El gobierno ha aprobado una ayuda de 8.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan ejecutar obras no contempladas en sus actuales presupuestos con el objetivo de crear cientos de miles de puestos de trabajo. El dinero se librará con carácter de urgencia. Las obras tendrán que comenzar antes del próximo 13 de abril y deberán contratar a personas desempleadas. En principio, los municipios han acogido bien esta ayuda, que deberán gestionar con eficacia y transparencia. “Ha llegado la hora de demostrar nuestra responsabilidad” afirmó en la radio uno de sus portavoces. La medida, aunque conveniente, nos hace volver la mirada atrás, a los tiempos de las obras de carreteras de Primo de Rivera o al famoso empleo comunitario instaurado por la UCD. Acciones útiles, pero antiguas. ¿Dónde está la sociedad del I+D+i, de la inteligencia y el conocimiento?
Estamos ante una idea en sepia que arroja un poco de luz a la oscuridad. No por clásica resulta menos oportuna. El gobierno ha preferido regar la base, para que el dinero llegue hasta los trabajadores y se reanime el mercado local. Hasta ahí bien. Pero debemos ser conscientes que estamos ante medidas excepcionales que sólo servirán para paliar superficial y efímeramente el problema del desempleo, y que tendrá mucha más incidencia en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades. Los responsables municipales tendrán que devanarse los sesos para plantear las inversiones más adecuadas. Que la relación materiales/mano de obra optimice al empleo, al tiempo que los proyectos ejecutados sean de real utilidad pública. Esperemos no regresar a aquellos obreros limpiando una y otra vez las mismas cunetas del primer empleo comunitario de la Transición.
¿Y qué parados se seleccionarán? Dado que muchas serán las peticiones, debe establecerse un criterio transparente y objetivo, que aleje la sombra del nepotismo y el favoritismo. Mi consejo sería el que los ayuntamientos delegaran en los Servicios Públicos de Empleo la nominación de aquellos desempleados que deban acudir al tajo. Si no lo hacen así, el conflicto estará servido a las puertas de las Casas Grandes.
El costo real neto para el gobierno será muy inferior a los 8.000 millones de euros presupuestados, ya que las nóminas que se paguen supondrán un ahorro en el coste de las prestaciones de desempleo; de ahí la condición de que todos estén inscritos en las oficinas del INEM.
Suponemos que la medida tendrá varias reediciones el próximo ejercicio y que en algo atenuará la pavorosa crisis que nos desangra. Bienvenido sea este pequeño paliativo.
Los Ayuntamientos van a licitar las obras de forma que sean empresas externas las que las hagan con los trabajadores que las mismas contraten. Quiénes contraten es algo que no va a estar en manos de los Ayuntamientos (probablemente gracias a Dios). Casi ningún Ayuntamiento va a hacer obras por sistema de Administración.
Otra cosa será ver cómo se controla el que efectivamente el personal contratado provenga del paro. La picaresca hispana es prolija y a más de uno se le ha ocurrido ya que en realidad las empresas van a despedir a su propio personal para que esté parado y poder volver a contratarlo.
A corto plazo reactivar así está bien. Pero habría que ver un poco más allá. Porque ¿qué va a pasar con el déficit público que se está creando?
Lo de las varias reediciones del Plan no está nada claro. Y tengamos presente que las inversiones sea, como fuere, saldrán adelante; el problema será el de las facturas que siguen acumulándose en el cajón, que seguirán creciendo y los impagos llevarán a muchos pequeños empresarios al cierre. Las inversiones hay que mantenerlas y el dinero es el que es.