Valoración del Proyecto de Ley nonato de la Función Pública para la Administración General del Estado

El pasado 24 de marzo se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. Por fin la AGE ha decidido desarrollar el Estatuto del Empleado Público que ya lleva en vigor algo más de 16 años. El ritmo de un caracol es un bólido comparado con la velocidad que imprimimos en España la actualización y modernización de la función pública. La convocatoria anticipada de elecciones ha hecho descarrilar al caracol de la función pública. En todo caso considero que el proyecto merece ser analizado para poder contribuir a que el próximo proyecto de Ley sea mucho más ambicioso y parta de las fortalezas y debilidades del análisis de este reciente intento.

Hay elementos potencialmente esperanzadores en este proyecto de Ley, aunque anclados en una Administración pública de hace quince años. Todo parece indicar que durante este largo periodo de tiempo no haya sucedido nada y que los próximos años van a ser para la Administración y su función pública un periodo de calma chicha. La profundización en la administración digital, el impacto de la larga crisis del 2008, la pandemia, la irrupción del teletrabajo, la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización en la gestión pública, el relevo intergeneracional, las nuevas lógicas de trabajo colaborativo, etc. son temas que aparentemente no afectan ni van a condicionar el modelo de gestión y de función pública de nuestras administraciones públicas. Empezamos mal.

Es curioso que este proyecto de Ley no se presenta con ánimo de actualización y reforma de la función pública, sino que su catalizador ha sido, como es habitual, cumplir con las exigencias de la Unión Europea en su amplio catálogo reformista que si no cumplimos se va a cerrar de forma abrupta el grifo de los fondos europeos de carácter extraordinario. Legislamos no por convicción sino por obligación y con tiempos muy justos tan justo que una convocatoria anticipada de las elecciones lo mandan todo a la papelera.

Como decía antes hay aspectos positivos en este proyecto de Ley. Los temas que deseo destacar son los siguientes: ponderar las necesidades de planificación en recursos humanos y vincularla con los otros elementos del sistema y, en especial, con la evaluación del desempeño. También destaco positivamente que esta Administración tan clásica y tradicionalista se abra a una organización mediante competencias y ámbitos funcionales. También hay que celebrar que afronte el reto de regular la Dirección Pública Profesional (en el nivel de subdirecciones generales) y lo haga de manera flexible sin apostar, de entrada, por ninguno de los dos modelos posibles (el de homologación de directivos o el de selección ad hoc de directivos similar el modelo de la CRESAP portuguesa). Dejar esta puerta abierta va a permitir impulsar un modelo u otro o incluso un híbrido y, además, cambiar de modelo mediante un sistema de prueba- error sin necesidad de transformar la Ley. Otro aspecto positivo es el de introducir elementos vinculados a la carrera horizontal por la vía de los tramos. Además, no es nada desdeñable la posibilidad de flexibilizar los sistemas selectivos para que de manera incremental vayan minimizando los conocimientos (temarios memorísticos) y maximizando las competencias (pruebas prácticas, pruebas de inteligencia, de capacidades de trabajo colaborativo, etc.). Adicionalmente otro ingrediente positivo es la implantación, de una vez por todas, de la evaluación del desempeño. Finalmente, también hay que destacar que el proyecto de Ley abdique de la opción de crear chiringuitos institucionales y apueste decididamente por el INAP como una pieza esencial para la renovación del sistema. Cierto que el INAP deberá hacer un enorme esfuerzo de reforma, de incremento de recursos para mejorar sus capacidades institucionales. Hay otras novedades a celebrar como insistir en la igualdad de género y de diversos ingredientes orientados a la protección de diversas minorías.

Pero se trata de un proyecto de Ley que deja muchas dudas en el aire de cara a su redacción final y, en especial, en su articulación por la vía de la letra pequeña (reglamentos) que pueden desvirtuar los puntos positivos antes relatados. Veamos algunas de estas dudas e incógnitas:

• Me comentan los redactores de este proyecto de Ley que tienen expectativas en que su redactado mejore durante la tramitación parlamentaria. Mi reacción es de escepticismo absoluto. Mucho me temo que la tramitación parlamentaria no va a mejorar este proyecto, sino que, en sentido contrario, lo puede empeorar y echar agua al poco vino sobre el que se sustenta. Actualmente las mayorías parlamentarias se edifican con partidos políticos o que son analfabetos en materia de función pública, o que tienen ideas ancladas en el siglo XIX o incluso que fomentan de manera consciente o inconsciente una obsolescencia del ámbito público. En mi opinión, poco margen al optimismo sino todo lo contrario con la inminente tramitación parlamentaria.
• Ya veremos cómo se regula más en concreto la Dirección Pública Profesional que es un tema proceloso en el que cualquier disposición adicional o reglamento puede dejarlo como un instrumento poco útil o de aplicación residual. Es un campo abonado a las imposturas.
• La incorporación de competencias y ámbitos funcionales puede quedar en una simple declaración de intenciones sin que llegue a concretarse como piezas básicas y esenciales sino como un simple embellecedor conceptual.
• En la evaluación del desempeño ya ha desaparecido la intención que una reiteración de pésimas evaluaciones pueda dar lugar a que un empleado público pueda ser apartado del servicio público. Es un tema desagradable que fue tratado por la prensa de manera poco refinada y escandalosa. En todo caso sorprende que un sistema no tenga definida una puerta de salida, aunque su uso sea excepcional. En cualquier colectivo humano hay un caso entre mil que no esta a la altura y que distorsiona gravemente al colectivo. No entiendo que los sindicatos salgan a la defensa de esta milésima parte de los empleados públicos y deje indefensos al resto que pagan estas situaciones perversas con un mal ambiente, los expone críticas sociales injustificadas y, por tanto, fomenta la desmotivación colectiva de una gran mayoría de buenos profesionales.
• Está por ver como se van a implantar los nuevos procesos selectivos que combinan conocimientos (memoria) con competencias. Existe la posibilidad de que no cambien en absoluto los actuales sistemas selectivos ya que hoy en día a nivel teórico ya combinan ambos ingredientes (las actuales pruebas prácticas, aunque suelen ser también teóricas, ya computarían como pruebas competenciales). Yo propondría que todos los nuevos puestos de trabajo (gestores de la información; analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial, etc.) sean seleccionados solo por competencias. Al ser puestos de nueva factura no hay capturas, ni tradiciones ni inercias. Para los puestos de gestión (por ejemplo, los TAC) optaría por un modelo híbrido entre conocimientos (en menor medida que ahora) y maximizaría el apartado de las competencias prácticas. Para los puestos vinculados a los cuerpos clásicos (abogados del Estado, diplomáticos, etc.) mantendría provisionalmente el modelo actual.
• La carrera horizontal mediante tramos puede ser una opción interesante que ya opera en otros ámbitos de la función pública (por ejemplo, en los profesores universitarios). Puede optarse por un perverso modelo que solo pondera la antigüedad (tramos de docencia en este profesorado que posee el mismo automatismo que los trienios) o bien que se tiene en cuenta una progresión no inercial sino extraordinaria (como es el caso de los sexenios de investigación para el profesorado). Los sindicatos van a presionar seguramente para un café para todos que sería, en la práctica, descafeinado ya que perdería su capacidad estimulante.

En definitiva, muchas dudas sobre como va a finalizar este nuevo modelo de función pública. Por desgracia incluso en el escenario más benigno va a ser un modelo que no va a responder a los grandes retos que tiene que afrontar la Administración pública durante las próximas décadas en que podría estar vigente esta Ley o una similar que surja en el futuro inmediato.