Invocar la necesaria reorganización del sector público genera actitudes notablemente diversas. Entre otras, y por un lado, la de noveles que, al estrenar sus funciones, quieren empezar a marcar una impronta y anuncian planes, proyectos, consolidación de cuentas que van trasladándose de despacho en despacho -ahora de ordenador a ordenador- y giran y giran como cangilón de noria sin conseguir extraer agua que riegue con fruto esa reorganización. También, por otro lado, la de aquellos espíritus que, desde sus gafas gruesas, emiten un leve chispazo de condescendencia porque también ellos creyeron en algún momento que se podría imprimir sensatez a la selva frondosa de las miles de empresas que han crecido en el sector público.
Pero el Tribunal de Cuentas ha recomendado afrontar una reorganización del sector público en su último informe de fiscalización del sector público local del que me hice eco en mi último comentario en esta bitácora. Advertía yo que, en las densas páginas de ese largo texto, había otras consideraciones que merecían atención. Y de ahí que vuelta sobre el mismo.
Porque, frente a las reflexiones abstractas sobre una reorganización general del sector público, conviene reparar sobre el aspecto auténtico que presenta -siguiendo con el mismo símil- esa selva de sociedades públicas, qué arbustos dan fruto, qué matorrales extienden su aroma, qué maleza entorpece…, esto es, qué es lo que en realidad ocurre. En este sentido, los números que resume ese Informe después de analizar la documentación remitida, supervisar las cuentas enviadas, verificar los datos con los de otras oficinas públicas para advertir las incoherencias y los incumplimientos constituyen una información suficientemente ilustrativa.
Son más de mil las sociedades mercantiles que están controladas por Administraciones locales. La gran mayoría, más de novecientas, por Ayuntamientos. Una cifra bastante similar a la de años anteriores. A pesar de los preocupantes efectos económicos de las crisis que se suceden es minúsculo el leve descenso en la densidad de este sector público local. En todo caso, recordemos que ese informe ni alude a los datos de Navarra y el País Vasco, ni se conoce con absoluto rigor la situación en el resto de España ante el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de algunos Ayuntamientos como comenté hace algunas semanas.
Un incumplimiento de deberes contables que, por cierto, también se extiende entre las empresas locales porque más de un tercio de las que conoce el Tribunal olvida ese deber.
Además, tales cifras escoden situaciones de mera apariencia porque hay sociedades locales que carecen de actividad. ¿Para qué mantienen algunos ayuntamientos tales cascarones vacíos de iniciativas empresariales que no son tales? Toda sociedad mercantil, aunque esté en una situación «de coma», genera cargas y gastos que en estos tiempos deben controlarse mejor. Unos lastres que se acumulan al de otras compañías locales que sí negocian aunque con la crisis hayan incrementado su endeudamiento y están en pérdidas. El dato del Tribunal es alto: un tercio de las empresas está en pérdidas. Algunas, en lo que conocemos como quiebra técnica, situación que debería afrontarse con presteza ante las consecuencias previstas en la ley. En consecuencia, han de aprobarse ayudas o ha de iniciarse el proceso de disolución si se considera inviable su mantenimiento.
No obstante, la realidad nos presenta y este informe confirma que las disoluciones encuentran obstáculos… desconocidos. Varias decenas de empresas locales están en proceso de disolución. Este mismo informe nos ofrece la cifra de que hay treinta y tres empresas locales en disolución y lo sorprendente… la mayoría lleva en disolución más de cinco años. Urge corregir esa situación y de ahí que el Tribunal de Cuentas recomiende «revisar la estructura del sector público local empresarial, de modo que la creación, la actuación y la permanencia de estas entidades dependientes responda, de manera efectiva, a razones de mejora de la gestión pública, eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera». Una recomendación que, por cierto, el propio Tribunal de Cuentas recuerda que ya la formuló en su Informe de fiscalización previo, el correspondiente a 2019 (pág. 121) y, sin duda, en los anteriores.
El sector público cumple una función loable. Entre las últimas monografías que recuerdan su régimen jurídico cito la de Juan José Guimerá Rico. Pero esas sociedades locales en continuas pérdidas, esas empresas inviables, esas que persisten en su procedimiento de disolución, todas ellas corren el riesgo de convertirse en una especie de santa compaña que contagie el mal agüero de otras enfermedades económicas a la organización municipal.
Estamos en el inicio de un nuevo año, por tanto en el momento adecuado para afrontar nuevos propósitos. ¿Nos durará mucho el optimismo?
