En estos días en los que los medios informativos y hasta las retransmisiones en directo, nos llenan los ojos y los oídos de supuestas dicotomías entre un pretendido ejercicio de la democracia y el respeto a la Constitución, merece la pena reflexionar, una vez más, sobre el valor de esta última y su conocimiento y aprecio por la ciudadanía.
Podría decirse que la Constitución, como ley de leyes, de obligado cumplimiento para poderes públicos y particulares, no ampara a quienes, por ignorancia, la conculcan. A fin de cuentas, ese principio está bien asentado en el artículo 6 del Código Civil.
Pero lo lógico y sensato, si se quiere que el pueblo soberano se identifique con la Constitución, es fomentar su conocimiento. ¿Se puede querer sin conocer? Yo pienso que eso queda para la fe religiosa, pero no para la política. Exhibir, con o sin símbolos, amor a la norma fundamental, sacar pecho en su defensa y llenarse la boca de manifestaciones de adhesión inquebrantable sin haber leído ni el Preámbulo, no me parece demasiado respetable. Y similarmente lo aplico a quienes, también sin haberla abierto, la denuestan
Pero lo cierto es que, en un país donde, ejemplarmente, tenemos una amplia educación obligatoria y gratuita –gracias a esa Constitución, por cierto-, el conocimiento que tienen los alumnos de Primaria y Secundaria sobre el asunto, tiende a cero.
Más veces lo he escrito, pero nunca parecen suficientes: sería impensable que alguien accediera a un Grado en Literatura sin saber quién fue San Juan de la Cruz o a unos estudios de Biología o Medicina sin idea de lo que es una célula o un fémur o, en fin, a una carrera de Física desconociendo la ley de la gravedad y, sin embargo, a las Facultades de Derecho se entra sin saber absolutamente nada de lo que se va a aprender en los siguientes cuatro años. Esa es una de las razones del abandono, significativo, de estos estudios en el primer curso. El mundo jurídico sólo es identificado, para estos jóvenes estudiantes, con alguna película o serie donde haya jueces o abogados o, a lo sumo, con los noticiarios donde se da cuenta de detenciones, juicios y condenas. A lo sumo, por problemas domésticos que hayan necesitado el concurso de un letrado.
Muchas veces he oído al profesor Martín Rebollo recordar cómo, en tiempos de la UCD, se aprobó la implantación de una asignatura de introducción jurídico-constitucional en disposición que, casi simultáneamente, cayó en desuso (que sí existe). Lo cierto es que, aunque en algunas asignaturas de la enseñanza Secundaria se deslicen, sin sistemática, algunas alusiones al asunto que nos ocupa, es lo cierto que, por ejemplo, una alumna con matrícula de honor en la EBAU, entra en el aula de Primero de Derecho sin saber la diferencia entre una Ley y un reglamento; sin saber lo que son los hoy tan recurrentes Decretos-leyes; sin conocer los distintos órdenes jurisdiccionales; ignorando lo que es un Código; la diferencia entre el Derecho público y el privado o qué derechos son fundamentales y amparables ante el Tribunal Constitucional. Por no hablar de la integración en la Unión Europea…
Los juristas con poder en la Administración educativa de los distintos Gobiernos, nada han hecho al respecto, a diferencia, sin ir más lejos, de los economistas, como ya escribí hace tiempo en este mismo Blog.
Pero, insisto, si queremos que la ciudadanía se identifique con la Constitución y no con una palabra solemne pero hueca, hagamos que se conozca junto a unos rudimentos de lo que es y aporta el Derecho en la sociedad. Creo que, a todos, no sólo a quienes pretendan dedicarse a las Leyes, les vendría muy bien. Prueba de ello es lo mucho que, normalmente de oídas, se habla de temática jurídica en tertulias, artículos periodísticos y hasta en la parada del autobús, si me apuran.
Magnifica propuesta. Es complicado introducir nuevas materias curriculares, pero quizá sería interesante intriducirla como extraescolar, pedagógicamente viable y entretenida, unos talleres de prácticas con el reflejo constitucional en el día a día.
Quizá alguna institución académica podría liderar esta, reitero, magnífica propuesta.
El hecho de tener un mayor conocimiento jurídico es vital de cara al ciudadano medio, aunque muchas veces nadie tenga la más remota idea de cómo se afrontan situaciones legales básicas.
¿Qué podemos esperar entonces de los asirantes a abogados? Da que pensar el tema.
Magnífico artículo y, en mi opinión, dicha omisión en los currículums educativos no me parece casual, y ello pese a las leyes educativas que, con cada cambio de gobierno, se van sucediendo. Supongo que ciudadanos informados de sus derechos -y deberes- constitucionales les parecerá perturbador a nuestros gobernantes y legisladores.