Un colega me acaba de enviar un correo en el que me adjunta un recorte de periódico del diario El Mundo de 30 de abril. Se refiere a un artículo de opinión de Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo, titulado “Nuevo desalojo del Estado: secretarios e interventores”. El Profesor Sosa, sobradamente conocido, creo que es por casi todos admirado (por mí desde luego) por su claridad de ideas e independencia. Y comenta en su artículo el nuevo Estatuto del Empleado Público. Aunque es difícilmente extractable, me permitiré transcribir algunas de sus frases y reseñaré brevemente que en su lúcida reflexión, comenta que los Ayuntamientos han sido tradicionalmente “nidos del más desnudo favoritismo y caciquismo” y que los cuerpos nacionales de secretarios e interventores nacieron para luchar contra el poder oligárquico.
Se pretendió “asegurar una carrera administrativa alejada de los tentáculos de los poderosos”. Después de hacer una historia del sistema de acceso de los empleados municipales señalando que “la realidad hacía que el poder político hacía con estos servidores lo que les petaba”, continúa señalando que “es el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924 el que crea el Cuerpo de Secretarios ingresados por oposición y luego nombrados por la Corporación. La II República, que depura las leyes de Calvo Sotelo, deja sin embargo vigente lo relativo a los funcionarios locales y provinciales” y cuando se aprueba la Ley de 1935 se habla por primera vez de “cuerpos nacionales” y se crea una Escuela de Funcionarios de Administración Local al ser consciente la República de la responsabilidad del Estado en la selección y formación de estos funcionarios. “El régimen franquista no se aleja de esta concepción aunque acentúa la centralización de los cuerpos al atribuir el nombramiento y destitución al Ministerio de Gobernación”. En 1985 (Ley de Bases), se sustituye los “cuerpos nacionales” por la “habilitación nacional” y se respeta que siguiera siga el Estado el que seleccionase y formase a los Secretarios que –añade- es “generalmente muy competente”.
Continúa el Profesor diciendo que “Ha sido una lástima que el modelo legal fuera malogrado por la discrecionalidad implantada a partir de las «libres designaciones» y otras corruptelas (finales de 1991), amén del progresivo vaciamiento de competencias de tales funcionarios, especialmente lacerante en las «grandes poblaciones» proclives a convertirse, a poco que nos esforcemos, en campo del más añejo caciquismo, ahora en favor de los partidos políticos y de sus intereses clientelares.” Y añade que “, resulta muy goloso para el político contar con personas sumisas que asperjen sobre sus ocurrencias las palabras litúrgicas de la ley o apliquen con astucia el bálsamo de la cobertura presupuestaria”. Termina señalando que “Se comprenderá, a la vista de estos argumentos, el recelo con el que contemplo -en este punto- el Estatuto de los empleados públicos que acaba de ser aprobado por las Cortes y que ha supuesto el desapoderamiento práctico del Estado de su responsabilidad en la selección, formación, disciplina, retribuciones y demás extremos del régimen jurídico de los funcionarios locales. … Y es que el Ayuntamiento es un palco privilegiado para percibir la enorme falacia que considera «progresista» esa cantinela de la «cercanía» a la Administración. Sabemos perfectamente que esto no es necesariamente así y que, a menudo, la objetividad y la imparcialidad derivan justo de lo contrario, de la «lejanía». Fue este sencillo razonamiento -parece mentira tener que recordarlo- el que sirvió para desmontar el régimen feudal. … «Todo el poder para las comunidades autónomas», ha sido la consigna que buena parte de los legisladores han convertido en derecho positivo, fragmentando una vez más al Estado. Esperemos que tal poder decisivo se ejerza adecuadamente, pero adelanto que el tamaño y la envergadura de muchas comunidades, más los riesgos de la «cercanía» denunciada y la progresiva e implacable ocupación de las administraciones públicas por los intereses partidarios, hacen temer los peores presagios. Contar con un señor lejano en Madrid ha sido siempre una garantía para muchos secretarios e interventores de pueblo, como lo era tener un juez en Berlín para el campesino prusiano. Pero el Estado actual ha dicho adiós a estas responsabilidades, lo que nos distancia de lo que vieron con claridad los políticos de la II República.”
Pocos comentarios caben hacer a una reflexión como ésta. Yo simplemente me pregunto las razones por las que el Estado sigue su acelerado proceso de pérdida de competencias por dejación voluntaria, en éstas y otras materias. Es como ir al suicidio sin haberlo pensado antes y además, ir feliz y contando chistes. Puede ser, pero es poco creíble. No seré quien pugne por intentar conservar la situación de los habilitados hasta ahora nacionales (y ahora estatales) esgrimiendo razones de interés público cuando las mismas puedan disfrazar un interés profesional. Pero sí me siento legitimado como para plantearme preguntas y, si nadie me ofrece razones convincentes, atisbar respuestas.
En mi opinión se sigue intentando dar más relevancia cada vez a las Comunidades Autónomas pero sin una idea global y planificada previamente. Es el no acabar nunca con la construcción del Estado, hoy se da un poco, mañana otro poco y pasado, nadie sabe lo que quedará. Y nada tendría que objetar si ese planteamiento se hace desde una idea preconcebida, desde un programa electoral que propugne precisamente eso, vaciar al Estado a favor de las Autonomías, opción por otra parte tan defendible y legítima como cualquier otra visión siempre que se respete la Constitución, que por cierto, no es inalterable. Pero es que la realidad demuestra que probablemente no son las razones de fondo las que priman. Salvo que alguien me desmienta con otros argumentos y me rescate de un pesimismo estructural en este sentido, pienso que puede que no sean razones de interés público previamente meditadas las que conduzcan a establecer un sistema de concesión continua de competencias a las Comunidades Autónomas, sino la fuerza de los pactos que son necesarios para que los partidos puedan ostentar el poder. Y si la idea de pacto, convenio, acuerdo, es inherente e imprescindible a todo sistema democrático, se corre el riesgo de que el posibilismo haga que la coyuntura diaria sea más importante que las convicciones políticas. Y eso sería verdaderamente triste. Posiblemente, aunque a nadie se le oye reclamarlo, sea necesario abrir un debate generoso en el que se acuerde “cerrar” el sistema competencial Estado-Comunidades Autónomas e incluso, se acuerde establecer cambios en los mecanismos electorales, quizás necesarios para que no sean tan imprescindibles las minorías nacionalistas en la configuración del Gobierno del Estado.
Estoy de acuerdo en la necesidad de «cerrar» un diseño de la organización territorial del Estado, y no sólo en materia de Función Pública. Un tema tan importante no puede estar a merced de las necesidades coyunturales de los Gobiernos de turno, porque ello genera inseguridad para todas las partes, tanto para el Gobierno y la Administración del Estado, como para las propias Comunidades Autónomas, a las que hoy les dan o mañana les quitan en función de la aritmética parlamentaria del momento.
Es verdad que los Ayuntamientos son el caldo de cultivo apropiado para el caciquismo. La frase «nidos del más desnudo favoritismo y caciquismo
El artículo de Sosa Wagner me pareció acertado y oportuno. El problema de los funcionarios habilitados, sobre en los pueblos pequeños es la dificultad de mantener siempre la tensión de cumplir y hacer guardar la legalidad. No todos tienen la capacidad de desarrollar bien su cometido en medio de las rencillas políticas, que, a menudo tienen un componente personal muy sórdido. Debemos de ser la única profesión en la que gran parte de las retribuciones son fijadas por aquellos a quienes debemos fiscalizar. No me queda mucho para acabar en mi profesión y siempre he sido partidario de un sistema que garantizaría nuestra independencia y es que fuera el Ministerio quien fijara y pagara nuestras retribuciones, que podrían deducirse, por ejemplo, de la Participación en los Tributos del Estado o de los Fondos de Solidaridad Territorial Autonómicos. De esta forma, se reforzaría la autoridad del funcionario y no tendría que andar siempre tentándose la ropa antes de tomar decisiones en su trabajo. Creo que sería una buena idea, y sería fácil darle forma, pero doy la batalla por perdida: no interesa a los políticos.