Interventores, dineros, corrupción…

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Proliferan los catálogos de medidas contra la corrupción, asunto que en este blog se ha tratado por plumas acreditadas (Leopoldo Tolivar entre ellas, recientemente) y el debate en los medios de comunicación es sonoro. La amenaza del Código penal, de incorporación al mismo de condenas más dilatadas, la creación de plazas de jueces,  … todo esto forma parte del prontuario al uso. Un repertorio que pretende asustar a los trapaceros y socaliñeros pero que solo son eficaces una vez que éstos ya han cometido sus trapazas y socaliñas.

No: de lo que se trata es de evitarlas. Y el ordenamiento jurídico, si quiere de verdad ostentar la seriedad adecuada, debe disponer de medios para ello. Hoy quiero evocar las funciones imprescindibles de control del gasto atribuidas fundamentalmente a los interventores (y tesoreros o figura similar) en el Estado, en las Comunidades autónomas y en las corporaciones locales.

Todos estamos de acuerdo: las personas a quienes se confían estas tareas han de poseer la titulación adecuada y haber sido seleccionadas en pruebas públicas que acrediten el mérito y la capacidad.

Pero no bastan estos requisitos. Es asimismo imprescindible que las retribuciones de estos funcionarios y su carrera administrativa se hallen libres de la ingerencia política. Libres quiere decir libres, es decir, que por ninguna causa puedan meter la mano en estos delicados achaques ministros, alcaldes o consejeros. Estas son las auténticas claves. Nos limitaremos a aventar humo mientras no se garantice al interventor o al tesorero que su sueldo está perfectamente reglado y que no puede estirarse o alargarse según el capricho de preboste alguno por mucha vara que empuñe.

La realidad, ay, circula justo en la dirección contraria. Y ahí está como infamante testimonio la “libre designación”, el sistema habitual de provisión de puestos de trabajo que tanto complace a quien manda. Se trata, bien lo sabemos, de un mecanismo que echa por tierra todas las cautelas que pretendan asegurar la neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos.

Los especialistas llevamos años denunciándolo y ahora incluso los escritores se caen del guindo y arremeten contra estas prácticas como es el caso de mi admirado Antonio Muñoz Molina (grandísimo narrador) en su libro “Todo lo que era sólido”. Entre los administrativistas la crítica ha sido temprana y constante: desde Alejandro Nieto hasta Jesús Fuentetaja por citar a dos autores de generaciones muy distantes.

Y esa práctica no ha hecho más que desarrollarse y expandirse, como un tumor rebelde y dictatorial, en los últimos veinticinco años. ¿Extraña que, cuando se abaten los controles atribuidos a funcionarios competentes, sea más fácil atropellar la decencia y el decoro en el manejo del dinero de todos?

Causa tristeza pero resulta obligado derramar también una lágrima -lágrima de desesperanza- sobre el Tribunal Constitucional que no ha sabido aplicar al alegre legislador la medicina de la contención y ahí está la desgraciada sentencia 235/2000 de 5 de octubre (referida precisamente a funcionarios locales con habilitación de carácter nacional) para corroborarlo.

Si a todo ello añadiéramos unos Tribunales de cuentas independientes evitaríamos ya definitivamente la efusión de más lágrimas. He defendido (junto a Mercedes Fuertes en las páginas del diario El Mundo) que debería instaurarse un procedimiento iniciado con una convocatoria pública a la que acudirían, sin las sombras que proyectan partidos u organizaciones sindicales, los profesionales que libremente desearan acceder como directivos a estos tribunales y -claro es- reunieran los requisitos pertinentes. A partir de ahí, tras comprobar de forma rigurosa, trayectorias y méritos alegados, se confeccionaría la lista definitiva de los candidatos, que serviría para realizar entre ellos un sorteo: garantizada la idoneidad de todos los candidatos, es indiferente la persona concreta que sea designada.

Y el azar le proporciona la ventaja de poder ejercer su función en perfectas condiciones de independencia y por tanto libre de compromiso adquirido -explícito o implícito- con “dedo” alguno. Sustituyendo la elección por el sorteo, hacer la astrología de las decisiones de estos órganos, en función del origen de cada persona que interviene en una votación, se haría prácticamente imposible.

En fin, quien termina un mandato determinado por el azar vuelve con humildad de fraile recoleto a su puesto de trabajo y destierra futuras ambiciones.

¿Quién se apunta?

 

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Francisco Sosa Wagner es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Fue Decano de la Facultad de Derecho de León (1996 - 2000). Es jurista de reconocido prestigio que ha publicado innumerables obras de referencia.

3 Comentarios

  1. Buenas tardes.

    En mi opinión, son muchos los flecos que quedan sueltos en cuanto a retribuciones de las administraciones públicas.
    En primer lugar, creo que deberían regularse de manera más concreta las retribuciones del cargo de alcalde, evitando con ello grandes despilfarros principalmente en corporaciones que no cuentan con demasiada solvencia económica o cuyo endeudamiento supera el establecido por índices europeos.
    En segundo lugar,secundo su argumento, pero no sólo de interventores. No debería dejarse al arbitrio del presidente de la corporación (por mucha ratificación plenaria que haya posteriormente…) la retribución de secretarios, interventores y tesoreros, en definitiva, los FHCN, ciñéndose con todo ello más a la realidad y transparencia que exige el pueblo.

    En lo que respecta a los puestos de libre designación, esta claro que forman parte de esa «dedocracia» que rige en la mayor parte de las instituciones públicas…. Tomése como mejor ejemplo las diputaciones provinciales carecentes de todo sentido,… Según la humilde opinión de una servidora y encima mal planteadas.

    Para terminar y en cuanto a la independencia de los distintos órganos que se configuran en nuestro ordenamiento jurídico, no nos engañemos, todo en este ámbito público esta politizado en mayor o menor medida, incluso la justicia a pesar de ese principio de independencia que le otorga nuestra Carta Magna del 78 en su art. 117.1…

    Pero…. ¿Qué le voy a contar a un gran político como usted, al que admiro, en el que creí y sigo creyendo ? porque como usted ,que ha tenido tan presente a la ciudadanía, pocos existen…

    Un cordial saludo.

  2. En mi opinión, Consultor pone el dedo en la llaga. La independencia en las instituciones, pero contrariamente persiste el engaño. Sì, persiste la ilusión de creer que una titulación «adecuada», el mérito o la capacidad le otorguen al funcionario público la garantía de honestidad en contra de la ambición y corrupción. Pero toda la historia de la lucha contra la corrupción ha estado direccionada en el enfoque del individuo, de la ética, de la participación ciudadana y decisión individual. Por ello, los principios de objetividad e independencia en la auditoría y fiscalización, se establecen en el área del sujeto, es decir, del auditor. Se afirma que es un asunto personal. Pero no, la corrupción va más allá, se impone cuando lo nuevo no surge, cuando se considera que servidores públicos puedan «ejercer su función en perfectas condiciones de independencia». No, la independencia no es decisión personal, la independencia se demuestra sino no es independencia. Y sí, los ordenamientos jurídicos son adecuados en tanto la profesión le otorgue una preparación ‘adecuada’. ¿Adecuada, para qué?

    Para creer que los mundos de la humildad y ambición son paralelos, que se transita de uno a otro, y que lo encomiable resulte ser un santo y no un pecador.

    Saludos desde un convulsionado México.

  3. Simplificando un poco: un interventor puede impedir o dificultar el incumplimiento de la ley por un alcalde en el uso de los fondos municipales; pero ese alcalde puede aumentar o disminuir sustancialmente las retribuciones del interventor y, desde hace tiempo en los municipios más importantes, elegirlo a su gusto. El presunto controlado controla al supuesto controlador. A las malas, si el interventor quiere hacer de “Llanero solitario”, el Alcalde también puede amargarle la existencia en el trabajo de muchas maneras y casi impunemente. La razón es que, dado el caso, aguantar durante años un litigio contra tu propio Ayuntamiento, por tu cuenta y riesgo, mientras has de seguir trabajando en colaboración cotidiana con quien es tu contrario en el contencioso, que además es jefe de tus compañeros de trabajo, y a sabiendas de que lo más grave que puede ocurrirle es que se le inhabilite temporalmente para ejercer su cargo, ya de por sí temporal, o poco más que eso, resulta un panorama muy poco alentador.
    Para cerrar el círculo: los ciudadanos podrían impedir que fuesen elegidos alcaldes sin escrúpulos; e incluso que fuesen elegidos legisladores incapaces de aprobar leyes coherentes. Pero para eso tendrían que interesarse mucho por estas cosas, disponer de información fiable al respecto y tiempo para informarse, organizarse para exigir a los candidatos referencias solventes, programas ambiciosos y viables, o presentar sus propias candidaturas y programas, y votar en consecuencia.
    Sospecho que ese es un viaje que sólo algunos pueden hacer, menos quieren intentarlo, y menos aún llegan a iniciarlo. Por contra, sin escrúpulos ni coherencia, parece que es posible alcanzar altas cotas de poder. Incluso me inclino a pensar que, en la lucha por la supervivencia en la carrera política, la falta de esos elementos puede ser una ventaja competitiva que favorezca la selección del mejor adaptado, pero más inepto.
    Cuando entré a trabajar en este sector público local, con los vientos de la llamada Transición, entonces frescos y estimulantes, inexperto y bienintencionado, ya me chocó el despropósito que se escondía en la dependencia entre controlador y controlado. Pensé que era cuestión de tiempo, como tantas otras cosas. Más de treinta años después ya oteo la jubilación y la cosa ha empeorado en lugar de mejorar. Mientras sigo trabajando como mejor puedo, pero me estoy planteando madurar y perder la esperanza y la ilusión.

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