Hace unos días el Banco de España publicó un informe sobre el impacto del cierre de sucursales bancarias en el acceso al dinero en efectivo. Asunto relevante que ha de preocupar pues tal práctica empresarial entorpece cada vez más lo que debe ser el normal desenvolvimiento económico de muchas familias que viven en pequeñas localidades.
Ese documento acompaña expresivas tablas de números, gráficos y mapas que sintetizan la información con la que cuenta el propio Banco de España, aquella facilitada por el Instituto nacional de estadística, así como noticias difundidas por algunos medios de comunicación. Faltan, sin embargo, otros datos significativos porque -reconoce el mismo informe- no todas las entidades financieras respondieron a la encuesta que se les remitió.
La primera conclusión que se resalta es la preferencia mayoritaria como medio de pago de la utilización de dinero en efectivo (un 53%) y el uso de tarjetas de débito (un 41%). Es minoritario, por tanto, el uso de otras tarjetas así como de las nuevas modalidades que tanto se anuncian con las sucesivas tendencias tecnológicas. Tales porcentajes son muy similares a lo que constituyen las prácticas en otros países de nuestro entorno como ha publicado el Banco central de la Unión Europea. Conociendo esto, se comprende bien la necesidad de atender al concreto impacto que está originando la reestructuración de tantas sucursales.
¿Cuáles son los números? Entre los años 2008 a 2017 se han cerrado en España casi el 40% de oficinas. Porcentaje que ha de acogerse con matices ya que de lo contrario podría obtenerse una percepción engañosa. Y es que la reducción de entidades financieras tras la crisis económica y los procesos de fusión requerían una razonable redistribución de las oficinas. En la mayoría de las calles principales de tantas ciudades se podían advertir los mismos logotipos corporativos, cosa que no resultaba nada eficiente. Sin embargo, como sabemos, no quedó ahí el cierre de las oficinas, sino que la reestructuración ha afectado de manera muy significativa a las pequeñas localidades. Así, se puede decir que se ha clausurado una media -porque existe cierta diferencia entre Comunidades Autónomas- de un 30% de las sucursales sitas en Municipios con menos de cinco mil habitantes. Lo que origina que en 2017 más de 4.100 Municipios españoles carezcan de oficina; esto es, más de un millón de personas no disponen de este servicio en la localidad donde residen.
Tales números, a mi juicio, resultan muy preocupantes. Sobre todo, porque siguen creciendo. En las últimas semanas hemos conocido diversos anuncios de distintas entidades financieras sobre los nuevos planes de cierres de sucursales y expedientes de regulación de empleo. Serán centenares las oficinas que se clausuren. La tendencia, por tanto, se agrava y se multiplica la desatención en las pequeñas localidades.
Pues bien, pese a esos datos, consideran los firmantes del informe que eso no supone de manera necesaria una exclusión financiera. )Sus razones? Entienden que el problema es reducido, que se aloja en pequeñas localidades, que además tienen a pocos kilómetros un servicio y, también, que algunas entidades financieras empiezan a ofrecer la atención esporádica con autobuses, agentes que se desplazan, admisión de tarjetas que permiten disponer de dinero en efectivo al pagar las compras en establecimientos y convenios con el servicio de correos.
Discrepo de esa conclusión y de ahí que me atreva a contestar lo siguiente.
La reducción del análisis a esos porcentajes -recordemos: queda Asólo@ afectada el dos por ciento de la población- trivializa su significado. Prescinde de poner cara a más de un millón de personas a las que se dificulta el acceso a lo que es la práctica habitual de comercio, la preferida por más de la mayoría de la población. Porque ni siquiera con las nuevas tendencias a través de Internet, los móviles, ni algunas prácticas de autobuses, agentes o correos está cubierto todo el territorio español. Son miles los Municipios sin servicio. Es significativo el espacio territorial vacío porque se mantiene el blanco como color para señalar tal situación en los mapas de España que se muestran en el informe.
Mucho se utilizó la imagen del sistema circulatorio para resaltar la relevante importancia del sistema financiero. Es más, la normativa europea sobre protección de infraestructuras críticas considera al sistema financiero como una de ellas, junto al abastecimiento de agua o el suministro eléctrico, entre otras. Por tanto, si se reconoce su trascendencia, debemos ser consecuentes y no privar de un servicio básico a tantos ciudadanos. Bastantes, además, que pueden presumir de largas vivencias, que no se trasladan a las ciudades porque en los campos pasa el tiempo más pausado y que no necesitan subirse con atolondramiento a la última moda tecnológica.
A mi juicio, las continuas y repetidas declaraciones de responsables políticos que tratan de llamar la atención sobre los problemas de la despoblación rural, de la llamada España vacía, deberían aunar a la perspectiva humana aspectos materiales como son la posible prestación de servicios, públicos y privados. Resulta importante mantener y atraer a personas al mundo rural, pero el Municipio se ha de consolidar también con firmes estacas que lo asienten bien al territorio. Y esas estacas son, entre otros aspectos, algunos servicios como la farmacia, la escuela, la conexión a Internet o la sucursal bancaria.
Entramos en unos meses de bullicio electoral. Esperemos que se hable de estas preocupaciones y de facilitar a todos los españoles (no sólo a la mayoría) sino a todos, los servicios básicos y esenciales.
Buenos días. Me parece muy acertado el artículo. Otra cosa será que la repercusión que tenga se quede en nada, pues sobre ello nadie quiere decir nada, pero no podemos, como bien dices, estar criticando, o cuando menos poniendo encima de la mesa la despoblación rural y cada vez dejar a los municipios pequeños, y no tanto, sin ningún recurso de los que has expuesto. Pero esto es solo mi opinión.
Muy acertado su análisis. Pero jurídicamente hablando ¿como podríamos empezar a reivindicar tales derechos básicos que parece que no están tan detallados en nuestras leyes?. ¿Me podría dar alguna idea al respecto?. Soy estudiante de Derecho y perdón que no llegue a verlo claro, porque confiar en los políticos (que sería su obligación) es una cosa y demandar algo que es justo es otra: muchas veces esas dos no van juntas de la mano.