Como en todos los niveles educativos, los sucesivos gobiernos de España no han atinado con la universidad. Incapaces de pactar, con una mínima visión de Estado, con las demás fuerzas políticas para dar estabilidad a una institución crucial para el progreso, se vienen dedicando a legislar y reglamentar cambios bruscos a cada poco con escaso acierto, como lo demuestra que, incluso la misma fuerza política, modifica al poco tiempo lo que tanto pregonó como innovación excelsa. Y, como siempre, la perjudicada es la sociedad, por ese prurito reformador y por la egolatría vana de dejar firma e impronta en el BOE algún iluminado con cargo. ¡Pobres estudiantes y pobres padres! En unos veinte años he dado clases en el mismo centro a alumnos de cinco planes de estudios y ahora se avecina otra revolución curricular. Veinte años, se decía, era lo que tardaba en acabar la carrera un tuno que se preciara de tal. No será para tanto ni tantos se lo tomarán con tanta calma; pero sí he visto y veo a muchos matriculados angustiados porque los pilla el tren de la adaptación a un nuevo plan, a veces notablemente diferente y con numerosos obstáculos para las convalidaciones.

Ahora, el Ministerio de Educación –como siempre descoordinadamente con Función Pública- acaba de apostar por jibarizar los Grados y dejarlos en solo tres años para, según se dice, ahorrar un año de matrícula a los sufridos progenitores y, me figuro, convertir cualquier máster en algo potestativo y elitista, lo que sin duda beneficiará a más de una universidad que se anuncia como tal y no hace falta poner nombres. En total que va a haber barra libre para que, según el campus, se opte por el modelo actual o por el reducido que se dice más europeo…

El Ministerio, además, parece desconocer algunas situaciones concretas pero nada despreciables y que nos preocupan a las gentes de leyes. Por ejemplo, que el máster más numeroso que se cursa, necesariamente, en España, ya dura en la práctica dos años, que es la novedad que ahora se quiere implantar. Me refiero al de la abogacía. Y, con respecto a estos estudios, me permito recordar algo que no tiene sentido y menos tendrá si nos pasamos a Grados de solo tres años: hoy por hoy, dada la antedicha descoordinación con la normativa de función pública, para opositar a judicatura, abogacía del Estado o notarías, basta disponer del título de Grado. Para ejercer como letrado colegiado, en cambio, se requiere sumar un largo postgrado culminado con un trabajo final y superar un examen de Estado que, aunque sin “numerus clausus” es en la práctica una exigente oposición. Podrá replicarse que las carreras y cuerpos antes citados tienen unos temarios complejos y las pruebas selectivas son muy duras. Cierto; pero, en ese caso, si se parte de que la formación la dan las oposiciones, ¿qué papel le reservamos a la universidad? Si seguimos reduciendo, no tardaremos en oficializar al autodidacta y, de la misma manera que existen pruebas de acceso a la enseñanza superior para personas mayores, cualquier día se convocan oposiciones del más alto nivel para quienes nunca pisaron un campus (ni se inscribieron, siquiera, en la UNED).

Veo, con dolor, en mal estado a la universidad española. Sin relevo generacional a corto plazo, sin atractivos para nuevos doctorandos, con medios escasos, con masificación en algunos centros incompatible con las tutorías personalizadas, con insuficiente financiación también de un sector privado al que raramente interesa… Y con mucha burocracia telemática. Como también ocurre en otros campos colindantes, como la sanidad (donde el facultativo dedica en la consulta mucho más tiempo al teclado que al paciente), docentes e investigadores nos pasamos las horas más lúcidas de la jornada cumplimentando cuestionarios absurdos y repetitivos, rellenando informes de evaluación, contestando correos de mil órganos, colgando materiales e información y atendiendo tutorías en el campus virtual y prácticamente sin ninguna ayuda. Y que nadie se engañe –como están intuyendo los trabajadores de Justicia-: tras estas medidas de autogestión informática que aparentan descargar el trabajo del personal de servicios está la desprofesionalización de éste, cuando no su paulatina desaparición. ¿O ya no nos acordamos de los cientos de miles de puestos funcionariales que se ordenaron amortizar en Grecia? Y aunque la mecanización de todo lo trivial muchas veces es infinitamente menos ágil que el papel y el lápiz, luego tocará diezmar a los llamados cuerpos superiores.

Comenzando porque, quizá detrás de este ahorro que se preconiza mediante la reducción de los Grados universitarios, esté una segunda vuelta de tuerca para abaratar más los costes a cuenta de las esdrújulas tecnológicas: informática, cibernética, telemática. Si algunas universidades pudientes, salidas de la nada, han improvisado profesores como quien hace una figura de barro, ¿por qué no va a enseñarse y calificarse exclusivamente mediante la robótica?   Seguro que para alguna mente moderna los funcionarios docentes, la mayoría veteranos, nos estemos convirtiendo en una rémora estúpida para la sostenibilidad y la estabilidad presupuestaria del sistema.

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