Sobre la necesaria revitalización de las Diputaciones Provinciales

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Recientemente tuvo lugar los días 14 y 15 de febrero en Granada la IV Conferencia de Presidentes de Gobiernos Locales y bajo el título “El papel de los gobiernos provinciales en el equilibrio territorial: Entre la despoblación rural y la concentración urbana.”

Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales cada año se reúnen en una Diputación Provincial, para proceder y pasar revista, al papel de dichos Gobiernos intermedios, en el panorama de las entidades públicas territoriales españolas.

Estas reuniones acaban con una declaración institucional sobre el valor de la existencia de dichos Gobiernos y su proyección de futuro.

En las últimas elecciones generales celebradas el pasado día 28 de abril del año en curso, afortunadamente, su mantenimiento o supresión, no ocupó el centro directo o indirecto de los debates y agendas de los partidos políticos, como sí ocurriera en los anteriores comicios electorales generales.

La provincia aparece por primera vez en España en la Constitución de 1812, como una formación social, una “universitas”, y al mismos tiempo como un territorio y un circunscripción territorial.

Desde sus inicios en su regulación constitucional en 1812 y luego su desarrollo en el Estatuto Provincial de 1925 y hasta su configuración en la actual Constitución de 1978, en su artículo 141.2 de la misma, ha venido prestando servicios valiosos, al mediano y pequeño Municipio, tratando de mantener un difícil equilibrio territorial con entidades territoriales más poderosas como son el Estado y las Comunidades Autónomas, y dando servicios públicos de calidad y eficientes, y a precios competitivos por el principio de economías de escala, a los Municipios rurales y deshabitados. (La España abandonada y vaciada como se dice ahora.)

Como municipalista convencido, soy defensor a ultranza de las Diputaciones Provinciales, y proponemos su potenciación, en todos los órdenes de actuación, tanto competencial, financiero-fiscal y un mayor reconocimiento y garantía constitucional.

En las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, es decir, allí donde no hay Diputaciones Provinciales, los que nos desempeñamos en los Municipios de su circunscripción, envidiamos, o por lo menos ese es mi caso, a aquellas Comunidades Pluriprovinciales, que sí tienen Diputaciones Provinciales. La razón fundamental es que los Municipios, en términos generales, en las CC.AA. Uniprovinciales, está más abandonado y menos protegidos que en las CC.AA Pluriprovinciales, en donde con éstas, coexisten las Diputaciones Provinciales. Las Comunidades Autónomas han copiado las formas y el modo de organizarse del Estado, queriendo competir con el mismo, perdiendo la vocación vecinal de las Diputaciones Provinciales, y su vocación de servicios al ciudadano-vecino de los Municipios rurales.

Es por ello que el paraguas protector que en sus diversos ámbitos las Diputaciones Provinciales dispendian a los Ayuntamientos dentro de su ámbito territorial de actuación, no se percibe, donde solo existen Comunidades Autónomas y Municipios, es más a veces las mismas recaban de los Municipios, produciéndose verdaderas distorsiones, de las cuales se ven perjudicadas un vez más los entes territoriales de menos población.

Es por ello por lo que consideramos que las Diputaciones Provinciales constituyen una verdadera figura institucional que asegura, mejor que cualquiera otra, la vertebración y cohesión territorial y asegura la recepción de servicios de calidad a los ciudadanos-vecinos de Municipios españoles de escasa población.

Para ello lanzo las siguientes propuestas a favor de la potenciación de las Diputaciones Provinciales españolas:

  • Mayor vinculación de todo tipo entre Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales de la “España vaciada” y para evitar su despoblamiento, por mecanismos, que aseguren y propicien la vuelta de población a las mismas, ya que las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales forman parte de una misma comunidad política y juegan en la misma división y el mismo equipo.
  • Nueva configuración constitucional de las Diputaciones Provinciales en donde se garantice su existencia, en las mismas condiciones que las Comunidades Autónomas y para  cerrar las discusiones y debates sobre su posible supresión, ya que la regulación de las mismas tiene un solo artículo en la Constitución que es el  articulo 141, mientras que la regulación de las Comunidades Autónomas dispone de todo un Capitulo dentro del Título VIII.          .
  • Reconocimiento en el texto Constitucional y en la Ley Básica de Administración Local de “competencias propias” provinciales, no competencias genéricas y mal definidas, sino un elenco de competencias que aseguren su pervivencia y que coincidan con las que están desarrollando en la actualidad las Diputaciones Provinciales con la añadiduría de las que correspondieran, con el advenimiento, de las Nuevas Tecnologías., tan necesarias en el Mundo rural y para limitar la llamada “brecha tecnológica”.
  • La instauración de un marco financiero estable en la próxima reforma de la Ley de Haciendas Locales, mediante la asignación directa, de un porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que a su vez reciben las Comunidades Autónomas del Estado. En este caso abogamos porque el 5% del 25% que reciben las Comunidades Autónomas del Estado, pase directamente a las Diputaciones Provinciales sin pasar por las Comunidades Autónomas, lo que es un porcentaje no muy elevado y perfectamente asumible.
  • Activar los procesos de “descentralización total del Estado”, es decir, la Descentralización instaurada en la CE de 1978, suponen traslado de competencias y de recursos financieros y fiscales del Estado a las Comunidades Autónomas, pero el proceso se paró ahí. El espíritu de la descentralización de la CE de 1978 inspira que se produzca la “descentralización total”, es decir, que parte de las competencias y recursos financieros y fiscales que reciban las Comunidades Autónomas del Estado las cedan a su vez a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios, “cosa que hasta ahora no se ha efectuado” y creo que es difícil que se efectúe, debido al poder que han acumulado las Comunidades Autónomas.
  • Transferir recursos y competencias a las Diputaciones Provinciales como entidades territoriales ideales para emprender la lucha contra la despoblación rural (cuestión de moda durante las campañas electorales y luego olvidadas) y conseguir, como ocurre en los países del Norte de Europa, el aseguramiento de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con independencia de que se resida en zona urbana o rural.

2 Comentarios

  1. A diferencia del autor de esta entrada, trabajo como secretario-interventor de administración local en una comunidad autónoma en la que sí existen diputaciones provinciales. En mi experiencia trabajando en estas comunidades dotadas de diputaciones, he comprobado como las diputaciones provinciales acaban haciendo lo mismo que el autor denuncia de la actuación de las comunidades autónomas: copian las formas de actuar y organizarse del Estado y pierden su vocación vecinal y su vocación de servicio al ciudadano-vecino de los municipios rurales.

    Así lo expreso en mi serie de entradas sobre la falacia de la autonomía local «Autonomía local: utópica quimera» (secretariuchodetercera.blogspot.com) en la que indico que las diputaciones se centran más en llevar a cabo su función de coordinación y en actuaciones más vistosas o lucrativas, realizando su función de cooperación (que es aquella en la que deben participar activamente en la prestación de servicios municipales) únicamente mediante los planes de obras y servicios y líneas de subvenciones, en las que ponen la financiación y se limitan a marcar pautas y obligaciones a los municipios (al igual que hacen las comunidades autónomas y el Estado en sus ámbitos de actuación).

    De esta manera, las diputaciones provinciales se convierten en nuevas «jefas» de los municipios, marcando las actuaciones a realizar y los trámites a seguir por parte de los mismos, que deben llevarlos a cabo y seguirlos al pie de la letra si quieren conseguir la financiación que estas les ofrecen.

    Estoy de acuerdo con el autor de esta entrada en varios aspectos: la necesidad de reformar el marco financiero de la Ley de Haciendas Locales, de tal forma que parte de los ingresos se distribuya directamente a las entidades locales (especialmente a los municipios) y en fomentar la descentralización total del Estado. Mientras esto no se cumpla y los municipios puedan gestionar por sí mismos los recursos, éstos no tendrán la autonomía de decidir qué actuaciones llevar a cabo y cómo satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus vecinos, limitándose a actuar en aquellos campos en los que las administraciones mejor financiadas abran líneas de ayudas y siguiendo todos los pasos que estas administraciones les marcan para su consecución, siendo una quimera la autonomía local.

    Una vez más se constata la posición de sumisión y servilismo de los municipios respecto al resto de administraciones, desempeñando los mismos la función de cenicienta institucional.

  2. Los ayuntamientos del régimen común reciben una media de 180 euros por habitante y año del Fondo de Participación de Tributos del Estado (regulado de forma injusta por la Ley de Haciendas Locales). Las grandes ciudades reciben entre 380 (Zaragoza) a 650 euros (Barcelona). La desigualdad es manifiesta y gravísima para el mundo rural.
    Estamos cansados de oir que los pequeños municipios son inviables aplicando el principio de la economía de escala. Entonces, o esa afirmación es falsa –que lo es- o los de cien habitantes deberían recibir del Estado más dinero que una ciudad de un millón de habitantes. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Así que no es difícil deducir que una de las múltiples causas que propician la despoblación es que nuestros ayuntamientos no tienen capacidad económica para invertir en mayores y mejores servicios, como sí lo hacen en las grandes ciudades. Málaga invierte más en su metro que el Gobierno de Aragón en las carreteras que unen a sus dos mil pueblos.
    La financiación que reciben las Diputaciones permiten que sigan quedándose con el pastel de los pequeños ayuntamientos, nada menos que 5.000 millones al año, más de la mitad de los cuales se pierden en gasto corriente y en pagar personal cuya única labor es controlar cientos de convocatorias y subvenciones que reparten discrecionalmente, haciendo prevalecer criterios poco objetivos. Solo un 40% lo dedican a transferencias a municipios.
    Me parece más oportuno para el siglo XXI que el dinero público para pavimentar calles, alumbrado público, agua potable y un sinfín de inversiones para prestar los servicios básicos obligatorios no pase por las diputaciones sino que vaya directamente y libre de cargas partidistas y burocráticas, a los municipios.
    Tampoco me parece oportuno que un Estado que se ha organizado territorialmente por comunidades autónomas mantenga la provincia en ese mismo rango y sentido. Conozco políticos que necesitan que las diputaciones sigan funcionando como hasta ahora, pero argumentar que las instituciones que han hecho más por las ciudades en las que tienen sus empleados, sedes, servicios, museos y palacetes que por los pueblos, nos van a salvar de la despoblación del mundo rural, es mucho argumentar.

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