Cada día las páginas de los periódicos nos dan la buena nueva de un artilugio o un dispositivo anudado con frecuencia al adjetivo «inteligente«. En el ámbito de la actuación administrativa se extienden programas informáticos que agilizan la tramitación de los procedimientos, se incorporan sensores por el territorio municipal y en las propias instalaciones que prestan servicios públicos con el fin de analizar el cúmulo ingente de información para mejorar su eficacia e incrementar el control. Con el apoyo de las Administraciones provinciales y autonómicas se están consolidando redes de comunicación que pueden ayudar a los ayuntamientos con escasos vecinos. Recuerdo dos que corresponden a Comunidades Autónomas muy extensas y con mejor población, lo que supone un mayor esfuerzo y superior coste económico.
En concreto, por un lado, el «ecosistema de territorio rural inteligente» de Castilla-La Mancha entre cuyos proyectos está el cambio de las bombillas para que las nuevas gradúen su intensidad dependiendo de la proximidad de quien pasea; un mejor control del consumo de agua en los edificios, la comprobación de quién accede a las instalaciones municipales, incluidas las bibliotecas, los pabellones deportivos; el cuidado de los mayores ante posibles caídas… También en Castilla y León, la Administración autonómica, con apoyo de las nueve Diputaciones provinciales, ha instalado más de tres mil sensores que afectan alrededor de cuatrocientos municipios. Ofrecen información sobre la cantidad del caudal del agua y su calidad, la ocupación de los contenedores de residuos y basuras, puntos de riesgo en las calzadas ante las heladas, calidad del aire… Y lo mismo ocurre en otras Comunidades Autónomas que atienden tanto a la carencia de recursos de los Ayuntamientos de escasa población como a las utilidades provechosas de los avances tecnológicos.
Todo ello debería contribuir a estudiar la reforma del mapa local o, al menos, el contenido del ámbito de sus competencias, qué servicios han de prestar, con qué recursos… Lo que, a mi juicio, no habría que tocar es exigir el cumplimiento riguroso de las mínimas obligaciones que ha de satisfacer cualquier Administración pública. Me refiero a todas aquellas que van anudadas a asegurar su actuación objetiva e imparcial, la atención de todos los intereses afectados, la adecuada gestión de su Hacienda… en resumen, esa normativa común de las Administraciones públicas y que es controlada por la Jurisdicción contenciosa, el Tribunal de Cuentas e, incluso, indirectamente, por los ciudadanos con las peticiones de información o las denuncias de infracciones.
En este sentido, apunto a una cuestión que me preocupa desde antiguo.
El Tribunal de Cuentas ha publicado el último informe de fiscalización relativo a 2022 hace unas semanas. Junto a ese texto -riguroso de expresión y con información completa- difunde un resumen claro y didáctico que debería repartirse en todos los municipios. No solo para que lo conocieran los vecinos de aquellos ayuntamientos incumplidores. También todo ciudadano que entrara en dependencias municipales. Resulta indispensable advertir si los gestores públicos dan cuenta o no de cómo usan el dinero del que disponen, de cómo administran esos recursos escasos, qué obligaciones económicas contraen… Que existan funcionarios que se ocupen de estas tareas, que las autoridades locales hayan salido de las urnas, no implica que los ciudadanos nos desentendamos totalmente del resultado de esa actividad pública. Tal actitud despegada conduce a cierta inconsciencia en los asuntos comunes y, como bien explica Rodrigo Tena en su último libro a una «Huida de la responsabilidad» con el riesgo de que campe el abuso y la desviación de poder.
En ese Informe, el Tribunal resalta que más de la mitad de las entidades locales incumplieron la obligación legal de rendir cuentas en plazo, esto es, antes el 15 de octubre. A ello contribuye que tres Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla y León, y Madrid) han fijado fechas distintas para el envío de la documentación a sus Consejos de Cuentas contribuyendo al desconcierto. Un despropósito que habría que suprimir.
La cifra es muy alta (¡más de la mitad!) y, además, hay que tener en cuenta otro elemento que entorpece la comprensión indispensable para un mínimo análisis completo: no hay ninguna información de las Administraciones locales del País Vasco y Navarra, ya que en esas dos Comunidades Autónomas su normativa propia les permite prescindir de incorporar los datos a la plataforma informática, común y nacional, de rendición de cuentas. Dislate que habría que rectificar.
Otras consideraciones de este Informe generan preocupación. Entre ellas resalto: a) casi mil quinientas Administraciones locales son «reincidentes«, llevan, al menos, tres años sin remitir información. ¿Por qué no tiene consecuencias esta transgresora actitud?; b) las más incumplidoras son las mancomunidades de municipios, lo que permite preguntarse ¿cómo integran los servicios municipales cedidos cuando ese deber básico se incumple?; c) no tiene que ver especialmente el tamaño del municipio pues el Ayuntamiento de Barcelona está entre los incumplidores. ¡Un Ayuntamiento con tantos medios y con un presupuesto que supera los 2.500 millones de euros! ; o, en fin, d) la mayoría de los ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes no han enviado sus cuentas consolidadas.
Es cierto que algunos ayuntamientos han sufrido ataques informáticos. El caso de Sevilla es conocido pero hay otros que padecieron el secuestro de sus sistemas. Hay que insistir en la necesidad de satisfacer todas las previsiones del «esquema Nacional de seguridad» en toda España.
La conclusión del Informe es demoledora: una extensa mancha de incumplimientos en un ámbito tan esencial como es la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Las recomendaciones con las que termina el Informe las hemos leído en otros documentos similares previos: multas coercitivas a las autoridades incumplidoras, privación de subvenciones y otras ayudas públicas… Y han sido desatendidas por las Cortes Generales. Incomprensible. Por ello, habría que insistir: avances con dispositivos eficaces (que no inteligentes), de acuerdo, pero antes hay que cumplir con responsabilidad.
