Fumata blanca

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Fumata blanca

Por fin habemus sentencia sobre el Estatuto Catalán, aunque todavía no sabemos qué dice salvo en aquellos aspectos que nos van filtrando interesadamente. Informan los medios que la sentencia abarca más de mil folios así que la primera impresión es que en realidad todo el mundo va a hablar de ello pero no lo va a leer prácticamente nadie. Un político no lee más de un folio sin que algún acólito asesor le haga un resumen políticamente correcto y adecuadamente enfocado. Es que está muy ocupado gobernando. Por lo tanto, me permitiré poner en duda todo lo que se diga a partir de ahora acerca del texto normativo enjuiciado salvo que hable un profesor constitucionalista que sea neutral.

La segunda cuestión es que probablemente la sentencia va a presentar serias incoherencias ya que como no había forma de sacarla adelante, no se pudo votar en su conjunto. Finalmente, en un empeño desesperado de salvar algo de dignidad y sacar adelante la sentencia, la votación se hizo al parecer por artículos o por grupos de artículos, lo que, obviamente hace presumir que van a quedar flecos inconexos.

Dice el Gobierno de la Nación que más del 50 % es constitucional y que la oposición se ha quedado con un palmo de narices y no se atreve a decir nada, ya que defendía que gran parte era inconstitucional. Con tal de darse garrotazos unos y otros, convierten la constitucionalidad de la norma como en cuestión meramente cuantitativa.

Tercer aspecto: pasa como en las noches electorales, todos han ganado, PSOE y PP. Aunque el PSC no está en absoluto contento y el propio Presidente catalán está llamando irresponsablemente a los ciudadanos [catalanes] a salir a la calle a mostrar su disconformidad contra la decisión del TC que contraviene la voluntad del pueblo, partiendo, obviamente, de premisas absolutamente falsas, como son en principio y sin más examen, al menos dos: 1) Fue poquísimo el electorado el que acudió a las urnas a votar el Estatuto, lo que demuestra que a la mayoría les importa tres pimientos –con perdón- más o menos autonomía. 2) El pueblo de Cataluña, no es soberano, la soberanía reside en el pueblo español. En fin aquí todo se mide en términos de rentabilidad política. Y es que para ser político se debería exigir haber leído la Constitución en su integridad o pasar la prueba de la verdad. Dice un amigo –en broma- que para ser político los partidos someten a los candidatos a la máquina de la verdad. Si pasan el test, no les admiten.

Mientras tanto el Ministro Blanco, en un alarde de filigrana política y para contentar a su propio partido en Cataluña, reconoce que “el sentimiento de pertenencia de país muy arraigado» en algunos ciudadanos de algunas comunidades. No dice que los propios partidos han avivado sin pausa este sentimiento. Añade que «una inmensa mayoría» de catalanes no está satisfecha con la sentencia y «tiene una contrariedad que tenemos que entender«, aunque ello no signifique cuestionar lo que ha dicho el Tribunal constitucional y que se trata, de afrontar «esta contradicción y, en la medida de lo posible, articular mecanismos que posibiliten un mejor entendimiento entre ese sentimiento de pertenencia y lo que es patrimonio común de todos los españoles, que es la Constitución«. Tras precisar que las leyes deben hacerse de acuerdo con la Ley Fundamental y que el Estatuto ha sido declarado en un 90 por ciento constitucional, Blanco ha pedido tiempo para conocer los fundamentos de la sentencia, que «podrá arrojar luz sobre aquellas cosas que se puedan cambiar o mejorar a través de leyes orgánicas«. Toma ya, no hay problema, o sea, si lo entiendo bien, el mensaje es: no se preocupen ustedes, diga lo que diga el TC, a través de leyes orgánicas podemos ir solucionando los flecos que se declaran no ajustados a la Constitución. Algo que parece absolutamente irresponsable. Dice que se respeta la Constitución pero que se va a solucionar el problema a través de Leyes Orgánicas, así que esto será el cuento de nunca acabar, porque se podrán ir impugnando sucesivamente estas leyes y vuelta a empezar. Pero el poso habrá quedado. Tras cuatro años de sesudo estudio del Estatuto parece ser que se han desarrollado ya unas cuarenta leyes (desconozco el dato) así que el lío jurídico que se puede haber organizado ya puede ser épico.

En cualquier caso, creo que el resto de ciudadanos estamos ya un poco hartos del discurso de las autonomías y de las recidivantes e interminables cuestiones reivindicativas. No se me ocurre que un ciudadano de El Masnou o de Eibar vaya a ser más o menos feliz o no vaya a dormir por la noche porque no se obtenga a toda costa la transferencia de competencias en los puertos catalanes o vascos respectivamente (a guisa de ejemplo, desconozco si tienen competencias sobre esa materia). Hemos de concluir sinceramente que la cuestión competencial autonómica no es un problema social, es un problema que crean los políticos locales. Primero poco a poco pero sin pausa, crean el problema, la conciencia de diferencia, el agravio continuo, y luego tratan de resolver ese clamor popular que no existe o que si existe, lo han creado deliberadamente ellos mismos porque es una manera de recolectar votos.

Está claro que se necesita una reformulación general del modelo territorial, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, hay que cerrar el modelo a toda costa, puesto que de otro modo no hacemos sino malgastar recursos públicos y derrochar energía en cuestiones banales, ineficiencia en estado puro. La gente, básicamente, quiere solucionar el día a día, quiere tener trabajo, vivir segura y tener servicios adecuados. Por otra parte, también será necesario reformular de una vez por todas la composición y funcionamiento del TC. Se supone que todos sus miembros son brillantes juristas, por lo que mi perplejidad es máxima cuando se comprueba que se hace depender abiertamente el contenido de una decisión del hecho de las mayorías, o sea del número de magistrados que están en el lado progresista o en el lado conservador. Cabe interpretar, por supuesto, pero sin prejuicios, los razonamientos deberían ser primero y las conclusiones después. Y no como hasta ahora, que se parte de la decisión final que se quiere adoptar y se buscan después los argumentos. Viendo cómo actúa no se esperará del común de los mortales que creamos que sus decisiones en general las adoptan con el rigor jurídico que sería de esperar. Así se ha labrado el TC el prestigio que tiene ahora mismo.

4 Comentarios

  1. Sin haber leído la sentencia, puedo comentar no obstante algunas cosas, como las siguientes:

    A) El Estatuto de Cataluña era inconstiucional; que lo sea solo en parte no desdice tal afirmación (de quien está parcialmente mutilado, podemos decir también que está mutilado, pero no que no lo está en absoluto). Por tanto, los que sostenían su constitucionalidad anteriormente, se equivocaban; y los que sostienen su constitucionalidad ahora, mienten como bellacos, pues parte del articulado del Estatuto es inconstitucional. Esto es: podemos hablar de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad parcial y de constitucionalidad parcial, pero no de constitucionalidad a secas del Estatuto, como he tenido que oir a algún político/a.

    B) Pese a ser inconstitucional el Estatuto en cuestión, se ha venido desarrollando mediante leyes autonómicas durante 4 años, luego aquí hay un problema. Habrá que determinar la situación jurídica en la que quedan todas esas leyes, pero eso es algo muy complejo, costoso y de dudosa solución, que se puede prevenir de la siguiente manera: La interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra una Norma, debe impedir el posterior desarrolllo normativo de la misma, en tanto no sea declarada constitucional.

    C)El TC parece tener una función no-escrita en nuestro sistema que sería la de actuar como un órgano político bipartidista de arbitraje, para dar una salida heterodoxa al problema de la distribución territorial del Poder, sin contar con los ciudadanos que aprobaron un reparto del mismo (por muy ambiguo y abierto que fuese).

    D)El TC no está sirviendo, sin embargo, como garante de la Constitución, en cuanto a impedir que sea reformada «por abajo», violando la propia Constitución. Es decir: no está operando como una barrera eficaz para impedir que Gobierno, Cortes Generales, CCAA, Entes Locales, la incumplan por la vía de modificarla con sus normas y actuaciones e interpretarla a su manera.

    E) El papel del TC como guardián de la Constitución frente a normas inferiores y frente a interpretaciones inconstitucionales de una y de otras, no lo ejerce correctamente, por la forma en que ha sido configurada la jurisdicción constitucional en España, demasiado restrictiva en unos casos, excesivamente amplia en otros, pero siempre demasiado controlada desde fuera, en mi opinión.

    F) Salvo el Gobierno, parece que nadie sostiene seriamente que el TC actúe con plena independencia y desvinculación de las consignas establecidas por el Poder ejecutivo y por el Poder Legislativo. La forma de nombramiento de los Magistrados, su alineación en bloques partidistas, los criterios tan sintonizados en sus sentencias con las posturas oficiales de la convergencia política entre los Partidos que manejan el cotarro, la asunción acrítica de toda una serie de postulados «políticamente correctos», en cuestiones como: lenguas, libre designación, funcionarización de laborales, violencia de «genero», etc. son cosas que hablan por si solas y al final «cantan» demasiado, para el espectador imparcial, por muy largos y farragosos que sean los pronunciamientos judiciales, y por muy alambicados y escolásticos que sean sus argumentos. O sea: el proceso está previamente amañado y los resultados se fabrican jesuíticamente, intentando que no se note la cosa en exceso.

    G)Tengo la profunda convicción de que otra Jurisdicción Constitucional es posible (la que se originó con la sentencia del Juez Marshall en EEUU, sería un ejemplo); pero aquí, como si no hubiera más remedio, nos han hecho una a la medida de nuestras taras políticas y ciudadanas, y tutelada por el contubernio partidista para que se haga su voluntad, más que la Justicia Constitucional.

  2. Y digo yo… ¿qué más dará lo que diga la sentencia? si:
    a) Nadie se va a leer 1000 folios y
    b) Diga lo que diga la sentencia, la «apañarán» después con leyes orgánicas, pactos de interpretaciones -o lo que sea menester- para conseguir votos con los que sacar los presupuestos y otras «zarandajas» adelante. Lo dicho, Ignacio: «abandonad toda esperanza…»
    El resultado será -en todo caso- el mismo: El TC ya ha explicado con claridad su falta de credibilidad. Y el Gobierno de la nación su falta de visión política. Y su incompetencia. Ya decía el Forges… ¡País!

  3. Si la Constitución ha sido votada democráticamente
    Si la Constitución es la ley de rango superior
    O bien la acatamos
    O bien la cambiamos
    O bien nos independizamos y hacemos nuestra Constitución
    todo el resto me parecen pamplinas

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