Los Funcionarios de Habilitación Estatal, Verdaderos Consejeros de los Gobiernos Locales

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Los Funcionarios de Habilitación Estatal, Verdaderos Consejeros de los Gobiernos LocalesCada día se hace mas patente el incalculable valor jurídico y humano de los servicios que diariamente prestan los funcionarios/as de habilitación de carácter estatal en el normal y eficaz funcionamiento de las Administraciones Locales.

En ese amplio océano del derecho administrativo, cada vez mas extenso y complejo, con una profusa y abrumadora emisión de normas de distinto rango legal y/o reglamentario, de forma que, en no pocas ocasiones se hace difícil determinar la vigencia de un determinado precepto, la vigencia o derogación de otros, la aplicabilidad o no de determinadas disposiciones en el ámbito de lo local, todo ello dentro del marco de una multiplicidad de administraciones públicas, local, provincial, comarcal, autonómica, Central y Europea que de forma directa o indirecta, en el ejercicio de competencias propias o impropias, despliegan su actividad, afectando en mayor o menor medida, la actividad y funcionamiento de las Entidades Locales, navegan esos esforzados hombres y mujeres de la habilitación estatal, en buques, muchas veces, con escasos medios materiales y personales, en aguas y mares donde no falta el fuerte oleaje.

En ese difícil pilotaje por parte de los gobiernos locales de las naves de sus municipios, mención especial merece la labor de consejo y asesoramiento a los Alcaldes y concejales por parte de los Habilitados/as de carácter estatal.

Con mayor o menor acierto pero siempre con la mejor de las voluntades en colaborar con los Gobiernos Locales en dar forma y cauce a las ideas y proyectos de las autoridades municipales, el papel de los habilitados/as habría de estar siempre encaminado en buscar soluciones, alternativas, procedimientos que, en el marco de una normativa cada vez mas prolija, diversa y compleja, pueda dar cobertura al legítimo deseo de los capitulares de prestar mayores y mejores servicios públicos a sus vecinos.

En modo alguno deben interpretarnos nuestros alcaldes y concejales como fiscalizadores puros y duros o como representantes de la censura decimonónica o el reparo indiscriminado  sino muy al contrario, como leales colaboradores, consejeros de lo jurídico y de lo humano, amantes del servicio público, entendido éste en su mas noble y amplio sentido pues no en balde nuestra experiencia y avatares, en casos y situaciones tan diversas y dispares, son nuestro mejor bagaje y nuestro mejor equipaje, adornado todo ello con las mejores herramientas en la interpretación del Derecho que no pueden ni debieran ser otras que el sentido común, la humanidad, la equidad y la prudencia.

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Valeriano Lavela Pérez es Secretario General en el Ayuntamiento de Fuengirola. Anteriormente fue Secretario-Interventor en los Ayuntamientos de Adamuz y Villaviciosa. Está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Córdoba.

7 Comentarios

  1. No creo que los habilitados estatales deban ser «consejeros» de los gobernantes locales más que «fiscalizadores» puros y duros (como los denomina). Sus funciones son las que define la legislación, y en el caso del Interventor su función fiscalizadora es clara. En el caso del Secretario, sus funciones de asesoramiento legal preceptivo (no se olvide que el preceptivo) y fe pública, como todos sabemos. Los habilitados estatales son funcionarios públicos, especialmente cualificados, y que deben regirse siempre por el principio de legalidad, y por el de neutralidad y objetividad (como dice nuestra CE para la Administración Pública). O se fiscaliza o no se fiscaliza, pero no creo que eso sea ser fiscalizador «puro y duro» o «controlador decimonónico». Cuando las cosas sean correctas, se informa favorable, y en caso contrario se repara.
    Claro que si de lo que se trata es de que los habilitados estatales sean más políticos que funcionarios, deberían cambiarse las leyes y privarles precisamente de esas funciones. La libre designación (y con ello sueldos elevadísimos) está contribuyendo muy bien a que estos funcionarios pretendan dirigirse más a las vías de la política que a las funcionariales y de legalidad.
    Mucho para reflexionar
    Es un asunto que debe hacernos

  2. La situación política en España y la de su Administración Pública, traspasadas por la corrupción y el menosprecio a la supremacía del Derecho, con todas las consecuencias que derivan de ello, aconsejan que los habilitados estatales cumplan en primer lugar y estrictamente lo que dice la Ley, cuando aconsejen; y no digamos ya en las funciones de intervención. Aunque no sirvan de nada estos controles, al menos quedarán a salvo su responsabilidad y ética profesionales. En cuanto a la interpretación del Derecho a la que se refiere el Sr. Lavela al final de su artículo, hay una serie de métodos científicos para ello y un interés público a tener en cuenta como guía. Desde luego, no se puede y no se debe dejar la interpretación del Derecho, única y exclusivamente, al albur de cosas tan manipulables y etéreas como el sentido común, la humanidad y la prudencia que nos recuerdan los sibilinos discursos del jesuítico Presidente de la CEDA, Gil Robles, cuando ensalzaba virtudes como la paciencia, mientras iba tramando la sublevación militar de 1936. Por tanto, en este caso, estoy más de acuerdo con el comentarista que con el articulista.

  3. He tenido que releer el artículo por si había entendido mal al Sr. Lavela, todo ello por la interpretación que parecen darle los comentarios siguientes… y no, lo entendí bien, y ‘yo acuso’ (con todo el cariño y con ánimo constructivo) la interpretación de los comentaristas:
    – Al Sr. de la Casa: Si los habilitados estatales asumen la labor de fiscalización ‘pura y dura’, mal vamos, se pierde todo el sentido que quiere darlse el Sr. Lavela y estaremos jodidos… ‘Vd, haga, haga, que ya me encargaré yo de fiscalizarle y decir NO, con la ley en la mano off course’, de modo que convertimos al habilitado en una suerte de castillo que asaltar para seguir quejándonos de injerencia política hasta el infinito y más allá.
    – Al Sr. González: ¿que cumplan la ley cuando aconsejen? ¿y dónde ha sugerido Lavela que se salten la ley al aconsejar? Si la función de los habilitados es ‘dejar a salvo’ su ética y responsabilidad, volvemos a estar jodidos…
    Cito:
    [quote]colaborar con los Gobiernos Locales en dar forma y cauce a las ideas y proyectos de las autoridades municipales, el papel de los habilitados/as habría de estar siempre encaminado en [b]buscar soluciones[/b], alternativas, procedimientos que, en el marco de una normativa cada vez mas prolija, diversa y compleja, pueda dar cobertura al legítimo deseo de los capitulares de prestar mayores y mejores servicios públicos a sus vecinos[/quote]
    ¡Bien por Lavela! Creo que ese es el camino, y creo que nuestras vetustas leyes adaptadas por modernos Estatutos Básicos, tenían en ese el fin último del papel del Habilitado; cubrir el [b]desconocimiento del complejo entorno jurídico[/b] que se supone al electo, con la mejor de las voluntades de colaboración, y no como un papel reaccionario y presuponiendo corrupción y menosprecio al Derecho… No creo que esté proponiendo ni más ni menos que el ‘interés público a tener en cuenta como guía’ al que alude el Sr. González.

  4. Replicando al anterior comentarista:
    La función del habilitado no es por supuesto de carácter destructivo: propuesta que se plantee, propuesta que se informa desfavorable. Para nada. Por supuesto creo que deben buscarse soluciones, siempre dentro del marco de la legalidad. Pero el problema es que argumentando que siempre hay una solución, y que debe «colaborarse» suele pretenderse decir otras cosas: que si lo que se propone por el político es una barbaridad que no hay por donde cogerla, no debe informarse negativamente, sino al revés, «buscar una solución», que para eso lo hacen en el pueblo de al lado, y que para eso el político paga al habilitado… La presión política es inevitable, pero suele ser presión para hacer lo que es imposible jurídicamente (como que se contrate directamente con la empresa X, y que se salten todos los principios de la contratación pública). Para lo correcto, no suele haber «presión» o «injerencia política».
    Estamos de acuerdo que debe siempre informarse y actuar con arreglo al principio de legalidad. Eso parece. Luego estamos todo de acuerdo. Ahora, si bajo expresiones como la imprescindible eficacia, la agilidad, o es que esto no perjudica a nadie, se quiere incumplir la ley, tachando al que se opone a esta pretensión como fiscalizador» puro y duro, entonces no estamos de acuerdo.
    Y eso de modernos Estatutos Básicos, admitiría otro debate aparte, pues muchas «vetustas leyes» tienen una calidad infinitamente mejor que modernas leyes muy discutibles.

  5. Que un órgano fiscalizador le diga «No» a un político, aplicando la Ley, no tiene nada de reaccionario, sino al revés; y además no sirve de nada, pues el político puede pasar por encima de los reparos del Interventor. Sr.Antonio: sin controles y sin contrapesos no hay Estado de Derecho, ni tampoco Democracia. A ver si se acostumbran de una vez al cambio de régimen político. Alguien tiene que fiscalizar alguna cosa, aunque en España eso no funcione, aunque quien asuma esa responsabilidad acabe jodido, como Ud. dice, y aunque coseche la incomprensión de todos los pícaros que hay en España, conocedores de lo rentable que resulta no cumplir la Legalidad, sino esquivarla, no tener más «ética» que la del provecho y reirle las gracias y lamerle el culo al déspota de turno, ya sea Franco o el cacique de su pueblo. Si la función de los habilitados no es salvar su responsabilidad y su ética, como dice el Sr. Antonio, entonces yo me pregunto ¿Cual es? ¿Hacerse cómplices del corrupto, fingir, mentir y robar?. Decir que presupongo corrupción y menosprecio al Derecho ya no vale, pues en España llevamos unas cuantas sentencias que confirman los delitos que se cometen dentro de los Ayuntamientos, véase Marbella, pero la lista sería interminable si la Justicia española contara con los medios que debiera tener (empezando por unos jueces con un mínimo sensibilidad moral y social, respecto a la delicuencia política), en un país que se vanagloria de ser la 8ª potencia mundial.
    Hace unos días he pensado que el gran problema de España tiene que ver con las matemáticas, y no me refiero a lo mal que se nos da la aritmética a los españoles, sino a lo siguiente: vivimos en el país que tiene el mayor número de golfos por metro cuadrado del planeta, disfrazados de personas normales y respetables, que juntados con aquellos rufianes que van disfrazados de otras cosas o sin disfraz, nos da una cifra elevadísima y en cualquier caso, muy superior a la de ciudadanos modernos: libres por naturaleza, demócratas hasta la médula, decentes y eficaces.

  6. Echo de menos al Sr. Lavela en estas réplicas y contraréplicas. Y voy a hacer [b]mi último comentario[/b] al respecto de este artículo.
    Parto de la base de que TODOS los que aquí se expresan, TODOS, [b]estamos de acuerdo en[/b] (extraído del artículo y comentarios):
    1 – Los habilitados [b]deben regirse siempre por el principio de legalidad[/b], y por el de neutralidad y objetividad.
    2 – Cuando las cosas sean correctas, se informa favorable, y en caso contrario se repara.
    3 – Cumplan en primer lugar y [b]estrictamente [/b]lo que dice la Ley, cuando aconsejen (corolario del punto uno, aunque añadiría de mi cosecha a lo de ‘en primer lugar’ que en primer lugar, en segundo y en último… si no, lo de en primer lugar se contradice con lo de estrictamente).
    4 – Hay que tener en cuenta como [b]guía el interés público[/b] (corolario del punto uno, y por tanto del 3)
    5 – [b]no se puede[/b] dejar la interpretación del Derecho, [b]única y exclusivamente[/b], al albur de cosas tan manipulables y etéreas como el sentido común, la humanidad y la prudencia. (única y exclusivamente no, no se puede)
    6 – deben buscarse soluciones, siempre dentro del marco de la legalidad ([b]¿podríamos asumir que todos, articulista y comentaristas, defendemos ese principio?[/b] automáticamente cesarían muchas explicaciones supérfluas)
    7 – NO SIEMPRE hay una solución jurídica a una pretensión política. Si lo hace el pueblo de al lado y es ilegal, el Alcalde de al lado es un corrupto y si el Habilitado que no repara, es cómplice de esa ilegalidad (póngase el nombre de la figura legal de esa complicidad que legalmente corresponda). Lo ilegal no tiene solución jurídica, [b]¿Quién argumentó que SIEMPRE hay una solución jurídica?.[/b]
    8 – Un órgano fiscalizador le diga «No» a un político, aplicando la Ley, no tiene nada de reaccionario. (otra vez el corolario… me aburro…)
    9 – [b]Vetusto es despectivo[/b], según la RAE ‘[i]anticuado[/i]’. Mi intención era aplicar la definición de la Wikipedia ‘[i]de mucha edad[/i]’. Si bien el término moderno tampoco implica bondad alguna, únicamente ‘[i]del tiempo del que habla[/i]’.
    10 – La España que describe el Sr. González [b]no nos gusta[/b] a nadie.
    11 – La función de los habilitados NO ES hacerse cómplices del corrupto, fingir, mentir y roba. ([b]¡Virgen Santa![/b])
    12 – España tiene el 8º PIB mundial en 2007, según el FMI y el Banco Mundial [url]http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)[/url] (eso es dato, no es opinable).

    En estos 12 puntos creo que todos estamos de acuerdo y no deberíamos seguir discusiones estériles.
    Los puntos en que discrepo:
    1 – En España hay muchos golfos (de acuerdo), pero NO SUPERAN al número de ciudadanos modernos, libres por naturaleza, demócratas hasta la médula, decentes y eficaces. Si pensara que eso es así me sumiría en una profunda depresión. (Hay más de 8000 municipios en España, seamos serios)
    2 – Si las leyes anteriores son infinitamente mejores y sin embargo la situación [b]que se ha generado[/b] estando estas leyes en vigor es la que describen los comentaristas, la que conozco, y [b]de la que pretendo huir[/b] yo… lo dicho, jodidos estamos.
    3 – No hay soluciones ‘correctas’ ¿el derecho no es interpretable?
    – sentido comun no se puede quitar)
    4 – ‘[i]Pero el problema es que argumentando que siempre hay una solución, y que debe «colaborarse» suele pretenderse decir otras cosas: que si lo que se propone por el político es una barbaridad que no hay por donde cogerla, no debe informarse negativamente[/i]’, ¿Suele pretenderse? Esa es la interpretación que le da Vd. para justificar sus argumentos, limítese a argumentar sobre lo que dicen los demás, no sobre lo que VD dice que lo demás pretenden con sus argumentos (con cariño y sin acritud).
    5 – ‘[i]al albur de cosas tan manipulables y etéreas como el sentido común, la humanidad y la prudencia[/i]’ ¿? Espero que no se pretendan excluir por manipulable y etéreo el sentido común, la humanidad y la prudencia de las actuaciones de todos los ciudadanos… si no, jodidos estamos…

    FIN

  7. desde la secretaria de un pueblo medio, estoy con Antonio

    prefiero que me pregunten y yo diseñar el o los procedimientos; que decir que no a todo y que me levanten tres reparos al día.

    El reparo siempre la ultima opción, aunque es más fácil reparar que comerse la cabeza o abrir siete expedientes para llegar a buen puerto[b][/b][u][/u]

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