Estaba ojeando el informe E-Goverment Readiness de Naciones Unidas (enlace: http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm). Según el mismo, España ha pasado a ocupar el noveno puesto a nivel mundial en materia de Administración Electrónica. En el informe de 2008 España ya pasó del puesto 39 al 20, y en tan sólo dos años ha vuelto a ascender once puestos. Además, en el ámbito europeo es el quinto país (el primero de los “sureños”). No está mal, pero como siempre tras las cifras hay un fondo que conviene analizar.
Global E-Government Survey 2010
E–Government Development
Index
Top 10 Countries
Country Index
Republic of Korea 0.8785
United States of America 0.8510
Canada 0.8448
UK and Northern Ireland 0.8147
Netherlands 0.8097
Norway 0.8020
Denmark 0.7872
Australia 0.7863
Spain 0.7516
France 0.7510
Fuente: http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
La finalidad del informe E-Government Readiness es analizar la capacidad de los diferentes países para desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios públicos. También estudia la presencia del Gobierno en la Red, las infraestructuras de telecomunicaciones y la receptividad por parte de los ciudadanos a la Administración Electrónica. No cabe duda de que experiencias consolidadas, como la de la AEAT, y las ya concebidas al amparo de la LAESP (muchas de ellas municipales) han contribuido muy mucho a este avance de posiciones. Sin embargo cabe significar que, aunque la tendencia media es halagüeña, dicho avance no se está produciendo en condiciones de heterogeneidad en todas las Administraciones y Servicios Públicos.
Empecemos por el Estado. Según un informe sobre la implantación de la Administración electrónica, presentado por la Vicepresidenta Primera en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero, a día de hoy ya se puede acceder a través de medios electrónicos al 96,4% de los trámites de la Administración General del Estado. De ellos, más de 2000 (84 % del total) son los procedimientos administrativos más utilizados por los ciudadanos.
Pero claro, en España hay que tener en cuenta el principio de descentralización, por lo que debemos integrar con los datos del Estado los de las CCAA y las EELL. Es bueno en este sentido que ya se hayan aprobado los esperados Esquemas “Nacional de Interoperabilidad” y “de Seguridad” para facilitar la administración electrónica unificada, pero llevará un tiempo lograr la homgeneidad.
Lógicamente, los datos del Estado en cuanto a implementación de iniciativas también estatales siempre son muy buenos, pero por lo que respecta a los Ayuntamientos, todavía estamos traumatizados por el famoso breve plazo que expiró en nochevieja. Las dificultades no son pocas, y lo cierto es que algunos Ayuntamientos son muy grandes, algunos muy pequeños y algunos “muy medianos” para implementar completamente la Administración Electrónica (o si se quiere, las numerosas obligaciones dimanantes de la LAESP). Sin embargo decimos una vez más que hay que hacerlo, ya que se trata de una doble obligación: legal y social. Los medios son importantes y aunque empiezan a llegar (Plan Avanza, Plan E-2, Consejerías, Diputaciones…) siempre son insuficientes, pero más importante aún es la intención. Es cierto que casi ninguna Administración Local (ni siquiera las punteras en esta cuestión) presta todos sus servicios de forma electrónica, pero cada vez resulta más difícil argumentar que no se ha movido un solo dedo en esta dirección. Dicho de otro modo: para prestar todos los servicios de forma electrónica habrá que empezar por prestar alguno/s.
Y por si alguno tiene la intención pero no tiene las ideas, ya dijimos lo que hay que hacer (sin ánimo de “sabelotodismo”) en nuestro comentario de 20/11/2009 titulado “Entonces, ¿qué hay que hacer antes del 31/12/2009?”, y de forma mucho más extensa en “Estudios sobre modernización de la Administración Local: teoría y práctica" (Ed. La Ley. 2009). Manos a la obra pues, que se van acabando las excusas.
Me han preguntado ya varias personas por el Esquema Nacional de Seguridad y su relación con la protección de datos. Es un tema importante el de la posible merma del principio de protección de los datos con la informatización de los procedimientos. Sugiero que se estudie el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en relación con el reciente Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Un saludo.