Tercer Aviso: El Informe Auken

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Tercer Aviso: El Informe AukenRecientemente ha sido aprobado por el Parlamento Europeo el conocido como Informe Auken, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, criticando el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. TEJEDOR BIELSA ya dio cuenta del mismo en este blog en febrero del presente año, cuando la Comisión de Peticiones aprobó este Informe, por una amplia mayoría también (“Europa critica y España diversifica”). Las críticas al Informe por parte de las autoridades autonómicas españolas se han sucedido, éstas sí, con gran rapidez. Como publicaba el Correo de Andalucía (27/03/2009), el Consejero de Vivienda y Territorio de la Junta de Andalucía denunciaba que el informe es “sesgado” y “no da una visión real”. También desde el Gobierno valenciano se califica el informe de “intolerable” (EFE).

El Informe Auken, por lo demás, tampoco es un incidente aislado. Recordemos el Informe Fortou de 2005 sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos. Como recuerda en su texto, ya las autoridades europeas han informado hasta en tres ocasiones de la magnitud de los abusos de los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España, expresando también su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales en España.

Destaquemos algunos párrafos del Informe Auken (la negrita es nuestra), que describen la situación que se denuncia:

  • Esta actividad extendida (urbanización excesiva e indiscriminada) que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa,
  • Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos europeos, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que, sin embargo, el Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos,
  • Muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos;
  • Considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats/Natura 2000 y aves, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado,
  • Considerando que el sector de la construcción, que ha obtenido unas ganancias excesivas durante los años de rápida expansión económica, ha pasado a ser la primera víctima del actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas.

Consecuencia de esta grave situación, que ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano europeo, pero que también ha ocasionado pérdidas sustanciales al Estado español, y sin perjuicio de expresar su preocupación por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas, se elevan una serie de peticiones a las autoridades españolas. Entre ellas, podemos entresacar las siguientes:

  1. Que se lleve a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte;
  2. Que se declare una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;
  3. Que se establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos.
  4. Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo más aceptable y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.

Finalmente, se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE. Y que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el problema se haya resuelto.

El Informe, como se puede comprobar, es bien duro. Conocido es el crecimiento económico español de los últimos años, asentado, en algunas zonas más que en otras, bien es cierto, en el urbanismo y los negocios que trae aparejados, y en el turismo como “industria” milagrosa. Modelo económico débil, y fuertemente dependiente. Los sectores de la construcción y de servicios (turístico) no requieren de una mano de una obra especialmente cualificada, y en la medida que generaban empleo “fácil” han sido alentados por las autoridades políticas en su visión cortoplacista de la realidad. Los ciudadanos, en general, aplaudieron el sistema con entusiasmo. El modelo del “todo fácil”, del enriquecimiento económico vertiginoso (y especulativo), la falta de respeto por el entorno y de una conciencia de lo “social” verdadera, y la degradación del esfuerzo, han llevado, junto a otras causas, claro está, a la situación crítica que atravesamos.

El impacto sobre el entorno natural de la urbanización deliberadamente descontrolada de las últimas décadas, sobre nuestras costas, sobre nuestras sierras, en los alrededores de las ciudades y pueblos, multiplicando infraestructuras muchas veces tan costosas como inútiles, y derrochando energía para abastecer el egoísmo y la avaricia de unos cuantos (de unos muchos, más bien), será de complicada, cuando no imposible, reversión. Tan complicada como modificar el modelo cultural, educativo y cívico que se ha propiciado. La responsabilidad de los (des)controladores, con sus acciones y pasividades intencionadas, así como la de quienes los han alentado, es la que debiera exigirse con firmeza, con todas sus consecuencias.

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Rodrigo J. Ortega Montoro es Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal, perteneciente a las subescalas de Secretaría-Intervención, y Secretaría (categoría de Entrada). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Granada. En la actualidad, es Secretario del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

2 Comentarios

  1. Yo defendí en este Blog hace tiempo que desde «Bruselas» se podía luchar contra la corrupción (comentario al artículo denominado «Tibia Condena» de Raul Marco Ruiz), aunque no me atreví a decir entonces que con más eficacia desde allí que desde los propios lugares donde se produce dicha corrupción, como negaba mi interlocutor (un tal Sr.Santos). Pero después de leer el extracto del Informe Auken, proporcionado por el amable compañero habilitado, va a ser que sí, porque puede que la Unión Europea se enfade y toque a España donde más la duele, es decir: en el bolsillo. Que bien empleado nos estaría, si nos dijera la Unión Europea que no sale de allí un solo euro de Fondos Europeos, hasta que el Gobierno español ponga en orden el Estado de Derecho en España, desde un punto de vista democrático, territorial y ambiental.

  2. Solamente aclarar que el tal Sr. Santos al que se refiere Francisco González Benito, interlocutor que negaba sus afirmaciones, es Jaime Pérez Santos.
    Lo digo con la única finalidad de evitar malos entendidos.

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