y hagan posible la observancia del principio de igualdad en el acceso».
Como vemos, tal como recuerda la Sala 3ª, siendo el anonimato no solo una garantía fundamental para garantizar la igualdad en el acceso al empleo público, sino también una pauta de actuación de la Administración Pública, no constituye ello una regla «totalitaria», en el sentido de que tenga que imponerse siempre y en todo caso, con lo que caben excepciones, tal como el propio TS viene a recordar con invocación de algún pronunciamiento expreso en tal sentido.
Por lo que, en consonancia con ello, viene a fijar la siguiente doctrina casacional objetiva al respecto:
«1º) La obligación de garantizar el anonimato de los aspirantes en las pruebas que por sus características así lo permitan es consustancial con los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública (artículos 23.2 y 103 de la constitución), por lo que no resulta necesario que en las bases de la convocatoria del proceso selectivo se establezca expresamente esta previsión.
2º) La exclusión del anonimato será posible siempre que concurran y queden justificadas circunstancias objetivas que tengan una finalidad legítima y hagan posible la observancia del principio de igualdad en el acceso, sin que la mera finalidad de agilizar la corrección de las pruebas del proceso selectivo pueda integrarlas».
Por tanto, en base de tal doctrina, podemos concluir dando respuesta a nuestro interrogante, que las bases como «ley de la oposición» únicamente pueden excluir el anonimato de una prueba selectiva cuando exista una finalidad legítima debidamente motivada, no siendo, a modo de ejemplo, un motivo válido la agilización en la corrección de las pruebas del proceso selectivo.
A lo que hemos de añadir, tal como expresamente vuelve a reiterar el TS, que la garantía del anonimato va implícita en los principios constitucionales del acceso al empleo público, lo que conlleva que aquella ha de respetarse, siempre y cuando así lo exijan las características de las pruebas, con independencia de que así se contemple o no en las respectivas bases.
