Podemos destacar la importancia que tiene en el ámbito contractual los suministros a la luz de lo que está ocurriendo en la actualidad. Como vemos día a día el mayor problema para afrontar esta crisis sanitaria es el suministro de material sea crítico o no: mascarillas, geles hidroalcohólicos, servicios de protección individual, test para el análisis de infecciones, camas, respiradores en los centros asistenciales.
Desde el primer momento cada una de las administraciones empezó a pedir a la otra el suministro de un material del que todas carecían, obviando que el 6 del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma establece que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias (en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma que no se dieron para estas adquisiciones).
La paradoja es que cuando afrontamos desde la administración local reforzar los equipamientos de los cuerpos policiales locales nos encontramos que la propia guardia civil y la policía nacional iban sin protección, cuando intentamos (ya que nuestros proveedores se quedaron sin productos, muchos de ellos requisados) ampliar la compra de EPIS específicos para el servicio de ayuda a domicilio o la de los trabajadores de la residencia de mayores veíamos que el propio personal de los hospitales carecía de eso medios, no digamos ya la petición de test (ya sea para los que trabajan en servicios esenciales, ya para colectivos de riesgo), que aún no se lo están proporcionando para el propio personal sanitario que está luchando en primera línea en el epicentro de la enfermedad. Afortunadamente la compra de alimentos y paquetes de supervivencia para personas vulnerables las teníamos más o menos resuelta a través de los excelentes servicios sociales comunitarios.
Que la administración no haya acudido a la industria española o la propia europea en el marco del mercado interior, que haya sido incapaz no ya de auto abastecerse de respiradores, sino de simples mascarillas, geles hidroalcohólicos o EPIS para asegurar al personal que presta los servicios públicos y su propia población, que esté teniendo que traerlas de China (¿dónde han quedado los criterios sociales y medioambientales de la contratación pública?), y por ello acudir a un desastroso mercado internacional, lento, opaco e ineficaz, es algo que nos debe preocupar mucho. No digamos nada del escaso sentido que tiene que en cada uno de los niveles de la administración cada cual haya comprando lo mismo por su lado. Estamos ante un rotundo fracaso de la contratación pública estratégica.
Estas adquisiciones debían haberse centralizado e instrumentado a través de contratos de suministros de los previstos en el art. 16.3 c) de la LCSP, mediante la fabricación, con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la administración. España tiene una potente e innovadora industria textil o de calzado (que se anticipa a la producción antes de que sean tendencia de moda), es el sexto país en producción farmacéutica, e incluso la industria automovilística ha construido y homologado en tiempo record respiradores. Sabe responder de una manera rápida y de calidad a las demandas existentes, especialmente a nivel local donde hemos visto la espontánea e ingeniosa producción de equipos de protección por la propia sociedad civil.
Otros países que fueron inicialmente expuestos al virus han demostrado un gran éxito en la fabricación de estos bienes, y no han tenido siquiera que confinar a todo su población: Corea del Sur. Bien es cierto que ellos tenían alguna experiencia al haber enfrentado antes a las epidemias del SARS y MERS pero no cabe duda que en los sectores en los que hay que contar con buenos suministros como es: salud, energía y transporte público, están en el mejor nivel mundial. Han conseguido fabricar test de forma masiva desde el primer momento lo que ha contribuido a minimizar la infección. No se si cuentan con un estado de bienestar pero al menos sí con uno de estar bien.
Que este fracaso, que conlleva mucho dolor, nos sirva para mejorar los sistemas de compra pública. Que los ayuntamientos dispongamos de sistemas dinámicos de adquisición (previstos en el 223 y ss de la LCSP) de suministros básicos, esenciales, críticos debe constituir una prioridad de los gobiernos locales. Y la Administración General del Estado habrá de reflexionar si no debemos contar con sistemas de racionalización de la contratación, a un nivel estatal o incluso europeo, que permita en situaciones como la actual la compra centralizada de los mismos.
Estoy completamente de acuerdo con las reflexiones a las que llegas en tu entrada, todas las previsiones y requerimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público han sido arrastradas por el suelo en nombre de la emergencia. Y todos los ayuntamientos han sucumbido a la tentación, incluso los más pequeños.
Yo trabajo en una agrupación de secretarías y me ha pasado lo que cuentas en tu entrada, estuvimos esperando la respuesta de la comunidad autónoma y de la subdelegación del gobierno hasta que nos cansamos de esperar, y cuando nos lanzamos a buscar por nuestra cuenta el panorama era de sálvese quien pueda. Cuento mi experiencia en esta situación en mi entrada «Alcaldías en pugna: coronavirus mask race!», que puedes leer en mi blog secretariuchodetercera.blogspot.com. Esperemos que esta mala experiencia ayude a que seamos administraciones más eficaces y eficientes ante futuras pandemias como anhelas en tu entrada.