La paja en el ojo ajeno

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La paja en el ojo ajenoEn estos tiempos de crisis en los que parece haberse puesto de moda cargar contra el colectivo funcionarial y que arroja titulares de prensa como “Ni funcionarios ni precarios” (El País 09.06.09), me gustaría hacerme eco del artículo de D. Luis Felipe Ragel, catedrático de derecho civil de la Universidad de Cádiz, titulado “Tiro al funcionario”, publicado en el Diario de Cádiz de 11 de mayo de 2009, del que he tenido noticia en la web de la Diputación de Toledo, gracias al inconmensurable trabajo de D. Juan Granados.

El autor parte de la campaña antifuncionarial que se ha desatado como consecuencia de la subida salarial incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, lo que le lleva a concluir, en un primer momento, que, al parecer, los funcionarios son las manos muertas del siglo XXI.

Refiere la carta de un lector en el segundo diario de tirada nacional que proponía la reducción de un millón de funcionarios en el plazo de tres años, que el profesor Ragel califica de «práctica de tiro al funcionario que, como es sabido, sale completamente gratis y no produce ningún escozor» y que le lleva a sospechar que «el proponente no es funcionario y que, tampoco, lo son los miembros de su familia nuclear».

A continuación afirma que «si se aceptara tan genial propuesta» se incrementarían en un millón de personas las listas del paro con el consiguiente aumento de los costes del subsidio por desempleo y que, por otra parte, «se olvida que en épocas de crisis, como las que vivimos, es cuando más se necesita que haya un sector de la población que tire del vagón del consumo, aunque sea a ritmo lento». Papel que cumplen los funcionarios que «son los que menos han sentido los efectos de la crisis y han mantenido su nivel de consumo».

Concluye que «si reducimos significativamente esta capa de población habremos logrado el objetivo… de hundir definitivamente la economía de este país» y que, curiosamente, los mismos que pretenden reducir el número de funcionarios son los primeros que se quejan de que solo haya una persona para atender determinados servicios públicos.

Tras aceptar que es verdad que algunos funcionarios trabajan poco, aunque ese defecto también podamos apreciarlo cuando acudimos a un comercio privado y podemos observar como el empleado no nos atiende hasta que termina su conversación privada por el teléfono móvil, sostiene que el «funcionario tiene un pecado imperdonable en esta época de vacas flacas: tener estabilidad en el empleo en tiempos de crisis se envidia más que tener un buen cuerpo en los primeros días de playa».

Por último, reflexiona, «en agosto de 2008 se publicó el número de funcionarios existente en España que era de 2.582.846», pero que «lo que no se conoce es el número de personas que alguna vez en su vida han intentado acceder a la función pública y no lo han conseguido, los que quisieron y no pudieron».

La verdad es que este artículo me trajo a la memoria una carta al director de un periódico de tirada nacional, siento no recordar cual era ni el nombre del autor,  titulada “ERE de la clase política” que planteaba si, dada la crisis a la que nos enfrentamos y que los expedientes de regulación de empleo parecen una de las soluciones adoptadas por gran número de empresas, era necesario mantener el número de diputados nacionales y autonómicos, de cargos políticos en las administraciones o de concejales en los Ayuntamientos.

Se preguntaba si era necesario que el Congreso de los Diputados contara con 350 miembros o si el Ayuntamiento de una ciudad española media contara con 31 concejales y si no sería posible que tales instituciones cumplieran con sus cometidos con un menor número de miembros.

Obviamente, al igual que en el caso de la carta que proponía la reducción de un millón de funcionarios, a la que se refería D. Luis Felipe Ragel, hay que sospechar que, en este caso, ni el redactor de la carta pertenece a la clase política ni nadie de su entorno familiar.

Que cierta es la cita de D. José Mª Pemán, con la que D, Luis Felipe Ragel cierra el artículo al que me he referido al principio, de que «cuando se dice austeridad, se pretende suprimir el coche oficial del vecino».

Es uno de los grandes problemas de la forma de ser de los españoles, que siempre vemos la paja en el ojo ajeno, pero tenemos poca capacidad autocrítica y, además, tenemos la mala costumbre de matar moscas a cañonazos.

A mí me parece que en las dos cartas al director, a las que me he referido, existe un poso de razón, pero adolecen de un serio análisis de la situación y, como consecuencia, plantean soluciones drásticas, insolidarias y agresivas con el colectivo considerado enemigo por privilegiado, pero carecen de visión de conjunto.

Es posible que sobren funcionarios y políticos, pero también es posible que sea más lógico la reubicación, en el caso de los primeros, para evitar la desatención en algunos servicios y racionalizarlos, sin olvidar que, por lo que se refiere a los segundos, no todos los concejales están liberados.

Es muy posible que los funcionarios o empleados públicos debamos cambiar nuestra mentalidad de inamovilidad, entendida en el sentido de imposibilidad de traslados forzosos, porque, creo que casi todos estaremos de acuerdo, no parece muy inteligente plantear la reducción de empleados públicos en sectores tales como la sanidad o la justicia que presentan graves problemas de lentitud.

En muchas ocasiones las cosas no son tan simples, aunque en otras ocasiones mi subconsciente se resiste a aceptar que, de verdad, no sean tan simples, como en el caso de ese email que circula por internet, en el que, tras realizar numerosos cálculos, se llega a la conclusión de que si, en lugar de que el Estado inyecte dinero a la banca, aunque hay quien sostiene que esto no se ha producido, o a las empresas del sector automovilístico, nos los transfirieran a los ciudadanos, ya que al fin y al cabo este dinero sale de nuestros impuestos, todos podríamos hacer frente al pago de nuestras hipotecas o cambiar de vehículo, de forma que los bancos recuperarían su liquidez y podrían seguir otorgando préstamos para el consumo en vez de reforzar sus balances, los ciudadanos de a pie superaríamos esa lacra de sentirnos morosos potenciales con la inestimable ayuda de estrenar coche y, en el mejor de los casos, podríamos amortizar nuestras hipotecas o renegociarlas en mejores condiciones.

Es posible que caiga en el pecado nacional de solo ver la paja en el ojo ajeno, pero viendo que el pasado día 8 de julio el Congreso convalidó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido como l segundo plan de rescate para la banca,  que contará con una aportación inicial de 9.000 millones de euros, ampliable a 90.000, me gustaría que alguien planteara un plan de rescate del ciudadano para cuando los bancos nos reclamen nuestras deudas.

Por último, me parece de justicia, hacerme también eco de que la Junta de Portavoces de la Comunidad de Madrid ha acordado bajar un 2 % el sueldo de los diputados autonómicos madrileños, después de que el pasado 30 de junio la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunciara esta medida para los altos cargos de la Comunidad y la recomendara para el Parlamento y los ayuntamientos madrileños.

Puede que sea el chocolate de loro porque la reducción salarial de este colectivo político  supondrá 1.800 €  anuales menos, pero no deja de ser una medida ejemplarizante y solidaria en la medida, no tanto de sus posibilidades, pero sí, al menos, de sus deseos.

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Jesús Santos Oñate es Doctor en Derecho Administrativo por la UNED. Pertenece a la Categoría de Entrada desde 2005 y ha sido Secretario-Interventor en varias Entidades Locales de Toledo y Cuenca; actualmente desarrolla sus funciones en un Ayuntamiento de Madrid. Además ha publicado innumerables artículos.

3 Comentarios

  1. Esto de los sueldos es muy delicado y muy complicado de tocar en cualquier caso… Lo cierto es que los sueldos de los funcionarios públicos, y en comparación con el sector privado, son más altos en las escalas inferiores (con carácter general), y más precarios a medida que ascendemos en la escala funcionarial. Y de las congelaciones de retribuciones e incrementos pírricos interanuales parece que nadie se acuerda…
    Quien tenga memoria sabrá que un funcionario de nivel superior en la década de los 70 tenía un sueldo más que decente, por lo general.

    En la actualidad, el coste de la vida ha aumentado mucho más que lo han hecho las retribuciones de éstos, y nos encontramos con situaciones tan curiosas como que un funcionario A1, en una gran o mediana ciudad, no puede pensar siquiera en comprarse un piso, y vive compartiendo piso con compañeros, al modo estudiantil.

    Esto no está muy bien montado, la verdad. Eso sí, la clase política y los directivos-coordinadores-gerentes de su corte sí que andan con sueldos bien elevados y rodeados de prebendas aquí y allá, sin muchas incompatibilidades (ni que se les apliquen, claro está).

    No interesa para nada contar con un sistema funcionarial. En primer lugar, porque los que accedieron por oposición libre (que de todo hay en la viña del Señor), lo hicieron por mérito y capacidad, y esos principios no son los que rigen precisamente en la Administración, ni interesa contar con gente cualificada que sólo sabe plantear problemas… Así que a lo mejor hasta tienen razón, y lo que deben es desmontar el chiringuito de una vez por todas y dejarse de pamplinas, y hacer lo que les venga en gana y cuando les venga en gana, que al final es lo que hacen siempre.

  2. Los funcionarios hemos acumulado perdidas de poder adquisitivo durante muchos años, en los que la inflación subía en un porcentaje superior al de subida contemplado en las LPGE de cada año para los funcionarios.
    Esa situación puede calificarse como un agravio comparativo, si vemos lo que sucedía en esos mismos años, con los pensionistas y con los trabajadores del sector privado. Los primeros aparecen blindados frente a la inflación, mediante una cláusula de ajuste automático de sus pensiones, con respecto al porcentaje de subida del IPC. Los segundos quedando incluso en mejor posición, cuando gracias a la presión sindical, conseguían fijar por Convenio, subidas por encima de la subida de la inflación (aunque se dañara con ello a la economía general española y ahora lo paguemos todos).

    En tiempos de «vacas flacas» es recurrente poner el ojo en los funcionarios y hablar de reducirlos, de rebajarles el sueldo, etc. Pero hay que decir que faltan en algunos sectores fundamentales como la Justicia y que los hay mal pagados para su nivel de formación, de experiencia y por su contribución al funcionamiento de los servicios públicos y al progreso del país. No niego que haya que suprimir funcionarios, pero se debe comenzar por los falsos funcionarios, o sea: por el personal político encubierto que ha sorteado el rigor selectivo de los sistemas basados en el mérito y en la capacidad, consolidando su posición por clientelismo, amiguismo, servilismo, afinidad de clan o incluso por prostitución; pero no por competencia profesional, ni por fidelidad a la Constitución y a los intereses generales. Dentro de este batallón podemos incluir: interinos, eventuales, «libre designados», personal de confianza, ingresados de mala manera por los caciques locales, en sitios faltos de control jurídico, etc.
    Luego se pueden suprimir muchos «políticos» propiamente dichos, pues tales elementos son prescindibles en una DEMOCRACIA, donde por definición los políticos son todos y cada uno de los ciudadanos que dedican una parte de su tiempo gratuitamente al gobierno de la Cosa Pública, tomando ellos mismos las decisiones que les afectan. Ahora más que nunca las nuevas tecnologías lo hacen tan posible, como en tiempos de la Grecia Clásica, donde había un espacio vacío en la ciudad que no pertenecía a ningún trono, ni reyezuelo, ni sacerdote, ni secta, ni clan, sino a cualquiera que quisiera participar como ciudadano sin más, en el debate y gobierno público de la polis.

    También ahora es momento de abordar un problema de justa distribución de recursos públicos en España, no suficientemente tratado todavía, aunque la gente comience a percibirlo de forma indirecta, por ejemplo: al observar una caida de la natalidad espectacular dentro de la población española en edad reproductiva. La clase política española asigna recursos públicos de una forma que le resulta rentable para su mantenimiento en el poder. Así vemos, por ejemplo, grandes bolsas de población semipasivas y semianalfabetas muy bien tratadas económica y electoralmente por el poder político, pese a su inmovilismo, para cazar grandes cantidades de voto fácil y cautivo; y por otra parte vemos a una gran masa de jovenes urbanos marginalizados política y económicamente, dentro del «reparto de la tarta», pese a que tienen unos niveles formativos y de competencia profesional, nunca vistos en generaciones anteriores, y aun así viven en condiciones pésimas en cuanto al acceso al empleo, a la promoción profesional, a la vivienda, etc. Es como si hubiera una barrera social o política donde pusiera: para pasar arriba no hay sitios, porque ya están ocupados por unos cuantos participantes en el juego. Aquí hay un problema de justicia intergeneracional e incluso una generación perdida o sacrificada de jovenes que no consiguen relevar a la generación anterior, ni pueden ocupar el sitio natural que les corresponde dentro de la sociedad española.Y sin embargo debo decir también que tales jovenes en buena medida se merecen lo que les pasa y la situación que tienen por: su conservadurismo político y social, incomparable con el de cualquier país civilizado, moderno e ilustrado, por su falta de actitud revolucionaria, e incluso por su falta de actitud juvenil.
    Solo una cuestión más para terminar: ¿Alguien se ha planteado por qué el derecho al voto no tiene límite por arriba y lo tiene tan alto por abajo (18 años)? En edades elevadas son abundantes no solamente los bajos niveles de educación e información, sino los casos de alzheimer, demencia senil, etc. Parece que nadie se atrevería ni a plantear la privación del derecho al voto de tales personas, pero mi pregunta es: ¿Como nos atrevemos a negar el derecho al voto a jovenes de entre 12 y 17 años, por ejemplo, donde nos encontramos a personas superdotadas, muy formadas e informadas e incluso a algunos que han montado grandes empresas de informática que dan trabajo a mucha gente y que podrían ser mejores gobernantes que los de ahora? Esta situación no me parece fruto del azar, ni es justa, ni razonable, ni justificable y esta contribuyendo al peso aplastante que tienen dentro de la política española, grandes partidos tradicionales y conservadores, con sus grandes simios al frente, que mantienen a nuestro país en un estado de atraso y quietismo pre-civilizado y pre-moderno.

  3. Está bien ya de ir contra los funcionarios. Yo soy funcionario y no pienso salir a la calle con la cara tapada.- Estamos cayendo en la burda trampa de siempre. El Gobierno, cuando las cosas no van bien, orquesta una campaña en contra del funcionariado con el fin de enfrentar a éste con la opinión pública y como tantísimas veces, poder actuar sobre su sistema retributivo como le venga en gana, (congelaciones salariales, revalorizaciones muy por debajo del IPC, etc. Y ahora el tema pendiente de la carrera profesional, que ya veremos como nos lo aplican, pero me temo lo peor).
    Estáis hablando de que si funcionarios no trabajan o no cumplen

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