Desde nuestra infancia siempre escuchamos aquello de que España era un país de funcionarios. Y, desde nuestra juventud, soportamos mil veces repetido lo de que los jóvenes suspiraban por una plaza en la función pública, desdeñando el emprender o el trabajar en la empresa privada. El arquetipo del sueño funcionarial estaba completamente asentado en el imaginario español y ahora, de repente, comprobamos con asombro que ese tópico se ha roto en mil pedazos y que existen convocatorias públicas que se quedan desiertas, o que cuesta mucho cubrir determinadas plazas. Al parecer, la función pública ha dejado de resultar interesante para los jóvenes, al menos en determinadas posiciones. Es cierto que aún existen convocatorias con una afluencia masiva de aspirantes, pero, también, es verdad que existen las que, por primera vez en la historia, se quedan prácticamente desiertas. Y este novedoso fenómeno nos ha pillados desprevenidos, por lo menos a mí, habituado a trabajar es en el ámbito privado. Pero han sido gestores públicos los que me han puesto sobre aviso del radical cambio que las convocatorias de plazas públicas están experimentando.
Casualmente, participé en dos eventos que me resultaron muy clarificadores al efecto y que me pusieron sobre la alerta de esta novedosa tendencia que me asombró al principio, aunque, al parecer, era bien conocida por los profesionales del tema.
Em efecto, participé en un curso de formación sobre medio ambiente para jóvenes fiscales que se celebró en el CENEAM de Valsaín, en las faldas segovianas de la Sierra del Guadarrama, entre espesos bosques de pinos silvestres y sitios reales. Asistieron, fiscales, – con Antonio Vercher, fiscal de sala a la cabeza -, abogados medioambientalistas y policías de diversos cuerpos nacionales y autonómicos. A mí me tocó charlar sobre el enorme patrimonio arqueológico español y su necesario cuidado y respeto. Pues bien, fue en la hora del café, mientras unos y otros intercambiamos opiniones más libres, cuando escuché lo de la brusca reducción de aspirantes a las plazas de fiscales y otras posiciones judiciales. No dando crédito a lo que escuchaba volví a preguntar por el tema y la respuesta fue unánime. El número de candidatos se reducía sensiblemente.
Un par de semanas más tarde, me trasladé a Barcelona para participar en el XX Seminario Universitarios de Actualidad Laboral, organizada por la UAB y la diputación de Barcelona, e impulsada por María José Feijóo. donde reflexionamos sobre el futuro del empleo. Y fue en el turno de preguntas cuando varios participantes se interesaron por el futuro del empleo público. Una secretaria municipal, por ejemplo, nos trasladó la extraordinaria dificultad que estaba teniendo en cubrir los puestos de arquitectos o ingenieros municipales, por falta de candidatos, por no hablar de las posiciones tecnológicas, en las que los municipios se estaban quedando visiblemente retardadas.
¿Qué razones propician este novedoso fenómeno? Pues del debate surgieron varias que simplemente enumero, En primer lugar, cuestiones demográficas. Los jóvenes en edad de opositar han disminuido sensiblemente frente a los de generaciones anteriores y tienen posibilidades laborales atractivas en la empresa. Por otra parte, es ahora, una vez superadas las restricciones a la contratación pública, cuando se están convocando muchas oposiciones que, de alguna forma, compiten entre sí. Otras voces afirmaron que el tipo de examen, eminentemente memorístico, espantaba a los aspirantes, acostumbrados a otro tipo de evaluación. Sin duda alguna, la evidente pérdida de poder adquisitivo de la función pública también le ha restado atractivo frente a otras alternativas. El malestar de numerosos cuerpos públicos se exterioriza con cada vez mayor frecuencia, como hemos podido ver con jueces y secretarios de juzgados, por decir, tan solo, uno de los últimos episodios conocidos. Seguro que existen otras muchas razones que justifican la inesperada pérdida de apetito opositor tal y como comprobamos convocatoria a convocatoria, pero baste como muestra un botón.
Y si estos argumentos son válidos para posiciones generales, en el caso de las posiciones tecnológicas la disminución de aspirantes se agudiza. En efecto, los empleos tecnológicos son muy demandados, con salarios muy por encima de otras posiciones. Sufren una rotación muy alta, dado que quién destaca enseguida es fichado por una tecnológica o consultora, siempre sediento de talentos digitales. Marketing digital, Big Data, analista de datos, ciberseguridad, IA o desarrollador web, entre otros, resultan especialmente solicitados. También en la administración, por supuesto, que los precisa para su día a día, toda vez que la apuesta por la e-administración parece firme y sostenida. Ahora bien, ¿cómo puede competir con los altos salarios que el sector privado paga por estos profesionales? Pues nos encontramos con una de las derivadas más complejas para la administración, no sólo española, sino de toda Europa, donde los salarios públicos son más rígidos y, en estas posiciones, claramente inferiores a los del mercado.
La tradición española conlleva unas exigentes pruebas de acceso a la función pública, con un alto componente memorístico, sobre todo en cuestiones legales y administrativas. Los cuerpos técnicos, aunque ahora actualizados, saben mucho más de leyes, procedimientos y garantías, que de sistemas y analíticas digitales. Y así debe ser, además. Otra cosa son las posiciones tecnológicas, en las que lo digital debe ser dominante. De hecho, la Seguridad Social, Hacienda y determinados departamentos vinculados a la seguridad han sido, durante décadas, pioneros en el uso avanzado de nuevas tecnologías. ¿Lograrán seguir siéndolo en el futuro?
Hemos leído en prensa diversas críticas por la excesiva subcontratación de consultoría por parte de la administración, en especial a todo lo ateniente a las TIC. Comprendiendo que la administración debe regir y controlar su propia estrategia digital, no cabe duda que para implementarla tendrá que acudir a un apoyo externo especializado. Sin duda alguna, la administración, necesariamente, debe hacer uso de la contratación de consultoras para el desarrollo y mantenimiento, en su caso, de sus sistemas. Es normal que así sea, resultando impensable que ningún departamento pueda mantener un conocimiento puntero y actualizado ante la miriada de tecnologías que cada año enriquecen el panorama digital.
La consultoría tendrá que seguir trabajando codo a codo con una administración cada vez más urgida por los requerimientos digitales. La colaboración público-privado se revela como imprescindible en toda sociedad desarrollada. Le corresponde a los gestores públicos, en esta colaboración, el marcar los marcos legales, establecer los finalidades, establecer controles y garantías. En resumen, establecer los fines y controlar los medios del servicio público que representan. La consultoría sólo será una asistencia técnica de los únicos responsables, los gestores públicos y sus jefes, los cargos públicos electos.
Así, pues, la administración debe hacer algo para resultar atractiva al talento joven. Y nos preguntamos: ¿Qué pasa, entonces, en la función pública? Pues el que tenga respuestas, que las aporte ahora, cuando los partidos políticos afilan el lápiz para escribir unos programas electorales que, en teoría, debería inspirar su mandato en los próximos años. Los funcionarios y empleados públicos también existen, que diría un imitador del exitoso aserto turolense. Alguien debe echarle una pensada sería al asunto antes de que terminemos pagándolo todos. Una sociedad sin una adecuada administración pública, sencillamente, no será. Pues tomemos nota antes de que sea demasiado tarde.
