Ordenar los incentivos laborales en la Administración.

Las propuestas en materia retributiva y de relaciones laborales en el sector público serían las siguientes:

1. Equiparar las retribuciones públicas a las retribuciones privadas, ya que no tiene sentido que la Administración pública sea una enorme isla descontextualizada del mercado laboral. Si la mayoría de las retribuciones en la actualidad son excesivamente bajas hay que luchar pública y políticamente para aumentarlas y no generar dos tipos de mercados laborales tan asimétricos. El mantenimiento de asimetrías excesivas entre el ámbito público y privado solo puede tener como resultado final hacer insostenible tanto a nivel institucional como económico al propio sector público. Esto, en concreto, implica que en determinadas posiciones de los niveles más estratégicos, de inteligencia y de tecnología punta las retribuciones públicas deben ser más altas que en la actualidad. Es imprescindible esta medida, si deseamos lograr instituciones públicas inteligentes y retener y atraer el talento. Por tanto, fin a las imposturas de retribuciones públicas relativamente bajas para todo el mundo ya que esto implicaría la muerte institucional de la Administración pública. No se plantea que se deba retribuir al mismo nivel que el mercado, ya que hay que saber explotar el valor que implica trabajar en un entorno público en el que el trabajo siempre será mucho más estable y resguardado de las inclemencias que en el mercado laboral privado. También hay que ponderar los valores: trabajar en el sistema público posee, para determinados perfiles profesionales y personales, el valor de contribuir al bien común y al interés general. En definitiva, contribuir a que logremos una sociedad más equitativa y más justa. Por tanto, en la práctica se trataría de retribuir un poco mejor a nuestro personal más cualificado sin tener que alinearse con determinadas y disparatadas lógicas inflacionarias en las que suele deslizarse el empleo privado para sus puestos más relevantes. Mucho menos amable es tener que proponer que los empleos de la Administración pública que aportan menor valor añadido tengan unas condiciones parecidas a las del sector privado (siempre se puede retribuir un poco mejor pero es suicida actuar totalmente ajenos al sistema predominante de relaciones laborales de carácter privado). Hay que tender, por tanto, a la equiparación de la mayor parte de los puestos operativos, de oficios, administrativos y auxiliares a las tablas retributivas privadas. Además, en muchos casos, la medida más sensata puede residir en externalizar hacia el sector privado este tipo de puestos de trabajo.

2. Otra cuestión a analizar es si la Administración debe hacer políticas de empleo como un mero empleador sin buscar otro valor añadido. Hay administraciones públicas, en especial algunos municipios, que crean empleo artificial para generar más puestos de trabajo (en vez de convocar un puesto de titulado superior se convocan dos de administrativos con idéntico coste). Esto es irracional e implica precarizar la capacidad y el papel de la Administración pública. Las instituciones públicas deben tener políticas robustas de empleabilidad, de regulación socialmente aceptable del mercado laboral privado, pero nunca utilizar sus propias organizaciones para ello. Del mismo modo sería un disparate que las administraciones públicas demoraran adrede la implantación de la robótica y estuvieran mucho más rezagadas que las organizaciones privadas. Una cosa son las necesidades institucionales y organizativas que tiene la Administración pública en cada momento y otra cosa muy distinta son sus políticas de empleo o sus políticas de carácter redistributivo.

3. Suprimir los privilegios laborales de los empleados públicos vinculados al disfrute de más días de vacaciones o de jornadas laborales reducidas. El argumento del punto anterior es igual de válido en esta segunda propuesta. Es una pésima estrategia congelar la política retributiva y abrirse a la negociación de algunos ítems vinculados a las condiciones laborales. Es un clásico plantear que ya que los empleados públicos pierden poder adquisitivo y políticamente y socialmente se considera imposible mejorar sus tablas retributivas se decide negociar por la puerta trasera condiciones laborales al alza que, algunas de ellas, son injustas e incomprensibles. Es un error de libro en el que han caído, durante las últimas décadas, políticos y sindicatos con la contribución gregaria de los especialistas en gestión de recursos humanos. Pongamos tres argumentos para explicitar este error: a) menos horas de trabajo suele tener un impacto económico mayor que las mejoras retributivas. Se trata de una impostura ya que estos costos están socialmente ocultos pero representan un lastre económico enorme; b) hay que proteger la buena imagen social de los empleados públicos y que éstos tengan más días de vacaciones reales que los empleados privados, que tengan unos horarios mucho más ventajosos, unas políticas de conciliación personal y familiar mucho más amables, etc. contribuyen a reforzar la pésima e injusta imagen social de que los empleados públicos son unos seres privilegiados y con cierta tendencia natural hacia la ociosidad. No hay peor medida que alimentar con entusiasmo los perversos clichés sociales, y c) este tipo de medidas van impregnando la cultura administrativa y, al final, ésta acaba asimilando unos parámetros que estimulan en exceso la cultura recreativa frente a la cultura del trabajo. No es posible evitarlo y la mayoría de los empleados públicos, incluso en contra de sus convicciones profesionales y personales, acaban haciendo ingeniería con las horas y los días de asuntos propios para que éstos cundan todavía más. Este fenómeno es humano y no criticable pero maligno de cara a una potente y positiva cultura administrativa. Además, no son anecdóticos el tiempo de trabajo y la energía intelectual que se pierden debido a este tipo de ingenierías contables sobre las horas de trabajo o de no trabajo.

4. Eliminar todas las rigideces garantistas en materia de función pública que dificultan la buena gestión e imposibilitan en la práctica una fluida disciplina laboral. A los empleados públicos se les debe exigir la misma disciplina y nivel de rendimiento que a los empleados privados. Solo los empleados públicos que ocupan puestos de autoridad y los que mantienen contacto con la dimensión política de la Administración pública deberían estar blindados en aquellos aspectos vinculados a evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción de carácter político. Si bien es cierto que un sistema de acceso meritocrático y competitivo para acceder a la Administración pública debería ser recompensado, hay que evitar las gratificaciones que atentan directamente contra la eficacia y la eficiencia del sistema público. Al fin y al cabo existe un tipo de compensación de un enorme valor laboral en el sistema público: la garantía, salvo raras excepciones, de que un profesional que accede meritocráticamente en el sistema público va a tener garantizado de forma vitalicia su empleo si lo compensa con un rendimiento razonable. En el actual y futuro mercado laboral, que se caracteriza por su elevadísima volatilidad, esta garantía casi total de alcanzar un empleo de carácter vitalicio posee un muy elevado atractivo y valor de mercado que hay que ponderar y saber utilizar como moneda de cambio.

5. Hay que modificar las reglas o estrategias sindicales en relación con la Administración pública. Aunque sea una propuesta políticamente incorrecta es evidente que la legislación en esta materia no puede ser la misma que en el sector privado (Ramió, 2017). Como se ha resaltado, la Administración pública es muy vulnerable a la presión corporativa y sindical, y hay que protegerla. No tiene sentido un marco legislativo en que se proteja por la vía laboral y sindical a unos empleados públicos retribuidos de forma razonable, con condiciones de trabajo muy dignas y con una vinculación vitalicia. La legislación debe proteger a la parte más débil, que es la Administración pública, que además la sufragan todos los ciudadanos, está a su servicio y defiende el bien común y el interés general. La propuesta consistiría en limitar la capacidad de presión de los sindicatos restringiendo de forma drástica la actividad sindical en la Administración pública. En el caso de que un país lograra el prodigio de cambiar la cultura sindical (con elevados valores y responsabilidad pública) en las administraciones públicas, entonces no sería necesario tomar medidas tan drásticas. En el fondo, estas medidas lo que proponen es alcanzar un nuevo pacto entre los empleados públicos y la Administración pública para defender y proteger la viabilidad y sostenibilidad del sistema público y abandonar las lógicas egoístas, individualistas e insolidarias asociadas a las capturas de carácter corporativo y sindical.