Por smartificar de entiende el uso global, intensivo y sostenible de las tecnologías de la información bajo el principio de servicio para la mejora de calidad de los ciudadanos (Universidad de Alicante, 2016). Esta definición es correcta, pero a mi entender excesivamente genérica y requiere de algunos matices. Primero, enfocar solo a las tecnologías de la información a la mejora de la calidad de los servicios puede contribuir a cristalizar un error del pasado con la renovación tecnológica. Durante la última década, las administraciones públicas han invertido de manera acertada en tecnología para lograr proveer servicios públicos e información a los ciudadanos de manera mucho más amigable (webs institucionales, webs de transparencia, trámites on line, etc.). Pero, en cambio, no han aprovechado la revolución tecnológica para renovar sus sistemas internos de gestión. Se trata de una gran paradoja: modernizamos el front office pero el back office sigue operando de manera arcaica exactamente igual que durante el siglo pasado. ¿Cómo es posible renovar solo la sala de mesas a los comensales de un restaurante si la concina sigue funcionando de manera tradicional? Las empresas punteras después de su inmersión en la tecnología trabajan y se organizan de manera totalmente distinta. La Administración pública trabaja y se organiza exactamente igual, pero eso sí: con sistemas modernos de interacción con la ciudadanía y, como mucho, reduciendo una parte de la papelería al formato digital. Esta realidad es muy preocupante y puede condicionar negativamente la implantación de la smartificación en el presente y en el futuro. Smartificación de la Administración pública implica actualmente la utilización del big data con tres objetivos básicos: a) mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos; b) mejorar la inteligencia institucional para incrementar la capacidad en la toma de decisiones, de control y evaluación de las políticas públicas; c) Mejorar la inteligencia institucional para lograr mayor capacidad para ejercer el papel de dirección de las complejas redes de gobernanza públicas-públicas (administración nuclear versus administración instrumental: organismos autónomos, empresas públicas, consorcios y fundaciones) y públicas-privadas (colaboración con organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro). Solemos atender solo el primer objetivo cuando los otros dos son mucho más relevantes y permiten, además, maximizar una mejor y renovada atención al ciudadano. Es ya una tradición en la implantación de la tecnología en la Administración pública ubicar el carro delante de los caballos. Por tanto, a mi entender por smartificación de la Administración pública deberíamos proponer la siguiente definición “proceso para lograr mayor inteligencia institucional para gobernar las complejas redes públicas y privadas con el objetivo final de aportar valor público a las actividades administrativas y atender de manera proactiva las necesidades de la ciudadanía”.

Hay una reciente encuesta sobre la necesidad de las administraciones públicas de mejorar o disponer de servicio de análisis de big data (Observatorio Vodafone, 2018). Los datos son estremecedores: solo el 18 por ciento de las administraciones públicas consideran que es necesario disponer de este servicio aunque con un posicionamiento bastante relajado (solo el 2 por ciento lo considera como una medida urgente a corto plazo por el 10 a medio plazo y el 6 a largo plazo). El 66 por ciento no lo considera importante en absoluto ni cree que no necesita. Por niveles de administración la necesidad de disponer de un servicio de big data solo el 9 por ciento de las Comunidades Autónomas lo consideran necesario por el 26 por ciento de la Administración General del Estado. Las administraciones más sensibles a esta necesidad son las ciudades con más de 500.000 habitantes en las que el 47 por ciento creen que es una medida necesaria y urgente. Como en España solo hay 6 ciudades con este volumen de población quiere decir que la utilización del big data como proceso de smartificación de la gestión pública solo les preocupa a tres ciudades.

Al menos hay tres ciudades que están en consonancia, pero atrasadas, en los grandes procesos de smartificación de la gestión de las ciudades. Por ejemplo, en Londres han cambiado todas las paradas de los autobuses una vez analizado el big data adquirido a las compañías telefónicas en los que se pudo detectar los movimientos reales de los ciudadanos y así adaptar el sistema de transportes a sus necesidades. Pero lo que clama al cielo es que las Comunidades Autónomas solo manifiesten un 9 por ciento de interés en el big data cuando prestan los servicios esenciales para los ciudadanos (educación, sanidad y una parte importante de los servicios sociales). Estamos dormidos. Por ejemplo, en materia de sanidad hay un convenio entre Harvard y cientos de hospitales en el que se intercambian los múltiples datos de monotorización de los pacientes en cuidados intensivos. Con este big data ya han creado un programa de inteligencia artificial en el que un ordenador analiza los datos de un paciente en cuidados intensivos y decide el tipo de intervención médica. El médico responsable de cuidados intensivos analiza esta decisión de inteligencia artificial y si coincide se implementa el tipo de cuidado médico consensuado y, si hay discrepancia (nada habitual) se solicita la opinión a un tercer médico. Es obvio que dentro de poco la medicina va a estar en manos de la inteligencia artificial ya que los diagnósticos médicos son, en la gran mayoría de las ocasiones, complejos sistemas de probabilidades estadísticas y aquí la inteligencia artificial tiene todas las de ganar a la experiencia de un profesional médico por muy dilatada que ésta sea. Y no hace falta poner ejemplos de la revolución de la función docente gracias a la tecnología.

Finalmente, también es preocupante que solo preocupe al 26 por ciento de los altos funcionarios de la Administración General del Estado el uso del big data. No hay que ir muy lejos para certificar su atraso tecnológico y solo basta con observar al Gobierno de Andorra que ha adquirido los datos sobre sus ciudadanos en manos de las tres compañías telefónicas que operan en el país para transferirlos a la universidad de Boston, MIT, para que apliquen inteligencia artificial y así mejorar todos sus servicios a la ciudadanía.

En España las administraciones públicas andan sesteando con la smartificación. Nos quedamos hace años con poner censores en las papeleras y en las calles y, además, sin saber muy bien cómo gestionar esta información y seguimos sin enterarnos de cómo está evolucionando el mundo en materia de big data y de inteligencia artificial.

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