Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas hemos leído muchas declaraciones de políticos sobre el recorte de gastos en las Administraciones públicas. La dureza de la crisis económica hace inaplazable atender a una buena gestión de las haciendas públicas, pero también resulta una estupenda oportunidad para poner coto a llamativos despilfarros, corruptelas y evitar el riesgo de saqueo del erario en muchas instituciones.
Se reducen los coches oficiales, se recortan los sueldos de las autoridades, se rebajan las comisiones por asistencia, se reduce el número de vocales en los órganos colegiados o de otros cargos de libre designación… Sin embargo, el bombardeo de escuetos titulares puede conducir a que esos gestos se conviertan en meras muecas tanto de políticos como de algunos ciudadanos fácilmente manipulables por la falta de formación o defectuosa información que nos envuelve.
Ahora, ecos de conversaciones populares me han traído algunos comentarios simples. Porque hay gente que, al hilo de la reducción del número de consejerías de los gobiernos autonómicos o de la supresión de entes públicos, se pregunta qué hacían antes, para qué se crearon si ahora podremos vivir sin ellos. Y hay que matizar. Por supuesto que la Administración ha vivido hiperinflamada de altos cargos y de organismos, en muchas ocasiones lo hemos denunciado, pero ésto no conduce a afirmar que su mero recorte y supresión sea la solución. Porque ¿en qué punto paramos de cortar? Hay que analizar cada servicio y cada función pública y según su naturaleza y con criterios de buena administración establecer la correspondiente organización. Lo contrario, que se resume en el lugar común de que “el órgano crea la función”, ha dado lugar a esta hiperinflación de autoridades y cargos entre cuyos ejemplos más visibles están las Universidades. Sí que se sorprenderían los ciudadanos si leyeran la relación de los centenares de cargos que hay sumando vicerrectores, directores de hectárea, de área, de departamento, coordinadores, secretariados, decanos, vicedecanos y demás.
Pero volvamos con las declaraciones de recortes y los vulgares ecos populares, porque la supresión de coches oficiales también ha generado pobres comentarios sobre la conveniencia de que las autoridades vayan a pie. No se necesitaban quizá tantos coches, pero tampoco hay que degradar a la autoridad. Todo cargo de cierta relevancia requiere unas mínimas condiciones de dignidad. No debería ser necesario explicar que, en muchas ocasiones, resulta imprescindible la disponibilidad de un coche oficial. Sin embargo, la difusión de graves abusos demuestra que esa disponibilidad había sido mal utilizada.
Y es que quienes peinamos canas ya hemos vivido cómo muchos gobiernos (estatales, autonómicos y locales) presentaban como primera iniciativa la contención de gastos públicos y una política de austeridad frente a sus antecesores. Desde hace más de treinta años es fácil encontrar en las hemerotecas de los periódicos titulares sobre la reducción del número de altos cargos, de puestos de libre designación o de los coches oficiales. Tampoco han sido extraños los acuerdos de reducción de un pequeño porcentaje del sueldo o de otras retribuciones, pero que luego no se correspondían con la contención de los gastos de protocolo o de libre disposición. Nihil novum sub sole.
En conclusión, ¿son convenientes estos gestos? Mi respuesta es claramente afirmativa. Pero también considero que hay que saber explicar esas reducciones y su porqué. Quizá así se mejore la educación cívica de muchas personas (incluidos políticos) tan necesaria para la correcta participación pública, y la propia autoridad reflexione sobre la conveniencia de cada acuerdo y aplique un mínimo sentido común. Y así llegue a la conclusión de que las normas de Derecho público contienen sensatez al limitar los cargos de libre designación; al restringir la creación de nuevos organismos; al regular la actividad de los secretarios e interventores o al exigir el control de cuentas posterior por órganos externos. En fin, que, si se cumplieran las leyes, no habría que soportar tantas imposturas.
Buenas tardes profesora Fuertes. Estoy de acuerdo con usted, pero matizaré una parte del texto : una cosa es hablar de dignidad en materia de transportes, y otra cosa es que hasta el alcalde del pueblo más pequeño y recóndito se ventile los fondos del erario público en Audi’s, Mercedes y demás coches de alta gama, incluso algunos blindados y con accesorios que van más allá incluso del concepto de personalización o líneas exclusivas que ofertan dichos fabricantes, para darse un paseo por la ciudad, vehículos que valen lo que cuesta una casa que seguramente sí necesitará uno de sus conciudadanos. Escoltas que acompañan a mujeres y queridas de toda clase de representantes políticos a que sus perritos se hagan la manicura, etc…
Y a la larga también habría que determinar, ya que como usted bien comenta, se habla demasiado sobre el que tenemos que meter la tijera, cuánto nos iba a costar precisamente ese proceso de sastrería a nivel estatal, la cantidad de tiempo y recursos que habría que destinar, a mi opinión, más temprano que tarde, en determinar administración por administración, y departamento por departamento, cuántos cargos sobran, para después meter la tijera.
Está muy de moda ahora justificar el derroche de la administración anterior ejecutando auditorías privadas, dándose una situación irriosoria como pocas.
Primero, porque se detrae un dinero precioso y valioso del bolsillo de los ciudadanos, para ponerlo en manos de una sociedad particular, del bolsillo de un señor solo para hablar más claro, para que su empresa nos diga lo que ya sabíamos, que no hay dinero.
Segundo, porque para ello ya teníamos el tribunal de cuentas, que ahora, no solo no trabajará, sino q
sino que seguirá consumiendo recursos y habrá que seguir pagándole a los funcionarios que trabajan en dicho órgano.
Y tercero, porque como votantes, tenemos el privilegio de exigir a los poderes públicos, si bien no que me pongan un coche de lujo y un adosado por mi bonita cara, que cumpla con su función, y dicha función es la remoción de todos los obstáculos que me impiden ganarme la vida por mi cuenta, en vez de sentarse a esperar dichos informes y procedimientos de auditoría, para utilizarlos como punta de lanza en sus nuevas políticas de austeridad, que no serán más que tropelías, como ya nos tienen acostumbrados.
Estoy sustancialmente de acuerdo con lo escrito por Mercedes e incluso no he tenido inconveniente para votarlo, poniendo 5 estrellitas.
Pero no puedo dejar de lamentar que se relacione una vez más la dignidad, con el uso de cosas materiales, como un determinado coche oficial, en vez de identificarla con valores humanos de fondo que debería tener la clase política y que no encontramos; por más que España sea el país del Mundo con el mayor número de coches oficiales.
Ojalá tuvieramos en España unos cargos públicos, como los que en Austria y en el Reino Unido (en el año 2000) tuvieron la dignidad de prohibir las granjas peleteras (una de las mayores atrocidades que hay en Europa) y que además fueran al trabajo andando, en bicicleta o en Metro.
¿como se le puede llamar a la actuacion de pagar dos cestas de navidad parea dos alguaciles? o ¿como llamar a apagar a los empleados una cena de naVIDAD,(16 cenas)empleados pagados con dinero publico? o ir a comer y tomarse una botella(Alcalde y teniente alcalde) de crianza por 25 euros? o pagar a la Iglesia los ramos de laurel para el domingo de Resurreccion???,bueno Resurreccion o como en idioma cristiano se llame¿ Como se llama a pagar por los toros,es decir ,dar a fondo perdido 18000 euros al empresario de la plaza de toros?,etc…
El problema de los coches oficiales no es solo que hay demasiados, sino que además están mal repartidos. Muchos funcionarios públicos necesitan un vehículo para el desempeño de sus funciones y se ven obligados a utilizar el particular a cambio de una mínima compensación en dietas y en ocasiones asumiendo posibles siniestros que quedan fuera del seguro de la institución. Otras veces, hay un único vehículo y los repartos son imposibles: Nosotros, cuando tenemos una reunión en Sevilla (250 KM) vamos cuatro y el chofer en un Citroen AX. Antes de suprimir todos los coches oficiales habría que intentar repartirlos un poquito y después, los que sobren, venderlos. El problema vendría después, ¿que hacemos con los conductores funcionarios?
Sobre el comentario del tocayo Francisco Martín:
Las actuaciones municipales que refieres pueden tener algún encaje legal (aparte de la consideración ética que nos puedan merecer), por ejemplo: gastos protocolarios y subvenciones de concesión directa previstas en el Presupuesto Municipal (suponiendo que se cumplan los requisitos establecidos en las normas).
Pero hay una de las actuaciones mencionadas, concretamente la de dar dinero a la Iglesia, que resulta ya legalmente discutible a 1ª vista, por posible vulneración del artículo 16.3 de la Constitución. Si el Municipio forma parte del Estado y los ciudadanos tienen el derecho fundamental a su aconfesionalidad, la cooperación del Ayuntamiento solo con una determinada confesión religiosa (católica), puede quebrar la neutralidad religiosa de la Administración Pública y violar el derecho fundamental indicado.
Es verdad que el propio precepto constitucional alberga una contradicción interna (buscada intencionadamente por sus autores), cuando impone tanto el carácter aconfesional del Estado, como la cooperación del mismo con la Iglesia Católica y con las demás confesiones (lo cual ya implica una preferencia a favor de la 1ª, pues resulta citada en primer lugar y por su nombre, mientras que las demás no). Es evidente que dicha norma da mucho juego y lo estamos viendo todos los días (aparte de que notemos en los bolsillos el despilfarro de dinero público). Pero todo tiene un límite: cuando la cooperación es exclusiva con la Iglesia Católica y ni siquiera se guardan las formas de que se respeta algún mínimo de proporcionalidad (tener algún gesto de colaboración siquiera, con algún habitante musulmán u ortodoxo que pueda haber en el Municipio, por ejemplo), considero que se está pasando por encima del principio de aconfesionalidad del Estado de la Constitución vigente, en el sentido en que lo caracteriza el Tribunal Constitucional , esto es: como neutralidad de aquel en materia religiosa (aunque sea una neutralidad «positiva» no laicista); y en cambio, se está aplicando en la práctica la Constitución de Cádiz de 1812, que decía: la religión no sólo del Estado, sino de la Nación española misma, «es y será siempre la católica, apostólica y romana, única verdadera.»
Gracias Francisco Benito.Hablas de normas en cuanto a Subvenciones de concesion directa como son los 300 euros que el Ayuntamiento da a la Cofradia San Isidro labrador para que puedan hacer una comida de hermandad?? en la que el que no sea socio,o hermano no puede .Pero no es lo malo,que lo es ,que se le de ese dinero,sino que no existe en el Ayuuntamiento una norma que regule las subvenciones,como tambienb se le da a la Asociacion de Padres del colegio,otros 300 euros o a las Aguedas,lo mismo.En fin a todo el que parece que pida
Hay que respetar los requisitos establecidos en la Ley estatal de Subvenciones (artículo 22.2), para poder otorgarlas directamente; en caso contrario, se deben impugnar los actos municipales correspondientes.
Eso mismo pensaba yo,que se debe establecer unas normas,pues de lo contrario,incluso cuando un grupo de gente hace su quintada,tendria el mismo derecho a recibir una subvencion.Asi que seguramente pediremos que se tome en cuenta esta ley de subvenciones.Gracias
>Partiendo de que el artículo es muy interesante lo que mas me motiva en el, es mi convicción de que tenemos muchos políticos (demasiados) y muy pocos gestores (o ninguno). Si en la administración se utilizase los principios elementales de la economía doméstica nos iría infinitamente mejor.
Como ignorante de los aspectos legales le pregunto: ¿ es correcto legislar a espaldas del ciudadano pero encajonarle en las obligaciones derivadas y crear un entramado de requisitos que solo se justifican por la necesidad de mantener un funcionariado activo aunque su labor no represente mas que improductividad a nivel nacional?
Formalmente no se legisla de espaldas al ciudadano, sino que en toda norma existe un previo trámite de información pública (incluso de audiencia a los interesados), en el que se puede participar.
Por lo demás, no tengo inconveniente en estar de acuerdo contigo, ya que tu comentario es muy general y está claro que hay un intervencionismo administrativo, no solo masivo, sino abusivo y nocivo, aparte de injustificado y ruinoso para la Economía Nacional.
Simplemente voy a poner un ejemplo, apuntado por economistas españoles que han hecho un mínimo ejercicio de honradez, valentía y decencia profesional: la forma en que se ha montado el sistema autonómico ha fragmentado la Economía y ha dañado a la libre Competencia, hasta unos extremos, que ninguna persona sensata se podrá extrañar del estado actual de las Cuentas Públicas en España.