Cada vez, estoy en el convencimiento, que quiénes accedan neófitos a las listas electorales de los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores, especialmente, en las elecciones municipales, deberían de realizar un curso reglado instado por la Federación Española de Municipios y Provincias u organismo institucional análogo en cada comunidad autónoma, para que al menos, “iuris tantum”, los electores sepan que, a quienes van a votar en listas cerradas, les toque estar en la gobernanza o gestión pública del equipo de gobierno o en la oposición crítica, sepan estos últimos, todos, pero éstos últimos, que el paradigma de la gobernabilidad, la impronta del bien común, es necesario que se inocule no solo en los gobernantes del equipo de gobierno sino en toda la corporación municipal, inclusive, en el personal eventual.
Actualmente, cuando la oposición hace análisis de las políticas públicas municipales que se aprueban en el Pleno del Ayuntamiento, solo encuentra en ellas aquellas cuestiones que, o son triviales respecto a las ciudadanía, haciéndolas mayestáticas para hacer ruido entres sus adeptos clientelares o, si tienen envergadura, solo se quedan en la crítica a sangre y fuego, pero sin dar otras respuestas de cómo evitar, por ejemplo, la subida de impuestos, tasas u otras contribuciones especiales ante circunstancias técnicas que en las memorias de los acuerdos vendrán específicamente reflejadas. Después de 35 años de ejercicio profesional, ningún gobierno sube sin necesidad alguna, otra cosas es que muchas ocasiones, en vez de realizar subidas anuales conforme al IPC o fórmula establecida, se deja de hacer, y llegado un momento crucial, no hay más remedio que hacerlo si no se quiere endeudar a la entidad local.
Por un lado, queremos todas las prestaciones públicas para logar el bienestar social entre los vecinos, además sin ningún tipo de anomalías en su implementación, aunque éstas sean ajenas a la praxis profesional o deontológica municipal, y todo ello, cuesta dinero del erario público, cuya única fórmula sería extremar a su máxima significación cuantitativa los sentires de la austeridad con reducción de subvenciones y ayudas, sean o no nominativas, siempre siguiendo el procedimiento regulatorio, y otros gastos superfluos, que en ocasiones se acuerdan, incluso por unanimidad política y llevan consigo que el Capítulo I dedicado al personal, dentro los límites presupuestarios del Estado, supongan un incremento de la masa salarial y por ende del presupuesto municipal.
Sí todos los partidos con representación en la Corporación municipal votan a favor de un acuerdo, pacto o convenio, que supone la regulación de las relaciones laborales, bien merecido, nada que objetar, el aumento de las retribuciones y salarios basándose, entre otros instrumentos, en un análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo, después, en otros puntos, que suponen el incremento de impuestos, no podemos por criterios políticos electorales, decir que esta decisión no es la más adecuada para justificar el no al asunto del incremento, si el mismo en el expediente viene con todos los informes favorables sin ningún tipo de reparo ni observación. ¡O acaso los funcionarios de carrera somos unos mojones, sometidos a servidumbre y servilismo decimonónico! Pues NO.
¿No sé con qué dinero se podrán abonar las subidas salariales permitidas reglamentariamente? Estás u otras. Incluso, cuando en las leyes de presupuestos del Estado se nos dice que al personal público se le podrá subir hasta el 2 %, generalmente, ningún Ayuntamiento lo somete a consideración de la Mesa General de Negociación, y le suele subir en ese porcentaje las cantidades fijadas en la relación de puestos de trabajo. Y, encima, la subida sale de las cuentas del Ayuntamiento, no por ello, el Estado ni la Comunidad Autónoma, aumentan sus transferencias para poder dar cumplimiento máximo a lo instado por otros Centros directivos territoriales con capacidad legislativa, como en el caso objeto de este escrito de narrativa “novelada”.
Si he votado a favor de un instrumento jurídico, el cual supone incremento del presupuesto municipal, de una forma u otra, no puedo estar oponiéndome a la subida de impuestos o tasas, porque en toda decisión gubernamental que ha sido informada, dictaminada y aprobada por el órgano competente en la materia, obran los documentos técnicos suficientes que acreditan de forma fehaciente, notoria y pública las decisiones municipales que se pretenden adoptar a nivel institucional. Es sumamente cansino, cuando los expedientes administrativos se han tramitado siguiendo los procedimientos, con todos los informes exigidos de carácter preceptivo a favor, haya capitulares que prefieran el no por matices insignificantes o la abstención para que no se le derive responsabilidad jurídica alguna.
Después resulta, que quiénes critican estas acciones municipales, cuando han tenido oportunidad de ocupar las sillas como capitulares municipales en equipo de gobierno, no solo han hecho lo que habían criticado con despiadada ignominia, sino que lo han hecho aún, sí se puede decir, con mayor gasto público al que seguramente de forma ponderada, armónica y equilibrada no tuvieron más remedio que adoptar en su momento. Incluso, las críticas en la oposición vienen exhortadas por asociaciones ideologizadas que quieren seguir recibiendo subvenciones y ayudas de todo tipo, y son un pozo sin fondo, quieren más y más, pero siempre en una misma línea de flotación. Cuestión esta que si suelen hacer cuando llega la oposición al gobierno municipal de sesgar a quienes no estén en el mismo marco ideológico y de creencia. Gobernando con unos sentires democráticos sesgados, obviando los intereses generales del conjunto de la ciudadanía.
