Ante este clima de crisis y catástrofe en el que andamos metidos estas semanas y meses ya, andaba yo últimamente preguntándome cómo vamos a hacer en los Ayuntamientos para salir del paso. La endémica, obvia y siempre denunciada insuficiencia financiera local, se agrava por momentos y uno se pregunta en realidad qué ha pasado; porque evidentemente han descendido los ingresos provenientes de la construcción y de las transacciones inmobiliarias (ICIO, IIVTNU, convenios) e incluso ha podido descender algo el IBI pero ello no es razón para que nos veamos inmersos en una situación ciertamente de penuria. Y es que el quid del problema está también en el gasto, que ha crecido de una forma desmesurada en los últimos años sin que los ingresos hayan tenido la misma progresión.
Aparentemente el tema es simple, conviniendo un determinado valor para equis hace cinco años (por un poner), gasto ahora equis por tres e ingreso equis por uno y medio o por dos, con lo cual al cabo del tiempo deja de cuadrar el balance. Pero no es tan simple quizás si se piensa que en realidad todo esto deviene, además del problema económico generalizado, de una determinada concepción política y social del Estado. Resumiendo mucho, hay algunos factores que convendría en todo caso resaltar:
Primero. Las competencias impropias a las que ya nos hemos referido en alguna ocasión, o lo que es lo mismo, en este país toda administración territorial que se precie parece ser que debe entrar en todo lo que pueda o se le ocurra, si no, no es nadie. Así los Ayuntamientos, que es nuestro ente de referencia, con aquella estupenda fórmula del círculo de intereses y las aspiraciones de la comunidad vecinal igual entran a hacer piscinas cubiertas en pequeños municipios que envían ayuda a Sri Lanka por el famoso tsunami, dan becas de comedor, compran material para el consultorio médico local, subvencionan un deficiente transporte público con la capital para mejorarlo, construyen museos o facilitan internet a todo el mundo, sin contar, por supuesto, con hacer unas fastuosas fiestas. La pregunta es: ¿es que el Ayuntamiento tiene que hacer todas esas cosas o las tiene que hacer otra Administración o (incluso) las tiene que hacer alguien que no sea la pura iniciativa privada?. ¿Estamos haciendo cosas que deberían hacer otros y no hacen?. ¿Esas cosas son absolutamente imprescindibles?
– Respuesta/s (aunque el tema da para mucho): Tenemos un serio problema de distribución de competencias que nadie parece querer afrontar. Con demasiados niveles: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Comarcas (Aragón, Cataluña) y Ayuntamientos. ¿Cuáles de esas administraciones, por ejemplo, no tiene un departamento de cultura, deportes, bienestar social etc…?.
– Reflexión: ¿porqué no definimos y cerramos de una vez el sistema político-administrativo competencial?. Sí, impensable, pero si nuestros partidos fueran (sólo algo) más generosos, sin tener siempre a la vista elecciones y consiguientes posibles prebendas, llegarían a un acuerdo en este sentido.
– Ventajas de la claridad competencial:
a) Cada uno sabría qué cosa concreta tiene que hacer.
b) Sabría qué cosa no debe hacer.
c) Se establecería un sistema estable, lógico y suficiente para financiar los servicios (¿o no?)
d) El ciudadano no se volvería loco y trataría de entender algo sin tener que ir a la Universidad; sabría a quién debe exigirle las cosas, si es que hay que exigírselas a alguien, cosa que no siempre está tan clara.
Bien, dejo ahí la cuestión para debate.
Segundo. En el indefinido sistema de distribución competencial en el que todos son competentes para todo, llega un momento en que no se puede traspasar un límite. Un obrero normal no podrá seguramente tener nunca un cochazo, tendrá que conformarse con uno medio a no ser que le toque la lotería o se vuelva loco y descabale la economía familiar a costa de darse un gusto, cosa nada recomendable. Pues eso, en nuestro caso ¿dónde está el límite de los servicios / inversiones que un Ayuntamiento normal puede prestar o hacer?.
Más servicios son inicialmente más inversiones pero después son más gastos corrientes fijos. Lo que habitualmente ilusiona más a todos es, de momento, gastar en inversión, poner en funcionamiento el servicio y luego ver qué pasa. Y lo que pasa es que muchos de esos servicios son deficitarios y nuestros consistorios se resisten numantinamente (y abiertamente) o haciéndose los locos a cobrar al ciudadano lo que verdaderamente cuesta el servicio, dado probablemente el coste político que eso tendría. Si ya sé que eso de las tasas y precios públicos está muy bien pensado, pero eso es sólo en el papel.
Tercero. El sistema no deja de ser perverso y parte de estas premisas:
– El Ayuntamiento por definición siempre carece de recursos suficientes.
– Si el Ayuntamiento quiere invertir, acude a las instituciones benefactoras (DDPP, CCAA, Estado) quienes de la forma más variopinta en tiempo y forma convocan bonitos planes/ayudas/programas de todo tipo, prácticamente siempre, para nueva inversión.
– De ese gasto financiado con la subvención finalista, el Ayuntamiento tiene que poner un porcentaje equis. Si es mucho ese porcentaje equis, debe renunciar directamente a la dádiva, porque ni aun así le llega. Por lo tanto esos fondos irán a parar a Ayuntamientos más grandes que sí puedan ‘ponerlas’ o no se concederán a nadie.
– En la hipótesis que sí que ponga su porcentaje –a toda costa se tratará de hacerlo- qué bien, ya ha creado el servicio aunque sea endeudándose. Y éste empieza a funcionar, pero en muchas ocasiones sin estudiar cuánto cuesta anualmente. Sólo al cabo del tiempo se da cuenta el Ayuntamiento que no le llega con lo que normalmente ingresa.
– Al año siguiente se repite la historia.
Total, que los fondos ordinarios son los que son y llega un momento en que con esos fondos no se pueden prestar todos los servicios o mantener todas las inversiones. Y llegará la dolorosa decisión quizás de tener que ‘cerrar’ algunos de ellos. Y me pregunto dónde están los límites de los servicios que un Ayuntamiento puede prestar en estos tiempos en que estamos zarandeados por una crisis inmisericorde. Mi experiencia personal es que casi todos nos hemos metido a cocinar demasiados pasteles y cuando estamos metidos en harina hasta arriba clamamos en el desierto para que alguien se apiade de nosotros.
Por cierto, se debería entender que las decisiones económicas se toman aplicando recursos siempre escasos a necesidades siempre crecientes y alternativas. O dicho de otra forma. Como se tiene poco dinero, hay que elegir bien dónde gastarlo.
Hay ciertamente un problema de articulación de competencias, y en su indefinición tienen responsabilidad los partidos que gobiernan Madrid y la comunidad, pero también hay una cultura individual que considera que las cosas son gratis y que la administración y al final el Estado han de resolver sus objetivos personales. Y esta presión se traslada de modo irracional a los ayuntamientos, compuestos por personas que piensan así también. Es una cultura política no basada en la responsabilidad individual. Dicho de otro modo: que pague el Estado, no yo. el debate político sobre los temas que muestra inteligentemente el articulista deberían empezar por «cuánto cuesta», no acabar por ahí. Ya decía Montesquieu, y muc hos otros ilustrados, que no se puede gastar más de lo que se ingresa porque la deuda es un factor de desigualdad y puede llevar a la revolución. Y la revolución llegó. Vaya si llegó.
Y además de todo lo que relatas, qué pasa cuando la compentencia le viene impuesta al Ayuntamiento por las otras dos Administraciones territoriales, Estado o Comunidad, como ocurre con la Ley de Dependencia, como puede defenderse el Municipio que no quiere más competencias, pues no hay que olvidar que ésta es «irrenunciable», en definitiva que estamos cogidos.
Aunque Don Ignacio Pérez dá ciertamente en el clavo, y todo lo que dice es absolutamente lo que ocurre en nuestros Ayuntamientos, lo cierto es que son los políticos absurdos que tenemos los que han llevado tanto el cántaro a la fuente que al final se les ha roto.
Sin embargo supongo que Don Tadeo Horias hace referencia a Francia, porque aquí, que yo sepa nos e ha producido jamás una revolución que no haya sido el chabacano pronunciamiento de algún sargento en La Granja, o algún general aislado. Revoluciones se han producido en Francia, Alemania, Rusia, Italia y hasta en Portugal, pero aquí, con la amuermada ciudadanía que tenemos ni se han producido ni se producirán, y si se producen, ojala lo hicieran, de poco servirían porque al final todo quedará igual o peor, porque, señores, nos falta lo principal, sentido común y cultura. Lo demás son paparruchas.
Es cierto que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y que cualquiera con sentido común podía prever que la debacle económica en que nos encontramos era algo cantado porque si leemos algo de Historia Económicas sabremos que nuestros capitalistas se han dedicado, casi todos ellos, y siempre a comprar «cédulas del Estado» o sea Deuda Pública que les suministrara un vivir holgado. Eso del riesgo, la actividad económica productiva y otras zarandajas no ha ido ni vá con ellos, incluso los grandes inversores e industriales del S. XIX y principios del XX lo eran en base a la protección del paternal Estado, y eso siguió así hasta bien entrados los años 60 anteriores. Ahora nos qieren hacer comulgar con ruedas de molino, pero lo cierto es que aquí hasta los más depredadores de todos ellos, los Bancos y Cajas, pider «arnica» con voz en grito. Así que ¿que pasa con mi revolución?…lo dejamos para otra centuria hermano.
En cuanto al gasto…hubo por ahí en tiempos unos hombres que creyeron que aplicando la Ley de Estabilidad Presupeustaria estaba todo arreglado…¡que ilusos!, deberían conocer más a los españoles y sobre todo a esos que se denominan «políticos» y que más que eso son gallinas en ponedero ajeno. ¡No nos queda que pasar!.
Un saludo y que no cunda el desánimo, a ver si alguien pone en marcha por fin una revolución, pero de verdad.