La política de personal, un juego serio y con rectitud

La política tiene que ser un juego; juego de conflictos, juego de intereses, juego de grupos, juego de ideas, juego de imaginaciones. Sí todas estas acepciones estuviesen impregnadas en la política, la vida pública, la sociedad, la historia, se escribiría de otra forma más cervantina, especialmente, en lo referente al ámbito de este aserto amanuense relativo a los recursos humanos y relaciones laborales.

Tras más de treinta años estrechamente relacionados con la Función Pública Local, he llegado a la conclusión en el ámbito de la gestión del personal, que cuando la política gubernamental asume riesgo, tensión y antagonismo, de los conflictos salen soluciones nuevas, y los constantes cambios sociales laborales se hacen inevitables para seguir avanzando, especialmente, cuando se exige del sector de los empleados públicos, que sus tareas específicas estén sujetos los resultados a la evaluación por desempeño, conforme a lo establecido en el artículo 20 del TREBEP.

Pero algunos cargos electos y eventuales de libre designación, sin conocimiento alguno sobre las materias, han entendido la política como un juego sin más, un juego deportivo. Qué craso error malinterpretar la confianza de las democráticas urnas. La política es buena administración, la política es tener una excelencia en la calidad en las relaciones de puestos de trabajo, en las plantillas del personal, una equilibrado y armónico manual de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo, la provisión de puestos mediante el sistema de concurso y un sinfín de instrumentos jurídicos que hacen que los empleados públicos puedan desarrollar los intereses generales y sociales, económicos y culturales con el sello de la calidad en los servicios, poniendo de manifiesto las aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

La política de personal no puede quedar en lucimientos personales o parlamentarios, no son histrionismos en mítines o asambleas. La política de personal es eficacia, es seguridad, es la aplicación de las mismas técnicas de gerencia de una buena empresa. No es pasión, ni sentimiento, ni excitación de masas. Cuantos menos demagogos haya, y más de eso, que algunos quieran llamarse, emulando al régimen franquista “tecnócratas” por “gestores”, que son los técnicos vistos por lo que les tienen envidia, mucho mejor.

Por supuesto que nadie puede defender la demagogia en el siglo XXI, aunque de ésta hay más clases de las que podamos pensar. ¿Qué mayor demagogia que la de pretender que un grupo de empleados púbicos lo saben todo? Habría que demostrar primero que ellos tras demostrar sus capacidades y habilidades en los procesos selectivos son los mejores profesionales en su ámbito de actuación administrativa, los mejores abogados, los mejores graduados sociales, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, y no los más adocenados y sin iniciativa; habría que probar que no hay cosas que están fuera del alcance de toda burocracia, condenada a hacer verdadero el mito de Aquiles y la tortuga; habría, en fin, que demostrar que el sistema no se presta a toda clase de golpes de mano por parte de los oportunismos políticos y grupos de presión.

Algunos hemos llegado a pensar que no hay fórmula perfecta, pero habría grandes probabilidades de regeneración. Claro que la primera condición es que el Estado y las Comunidades Autónomas sean eficientes, la Administración Local útil; el bienestar  mínimo, asegurado, y con tendencia a un desarrollo real y justamente repartido.

Nadie duda ya, en pleno siglo XXI de la absoluta descentralización competencial de las Diputaciones y los Ayuntamientos, lo que supondría un mayor estímulo en la clase política electa y sus asesores; y también parecería evidente que, sí hay participación de los empleados públicos, el esfuerzo social es mayor. Planificar y administrar está muy bien, pero ¿quién planifica a quién? ¿quién planifica a los planificadores? ¿con qué normas se va a planificar? Y, sobre todo ¿quién hace luego las cuentas?, los secretarios – interventores o interventores de fondos, no me refiero solo a la contabilidad económica sino a lo que se exige actualmente una contabilidad social de cuyo resultado no óptimo pueda exigírsele deberes políticos.

Actualmente, la Función Pública con independencia al Subgrupo de Clasificación al que pertenezcan, en un porcentaje muy elevado poseen titulaciones académicas a nivel universitario de Grado con máster de habitación o de doctorado u otros, y salvo que tengan autorizada la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, ¿cómo van a aceptar, a la larga, el no intervenir más que pasivamente en la vida de la administración y en las grandes decisiones adoptadas por los plenos de las corporaciones municipales o provinciales o juntas de gobierno ? Hoy día mantener este rol es sumamente dañino para el trabajador y para la propia empresa pública. Incluso de seguir así, las mejores vocaciones de servicio público, cuando lleguen épocas más halagüeñas se irán al tejido empresarial privado por ser éste más cómodo para el desarrollo profesional y, por supuesto, mejor retribuido, cuándo no, la movilidad interadministrativa.  

En conclusión, el orden político con especial referencia en el ámbito de la Función Pública Local, se justifica si produce un orden social justo, y si se promueve con eficacia su desarrollo reglamentario hacia niveles más altos de eficacia y de justicia social, evitando en todo caso, el desorden con el emblema de la Justicia representado por una espada y una balanza para ser perseguidas conductas ilícitas y evitar las desviaciones individuales cuando son inmorales.