Jubilarse. La cuenta de la vieja

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Jubilarse. La cuenta de la viejaParece claro que a los actuarios de la Seguridad Social no les salen las cuentas y han informado a sus jefes que estamos abocados a una imprescindible reforma del sistema de Seguridad Social. Y además Europa nos ha empezado a reñir en serio porque el déficit público esta desmandado. A pesar de que somos bastante mindundis en Europa, nos han dicho que o reducimos el déficit (hay que pasar del 11 actual al 3 en 2013) o igual nos acaban echando de la eurozona y allá nos las compongamos. Al final somos una potencia media y nuestro descalabro afecta a otros.

La cuestión es grave, pero a pesar de su complicación, hay cosas que parecen simples. No hay más que echar la cuenta de la vieja. Si hubiese más gente trabajando quizás el problema no sería tan penoso. Sorprende que un país que ronda el 20 % de desempleo, con una población ocupada que se sitúa en 18.645.900 (de los cuales, pongamos que 3 millones sean funcionarios) pueda hacerse cargo de todo el sistema de solidaridad: pensiones de jubilación, de orfandad, de viudedad, prestación por desempleo, gasto sanitario etc. Parece, efectivamente un milagro. Porque quiere decir que esos 18,6 millones de trabajadores sostienen al resto del país, entre funcionarios, jubilados y parados. Si hubiese más gente trabajando y en vez de 4.326.500 parados hubiese un millón, habrá al menos 3 millones más pagando impuestos y aportando a la Seguridad Social.

Por eso, cuando se está inmerso en una recesión como la que nos ha tocado, hay que pensar qué es más social, si aumentar el gasto público desmedidamente tratando de reavivar la economía desde las ideas keynesianas y esperar a que escampe y que, por arte de la inercia europea salgamos del pozo, o bien favorecer que quien puede hacerlo, que son las empresas, creen negocios y contraten gente. Es simple: si se pagan menos impuestos, se ponen menos trabas administrativas y si se facilita el acceso al crédito, se crean más empresas, se reduce el sector público y se reanima la economía. Si el aumento de número de trabajadores es suficiente, la bajada de impuestos queda ampliamente superada en cuanto a ingresos públicos porque a pesar de pagarse menos porcentaje, hay mucha más gente que paga, por lo tanto los ingresos públicos son mayores.

Ahora se plantea la genialidad de aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Ciertamente, con las cuentas reales actuales, parece que no quedará más remedio. Pero es así porque quizás se ha actuado sólo para la galería y se ha confundido el camino del progreso. Se siguen otorgando subvenciones para todo y se olvida a la fuerza activa y creativa de los trabajadores a los que sin duda, habría que favorecer para que aporten ideas, innoven, trabajen y asuman riesgos, porque esa es la base de la creación de empresas. Porque ¿alguien ha estudiado el endémico fenómeno sociológico andaluz, que tiene el 26 % de paro? ¿Se ha puesto ese paro en relación con el nivel de ayudas y subvenciones que existen en dicho territorio desde hace tantos años?

No sé si se trata, como tantas otras veces, de un globo sonda o de una realidad. Parece ya que quiere ser una realidad dado que ha pasado el tema por el Consejo de Ministros. Lo cierto es que el debate se ha abierto y además, se anuncia un plan de austeridad en el que las administraciones públicas van a tener que recortar 50.000 millones de euros en tres años. Vienen tiempos difíciles, porque se ha invertido mucho en los últimos años y esas inversiones hay que mantenerlas, han generado mucho gasto corriente. De dónde saldrá el dinero para tanto gasto corriente es algo que se me escapa totalmente.

No me resisto a citar la aportación de Amparo Estrada que he podido leer en el blog de Publico (puede leerse en su integridad en http://blogs.publico.es/multiplicateporcero/130/y-con-las-pensiones-de-los-diputados-%C2%BFque-hacemos/). Titula su post “Y con las pensiones de los diputados ¿qué hacemos?”. entre otras cosas dice: “…Pero empecemos ahora a hablar del sacrificio que no hacen diputados y senadores: ellos pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de su vida laboral hayan cotizado por la mínima. Bastan 11 años en el Parlamento para tener derecho al cien por cien de la pensión máxima y con siete años se llevan el 80%. Aún reconociendo las particularidades que tiene ser diputado, con la interrupción de carreras profesionales en el ámbito privado, este complemento vitalicio a las pensiones de sus señorías los convierte en un colectivo privilegiado. Más aún si se consideran otras ayudas que reciben, como que las Cortes paguen la cotización de los ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral. Entre las exigencias propuestas del Gobierno para acceder a la pensión no hay ninguna referencia a sus señorías. La explicación no se debe a un fallo de memoria sino que es puramente técnica: la reforma afecta al sistema de la Seguridad Social mientras que el complemento de pensiones de los parlamentarios sale del presupuesto del Congreso. Yo, que no soy nada técnica, sólo veo una cuestión: ambas cosas salen del dinero público…/…  Pero, antes de resignarnos a que dentro de 15 o 20 años haya que jubilarse a los 67, habría que comprobar si no se pueden incrementar los cotizantes por otras vías. Por ejemplo: aumentando la tasa de ocupación, logrando la plena incorporación laboral de la mujer, con la llegada de inmigrantes o que los jóvenes –que sufren una tasa de paro superior al 40%– encuentren empleo. Incluso aceptando que, por motivos de pirámide de población, no se lograra un número suficiente de cotizantes a la Seguridad Social, lo que resulta paradójico es que sigan permitiendo prejubilarse –por miedo a que impedirlo incremente las cifras del paro– mientras se retrasa la edad de retiro. El Gobierno propone “limitar” las prejubilaciones en las empresas con beneficios y de los directivos aunque, al no “prohibir”, podemos presumir que seguirá habiendo prejubilaciones.  Pero el debate de las pensiones lleva a otro: Si tantas ganas tenemos de jubilarnos, ¿no deberían ser nuestras condiciones de trabajo las que habría que revisar?”

Es de tal claridad que no es preciso hacer más comentarios. Felicidades a la Sra. Estrada.

Mientras tanto unos sindicatos están dubitativos. En muchas ocasiones parecen representar sólo a aquellos que tienen trabajo fijo, no dicen casi nada, asentados en un nirvana posiblemente de paniaguados, y ya están desacreditados para gran parte de la sociedad. Callados como muertos. No se sabe si es que le hacen el caldo gordo al Gobierno y le agradecen sus generosas ayudas o bien es que se acogen a aquello de vive y deja vivir. Lo cierto es que llevan mucho tiempo metiendo la  cabeza debajo del hoyo como los avestruces.

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Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

3 Comentarios

  1. Esta situación recuerda aquella castiza expresión…: «lleva más peligro que un mono con dos pistolas»…
    Es realmente arriesgado para un país quedar en manos de un gobierno que no gobierna. O que lo hace tan mal que hasta sus propios correligionarios discrepan. No puede gobernarse son el sistema de la ruleta rusa (medidas erráticas), porque puede que nos cueste la vida (económica).
    Ya dentro de los casticismos, podríamos decir que las ¿medidas? económicas que sugieren estos chicos del Gobierno «nos ponen los pelos como escarpias»…

  2. Es erróneo llamar debate a lo que se inicia en un consejo de ministros: eso es un globo sonda, y como tantos otros con ZP ya se verá, depende de la prensa, no de la realidad. ¿Se imaginan la burocracia que generará esa brillante idea de Corbacho de que los trabajadores se jubilen antes o después en función del tipo de trabajo, las trampas que habrá? La clave es más y mejor trabajo, y para eso los insensatos son los responsables políticos que hace 20 años no se han preocupado de hacer un pacto de Estado con las pensiones y la educación, y de cambiar el modelo productivo de este desgraciado país de recalificaciones, inmobiliarias, bares, tronío y «artistas».¿A quién pedir cuentas por lo que NO se hace?

  3. Una clase política, incapaz e impresentable, y que ha visto con total pasividad cómo la burbuja inmobiliaria crecía se plantea ahora, cuando ha estallado, bajar los salarios, las pensiones y retrasar la edad de jubilación.

    Es imprescindible que les echemos.

    No debemos votar a los partidos mayoritarios, que nos tienen secuestrados.

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