Una historia en Internet

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En una galaxia muy lejana llamada Internet, una familia numerosa decidió disfrutar de sus merecidas vacaciones en un apartamento al lado de la playa, por ejemplo en Cataluña.

Se dirigieron a la oficina de viajes de toda la vida – llamada “Empresario del sector” – para contratar un alojamiento. En su escaparate ofrecía, como siempre, fotos de habitaciones con camas a precios elevados; pero descubrieron que en el local de al lado, bajo un rótulo luminoso que anunciaba “Economía Colaborativa”, otro gran escaparate ofrecía también fotos de habitaciones con camas, a precios más económicos. Decidieron entrar en ese segundo local, recién estrenado, y contratar ahí un alojamiento cercano a la playa, un dúplex con cuatro habitaciones. El empleado les entregó un voucher que debían entregar a su llegada, y pagar en destino. Nada les hacía sospechar que a partir de ahí todo iría mal.

La diferencia entre “Empresario del sector” y “Economía colaborativa”, según afirman algunos, es que el primero debe cumplir toda la normativa turística como empresa que es, mientras que en el segundo caso nos encontramos ante una simple relación privada entre particulares, fuera del ámbito turístico y por tanto ajena a toda regulación. Se trata, además, de un sector boyante, una gran fuente de riqueza y bienestar para todo aquél que pueda poner en el mercado sus infrautilizadas propiedades a través de unas plataformas que tienen la condición de simples “intermediarios tecnológicos pasivos”, que por supuesto no son lo mismo que una “central de reservas de apartamentos turísticos amueblados”. Y encima, abre la competencia a un número de actores prácticamente ilimitado. Quién osaría poner límites a un mundo en expansión como éste?

Pero poco le importarían estos razonamientos a nuestra familia imaginaria, si a su llegada descubrieran que el alojamiento era en realidad un pisito situado a tres kilómetros de la playa, sin agua corriente a causa de una avería, y sin que el propietario respetara el precio pactado. Por supuesto tenían la opción de no pagar y buscar otro alojamiento, lástima que en agosto la cosa estaría complicada.

La normativa sectorial turística catalana exige que las viviendas turísticas cumplan una serie de requisitos para proteger a sus usuarios. Disponer de un número de teléfono permanentemente conectado, o tener contratada una empresa de mantenimiento, son requisitos que permiten resolver las incidencias sin necesidad de localizar al propietario que tal vez se ha ido también de vacaciones, o sin tener que acudir al administrador de fincas en horario de oficina. Parece bastante razonable aventurar que estos últimos mecanismos pueden ser válidos para un inquilino de larga duración, pero no para una familia de turistas que probablemente estará menos de 5 días alojada en el piso, según nos dicen las estadísticas.

Exigir que las viviendas de uso turístico estén registradas es un paso necesario para poder exigir también que exhiban dicho número de registro, tanto en la propia vivienda como en la publicidad, lo que a su vez es un instrumento imprescindible para poder controlar aquellas viviendas que se comercializan a pesar de no cumplir con los requisitos antes mencionados. Tan descabellado parece? Pues a ojos de determinadas autoridades, por lo visto sí, y en este sentido sólo hay que remitirse, por ejemplo, al informe emitido el día 14/09/2016 por la Autoritat Catalana de la Competència en relación al proyecto de Reglamento de turismo de Cataluña, que desaconseja medidas como la identificación exterior de las viviendas turísticas asegurando, entre otros motivos, que dicha medida “podría provocar la estigmatización de quien ejerce la actividad”. (!)

De acuerdo, la legalización de las viviendas turísticas comporta también el pago de tasas e impuestos. Y la de los lampistas, y la de los talleres mecánicos, y la de las industrias químicas. Vivimos en una sociedad que exige el pago de impuestos, destinados, por ejemplo, a ejecutar políticas de vivienda que permitan luchas contra la gentrificación. Porque todos sabemos que el mercado libre tiene sus cosillas, como preferir a un turista que paga 100 euros por noche por un piso pequeño en un barrio cercano a la playa, en vez de a un inquilino que pagaría como mucho 600 euros al mes. Opciones tan legítimas como lo sería pretender edificar en un inmueble de su propiedad, faltaría más, pero cuyos resultados no convencen a todo el mundo, del mismo modo que hay inmuebles privados en los que no se considera conveniente permitir la edificación por motivos de interés general.

No convence el libre mercado de las viviendas turísticas, por ejemplo, a los turistas que quieren alojarse en un barrio de una ciudad habitado por habitantes de la ciudad, y no en un apartamento de un parque temático. O incluso a los vecinos, intolerantes con la modernidad, que se indignan al ver como el barrio en el que crecieron desaparece. Turistas y vecinos en los que se piensa al aprobar planes urbanísticos, destinados a evitar que Distritos enteros se conviertan en un monocultivo de alojamiento turístico. Otro atentado contra la economía libre, dirán algunos, sostenibilidad del crecimiento y mixtura de usos, dirán otros.

Y las plataformas “intermediarias tecnológicas pasivas” qué culpa tienen, en esta historia? Según afirman, ellas simplemente ponen en contacto a unos particulares, los que ofrecen alojamiento, con otros particulares, que lo buscan. Bueno, admiten que también ofrecen la gestión de las reservas en línea, sistemas de pago seguro, servicio de limpieza y reparación, productos complementarios como el alquiler de coches o visitas guiadas a la ciudad de destino, seguros en caso de impago o desperfectos, e incluso en algunas ciudades gestionan el cobro de la tasa turística. ¿Cómo les vamos a exigir que además de prestar todos esos servicios, cumplan una obligación draconiana como es la de exhibir un número de registro en sus ofertas de alojamiento, o que atiendan a requerimientos de información o de retirada de contenidos cuando la Administración detecta la comercialización de un alojamiento ilegal? Incluso la técnica tiene un límite, nos dirán.

Y es que para según quién, las Administraciones públicas sólo existen para incordiar a los que simplemente quieren poner en contacto a particulares. A cambio de una comisión, claro, que en este mundo todo se paga.

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Letrado consistorial del Ayuntamiento de Barcelona, he sido también asesor jurídico y letrado en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Presidente de la Asociación Catalana de Juristas de la Administración Local.

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