Ya hace algunos días que se ha abierto el debate sobre la Ley de Presupuestos 2009, con un escenario macroeconómico que nada tiene que ver con el de años anteriores. La velocidad con la que se está deteriorando el estado de las cuentas públicas es alarmante. Esto, unido a los problemas de liquidez que está atravesando el sector financiero, ha subido el tono en la negociación del Gobierno con los responsables de las arcas de los 8.112 municipios, que no saben de donde van a salir los recursos para cuadrar las cuentas del próximo ejercicio.
Bajo mi punto de vista debemos analizar el problema considerando: el nuevo escenario económico y las alternativas que hay en este momento para hacer frente a la bajada de la recaudación por tasas e impuestos. Una vez hecho esto, estaremos en condiciones de elaborar un modelo de financiación local que pueda atender los déficit que, con toda seguridad, se van a producir en los próximos ejercicios.
El cuadro macroeconómico previsto para los dos próximos años, da muy poco margen para resolver el problema. Cerraremos 2008 con un déficit cercano al 1%, alcanzaremos casi el 2% en 2009 y seguramente superaremos el 3% en 2010. Con este escenario, la generosidad del Gobierno Central con los Municipios, está muy limitada. De hecho, para el próximo ejercicio hay anunciada una rebaja del 0,6% nominal de media para todos los ayuntamientos. Esta cifra sería irrelevante, si no tuviésemos en mente la extraordinaria reducción de ingresos que está suponiendo para las arcas municipales el frenazo de la actividad inmobiliaria. Es en este apartado y no en otros, donde tenemos el Talón de Aquiles de la financiación local.
Desde que en 1992 el Tribunal Constitucional falló a favor de las Autonomías y Municipios en lo referente a las competencias urbanísticas, se puso en marcha un proceso que, alentado por una coyuntura económica muy favorable, fomentó el desarrollo de numerosos proyectos urbanísticos, con el fin de cuadrar los presupuestos municipales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Ahora, después de haber experimentado un largo período de bonanza, nos encontramos con que el crecimiento en infraestructuras y servicios experimentado por numerosos ayuntamientos en los últimos años, ha elevado el gasto corriente a unos niveles muy difíciles de soportar con la actual coyuntura. La solución a corto plazo pasa por el recurso al endeudamiento. A medio y largo, por una subida gradual de impuestos.
La FEMP ha buscado el protagonismo en las últimas semanas, reclamando la prometida Ley de Financiación Local y la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un Nuevo Estatuto del Gobierno Local. Es probable que ambas vean la luz y marquen las pautas de lo que tiene que ser la Financiación Local del siglo XXI. Sin embargo, la solución del reparto desde la Admón. Central a los Municipios, difícilmente podrá solucionar los excesos generados por unos desarrollos urbanísticos, pensados para unos crecimientos de población que, en muchos casos, nunca se producirán.
El boom inmobiliario llevó a muchos ayuntamientos a engordar de manera excesiva su plantilla (funcionarios, laborales y cargos de confianza) y los gastos corrientes, dejando las inversiones para mejor momento.
Y qué decir de los que han entrado en política para forrarse y llenarse los bolsillos (Zaplana dixit), con múltiples escándalos de corrupción y delitos que el Código Penal establece como de funcionarios.
Es un buen momento para que los municipios empiecen a ser gobernados por gente honrada, y no por charlatanes.
Los funcionarios que en ellos trabajamos nos lo merecemos.
Hoy el Conseller de economía de la Generalitat Valenciana reclama más dinero al gobierno central para los Ayuntamientos…
Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las competencias impropias (o inapropiadas) que han asumido los ayuntamientos corresponden a las CCAA (educación, salud, bienestar social…), y que el Estado gestiona únicamente (Montoro dixit) un 22% del gasto público (más pensiones), mal vamos si los responsables autonómicos siguen mirando al Estado para solventar los problemas de la financiación local.
En muy escasos Ayutamientos se ha dispuesto de eficientes gestores y previsores económicos, y cuando los hay, los politicuhos semi-analfabetos que pululan en casi todos ellos han tirado por la borda la buena administración financiera. Lo que Vd. dice me aprece un saludo al sol. Parece que quiera justificar el delpilfarro constante en que incurren la mayoría de Municipios, por no hablar de los delitos de prevaricación, apropiación, etc. en que han incurrido una buena parte de los políticos de los mismos. Ahora vienen a llorar al Estado para que les soluciones los problemas, ¿porqué no lloran a los responsables autonómicos, al fin son Entes de las Ajutonomía?, eso si, demandan comeptencias a troche y moche cuando son incapaces la mayor parte de ellos de cualquier cosa que no sea vigilar la zona azul e imponer sanciones a todas luces ilegales por conculcación de ordenanzas -ellos dicen de tráfico- municipales, puramente afán recaudatorio. ¿Donde están los millones que se han ganado de forma desaforada durante estos años?, yo se lo diré a Vd. sr. Secretario-Interventor, en parafernalias absurdas, en retribucioens a entidades y personas afines a su ideario político, porque el problema de este pais no es otro que los políticos, que creen que los Ayutamientos y las regiones son suyas, es decir que les corresponde por derecho de conquista. Jamás han entendido que han sido elegidos para adminsitrar una comunidad, con honrradez, eficacia y eficiencia. Podría referirme a una batería de legislación conculcada, a una buena parte de concejales, alcaldes…y porqué no decirlo, Secretarios, Inerventores y Secretarios-Interventores que han mirado a otro lado entretanto los politiquillos de turno hacían barrabasadas. Loq ue Vd. manifiesta aquí lo sabemos todos los que tenemso un ápice de dignidad personal, algo simple, pero dificil de encontrar. Si hubieramos presentado demandas ante la justicia ordinaria y no solo para eliminar al rival de turno, otro gallo nos cantaría. pero seguro que los que sean dormirán todas las noches pensando que que imbéciles son los vecinos y que listos son ellos, aunque también se puede argüir, que esos vecinos se merecen lo que les sucede, incluido la subida de impuestos, por permitir los desafueros que han permitido. Las culpa, señor mío, hay que repartirlas y las penitencias también.