Finiquito parlamentario

Un amigo me envía un enlace para que pueda solazarme esta brumosa tarde invernal, con la alegría que da saber que por fin nuestros parlamentarios han llegado a un acuerdo en algo, porque supongo (no se dice en la noticia) que la medida se tomó por unanimidad, como suele pasar en estos casos. La cuestión la leo en la página http://www.tramiteparlamentario.com/ y la reproduzco por su interés y dice que (sic) “Diputados y senadores cobrarán un "finiquito" de 5.500 euros …  cantidad equivalente al salario que percibirían en los 53 días que quedan hasta el 9 de marzo. En el caso de quienes abandonan las Cortes también se contempla una indemnización equivalente a una mensualidad de su salario base por cada año que hayan conservado sus escaños, con un límite de 24 pagas.

Además, el plan incluye otras retribuciones de las que disfrutarán quienes no consigan un escaño el 9 de marzo”. Añade que “Las Mesas de ambas Cámaras aprobaron en julio de 2006 este plan de pensiones y ayudas a los parlamentarios. El "salario base" de los diputados es de 3.126 euros y 3.020 euros el de los senadores. En el caso de diputados como José Antonio Labordeta (Cha), Begoña Lasagabaster (EA), Luis Mardones (CC), Francisco Rodríguez (BNG) o Jaime Ignacio del Burgo (PP), o del senador Juan José Laborda (PSOE), en la Cámara Alta, que abandonan su escaño, percibirán una indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año que hayan conservado sus escaños, con un límite de 24 pagas. Estos pagos pueden suponer una media de 23.360 euros para cada uno. Aquellos que se jubilen podrán recibir una tercera ayuda para compensar a aquellos que no cobrarían la pensión máxima pese a haber cotizado para ello mientras tenían esta condición. En estos casos, se abonará la diferencia para que puedan obtener la pensión máxima, que percibirán en su totalidad si han sido parlamentarios más de 11 años, el 90 por ciento si han ocupado escaño entre nueve y once años, y el 80 por ciento si han permanecido en las Cortes entre siete y nueve años. En el caso de los ex-parlamentarios mayores de 55 años que carezcan de una "actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena", el Parlamento les mantendrá en situación de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo necesario para lograr pensión de jubilación, aportación que podría alcanzar los 10.000 euros anuales. En su momento, los servicios de las Cortes Generales estimaron que todas estas cifras apuntaban a un tope de unos 14 millones de euros durante el año 2008, aunque el coste global exacto no se sabrá hasta que se hayan constituido las nuevas Cámaras.”

Y ahora el comentario porque el tema lo merece, si bien parece que el tema se comenta solo. Porque nuestros representantes políticos desempeñan una importantísima labor, que no es otra que personificar la soberanía nacional y trabajar por los ciudadanos, los que les han votado e incluso los que no lo han hecho, interpretando en todo momento cuál es la voluntad popular. En definitiva decidiendo aspectos muy importantes para la vida de todos nosotros. Y lo hacen, se supone, defendiendo aquellas ideas que propusieron en sus programas electorales. Así pues, reconozcamos esa imprescindible, (aunque muy mejorable en su sistemática) labor. Pero dicho esto, hay que indicar que no deja de dar la impresión de que esas personas, en cuanto se ven investidos por la magia de los votos, además de verse iluminados casi instantáneamente por el Paráclito, se convierten en ciudadanos especiales, padres/madres de la patria, un sector que se tiene tanta autoestima y se considera tan importante, que se permite premiarse a sí misma, reconociéndose privilegios que para sí querría cualquier currante.  Se convierten en un tertium genus, una profesionalizada especie aparte al margen de las normas del común de los mortales. Me permito abrir esta polémica siempre interesante.

Puesto que representan la soberanía nacional e incluso aprueban su propio presupuesto, nadie puede controlar este tipo de actos, se podrían incluso considerar en teoría general del derecho “actos políticos”. Es sorprendente que la prensa no refleje conflictos o reproches de unos partidos a otros, o al menos no recuerdo yo que hubiese polémica entre los partidos cuando –como dice la noticia- se aprobó la medida en junio de 2006. Se podrá aducir que por qué no deben cobrar al dejar el cargo, cuando esas personas han podido perder oportunidades económico-laborales importantes  por su dedicación a la cosa pública y por la consiguiente incompatibilidad que les ha generado el ejercicio del cargo. Sin embargo podrían hacerse estadísticas de cuántos de ellos han mejorado económicamente por el ejercicio profesionalizado de la política y quiénes se han visto perjudicados.

Diremos que cobrar sí, pero indemnizaciones y pensiones las que cualquier otro trabajador especialmente cualificado pudiese percibir y por el tiempo que realmente preste sus servicios. Sistema general.  Y si para generar pensión hacen falta equis años, café para todos. Si no, al resto de los mortales se nos queda cara de lelos.