Está de moda eliminar licencias y autorizaciones así como reducir trámites ante las Administraciones públicas. Casi todas las Comunidades autónomas y por supuesto el Estado, cada cual en sus respectivos ámbitos de competencias, han aprobado leyes y reglamentos en esa dirección y todo ello debe ser bien recibido.

Lo que no está bien y no debe ser bien recibido es el tono descalificador con que se suelen presentar estas modificaciones legales que emplean expresiones como “acabar con el papeleo” o con “la burocracia”.Habrá que recordar que el denostado “papeleo” es la forma en que se ha plasmado hasta ahora el cumplimiento de preceptos legales que han exigido a los ciudadanos presentar una instancia, acompañarla de un proyecto de esto o de aquello, avalarlo con la firma de un profesional competente, pagar una tasa etc. No para molestar ni para enredar, sino para atender exigencias elementales de seriedad en el comportamiento de los peticionarios y de las Administraciones receptoras de escritos y peticiones. Que todo eso hoy se pueda incorporar a otro formato de los muchos que la técnica nueva ofrece o de los que están por alumbrarse es algo que debe ser saludado positivamente. Faltaba más. Es verdad que con estas novedades muchas ocupaciones de las tradicionales que han existido en las Administraciones desaparecerán como han desaparecido el pregonero, la casa de postas y el telegrama. A los oficiales de primera, segunda, tercera de ocho mil, diez mil reales al año que aparecen en las novelas del siglo XIX (de Galdós en España o de Balzac en Francia) nadie los echa en falta porque el viento de la historia y lo que arrambla casi siempre es benéfico.

Pero lo cierto es que en el formato papel o en el de un correo electrónico o un sms siempre será necesario hacer llegar a la Administración el informe técnico que avala la apertura de un taller de reparación de automóviles o de una discoteca. Insisto: no para entretener al señor de una ventanilla que pasa una mañana ociosa sino como requisito de formalidad y de recto proceder.

Y con ello llegamos a ese “señor de la ventanilla”, es decir, a la denostada “burocracia”. ¡De qué manera tan despachada se proclama esa estúpida consigna de “acabar con la burocracia”!

Pues se olvida que los funcionarios no están para dificultar el despliegue de la imaginación fecunda de los ciudadanos ni para cortar las alas al dinámico empresario “schumpeteriano” que quiere comerse el mundo con sus inventos e ideas innovadoras. Parece mentira que sea necesario recordar que ese señor, el funcionario público, es un garante de la legalidad y que su función consiste en que las actividades que se desarrollan en la vida social se acomodan a lo previsto en el Ordenamiento jurídico. Con todas las imperfecciones, con todas las limitaciones que un cometido tan amplio y relevante impone, pero siempre con la brújula imantada por el interés público.

Desde hace años no he regateado en mis escritos las críticas (espero que fundadas) a las instituciones y a su funcionamiento. En eso consiste nuestro oficio de juristas y más el de profesor universitario. Pero la descalificación atropellada de las misiones de los servidores públicos no solo es injusta sino que además es testimonio del escaso aprecio que se dispensa al principio de legalidad, que no es una bagatela sino el estandarte de más colorido del Estado de Derecho.

Sean pues bien recibidas las modificaciones legales que tienden a facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas. Pero sean mal recibidas y rechacemos las que, de paso, aprovechan para descalificar a los funcionarios públicos y su imprescindible función social.

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