Leo en los periódicos que una anciana nonagenaria, al volver del hospital encuentra okupada su vivienda. A los pocos días el telediario informa que el ocupante ilegítimo de la vivienda había entregado las llaves en la comisaría de policía. Abundando en la información, los diversos medios informativos dan cuenta de que la razón que motivó al okupa para abandonar su actitud era la inmediata llegada de una empresa de desocupación.

Parece ser que frente a la usurpación de viviendas el derecho de propiedad (artículo 33 de la CE) cede en favor del derecho a una vivienda digna (artículo 47 de la CE), aunque lo que desequilibra la balanza en favor del usurpador es el derecho a la inviolabilidad del okupa, que es un derecho fundamental (artículo 18.2 CE).

Hemos creado, entre todos, un sistema sumamente garantista, garantías que saben aprovechar al máximo los antisistema, que pisotean derechos constitucionales de quien se les ocurra, pero hacen valer sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, no sorprende la buena marcha económica de empresas de desocupación. El recurrir a la policía nos remite, salvo usurpaciones muy recientes, al tenebroso mundo de los Juzgados y Tribunales; y ya sabemos lo que piensa el españolito sobre el tema, “pleitos tengas y los ganes”.

Al final el movimiento okupa ha logrado introducir su ley, la ley de la selva, la ley del más fuerte. “Tú tienes la propiedad, pero yo la voy a disfrutar cogiendo lo que quiero por la fuerza”.

El argumento del tema nos aburre, pues lo hemos visto en cientos de westerns, en los que el “malo” impone la fuerza y “okupa” el rancho. El propietario intenta recurrir al sheriff, pero esta es inútil, bien por un motivo, bien por otro. Al final solo se hace justicia si el “bueno” echa al “malo” a tiros, demostrando tener más fuerza o puntería.

Bien está huir de un estado policial, en la que las fuerzas de seguridad intervengan sin garantías de los ciudadanos. Bien está en que hagamos prevalecer el estado de Derecho. Pero en él es imprescindible un mínimo de seguridad jurídica.

¿Qué sociedad queremos? Hay tres opciones:

  1. En la que se mantengan las okupaciones
  2. En la que las empresas de “desocupación” sean las que más actividad tengan.
  3. La que mantenga una adecuada prelación de derechos y valores y garantice a sus ciudadanos sus derechos constitucionales frente a los más fuertes.

De momento diría que estamos en la opción A, pero vaticino un desplazamiento hacia la B. ¡Ojalá la reacción del Estado sea para llevarnos a la C y no en defensa de la A!

No hay comentarios

Dejar respuesta