Un mal generalizado

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Sería exagerado denominarlo epidemia, pero es un hecho cierto que la administración pública ajusta su creciente déficit por la vía exclusiva del aumento de la presión fiscal, a todos los niveles,  y desde todos los ámbitos del espectro político. Cualquier análisis que se haga de las cifras disponibles de las cuentas públicas conduce a la misma conclusión: el déficit lo estamos cubriendo los contribuyentes, tanto por la imposición directa, como indirecta… y circunstancial, que se diría en la vieja asignatura de gramática.

En esta ocasión me refiero al IBI, porque las cifras disponibles son concluyentes: ya se puede hundir el mercado inmobiliario, reducirse hasta casi desaparecer las operaciones de compra venta, y los precios bajar en torno a un 40 % o 60% respecto a los precios máximos, que los ayuntamientos (en general) recaudan más cada año, al margen de cuál sea la realidad.

Las cifras disponibles en la web de la Secretaría de Estado de Hacienda, correspondientes a los datos que gestiona la Dirección General del Catastro son contundentes; en el cuadro que figura a continuación se presentan las principales magnitudes del IBI de los últimos 8 años: tomando como base de partida el año 2006, en pleno auge del mercado inmobiliario, hasta 2013 que es el último para el que hay datos.

 

Esta estadística no refleja los impagos, ni proporciona desglose individual de los datos, por lo que algún ayuntamiento puede haber actuado de otra forma sin que ello se refleje en el total, pero la tendencia general es muy clara:

 

–      El número de recibos representa el número de bienes de naturaleza urbana que constituyen el hecho imponible. Como se observa, han crecido un 20% durante el periodo, pero acusando una pérdida de ritmo evidente con el agravamiento de la crisis (desde 2010, sólo un 5%). O sea, que conforme el mercado inmobiliario se hundía, se producían menos unidades, porque no había financiación, ni compradores, ni se aprobaban proyectos, etc.

–      Independientemente de ello, las bases del impuesto, ya sea imponible o líquida, han crecido en términos porcentuales mucho más (en torno al 75% en todo el periodo); y han acusado también la crisis, pero algo menos: en el peor periodo de la crisis, es decir, ente 2010 y 2013, el supuesto valor de los inmuebles a efectos impositivos ha crecido un 19%.

–      En línea con el  aumento de las bases del impuesto, las correspondientes cuotas han crecido, pero más, posiblemente por una mayor eficiencia recaudatoria: el 86% en conjunto, y un sorprendente 25% en la peor fase de la crisis.

 

–      Los ayuntamientos, o entidades que asuman su función recaudatoria en este impuesto, han facturado por el valor catastral de  los bienes inmuebles urbanos 73.800 M € en todo el periodo; de los cuales, 42.800 M € proceden de la peor etapa. En 2013 ingresaron unos 12.000 M €, es decir, casi el doble que al comienzo del periodo.

 

–      Cualquier particular que haya intentado vender algún bien inmueble de naturaleza urbana después de 2008 y observe cómo han crecido las bases imponibles se sentirá desorientado y perplejo, porque su experiencia propia será que, salvo excepciones, la realidad del mercado (donde lo hubiera) caminaba por la dirección opuesta, con bajadas continuas de los precios.

 

–      Ese mismo particular quedará aún más perplejo al comprobar que el impuesto medio de los contribuyentes (media simple y, por tanto, grosera) ha crecido desde los 212 € del inicio, hasta los 324 del final, es decir, un 53%. Ahora bien, si además vive en alguna ciudad de más de un millón de habitantes (los datos no aparecen en el cuadro para simplificar) habrá comprobado que los 320 € del comienzo han quedado desbordados por los 546 de 2013; una 70% más, ¡en plena crisis!

 

 

 

 

 

 

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