Los periódicos nos traen noticias de anuncios de auditorías en muchos Ayuntamientos. Responsables políticos que avanzan la propuesta de contratar una auditoría, concejales que advierten del sometimiento contable de la gestión de la Corporación anterior, Alcaldes que aluden a cierto descontrol de las cuentas municipales… La grave crisis económica de muchos Ayuntamientos hace que piensen que una auditoría facilitará encontrar unos cuantos euros para afrontar tantos pagos pendientes.Nadie duda de que estos contratos de servicio pueden suscribirse con las empresas especializadas, pero hay que conocer bien los contornos y límites de esa contratación, porque ni son siempre necesarios, ni se han realizado conforme a las exigencias legales. Es más, muchas veces se utilizan como mera arma de confrontación política.

El Tribunal de Cuentas realizó hace tiempo un Informe de fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las Entidades locales durante tres ejercicios (2004, 2005 y 2006). La fecha de este informe es de 29 de octubre de 2009 y es en septiembre del pasado año 2011 cuando la Comisión mixta del Congreso concretó las Recomendaciones que trasladaba al Gobierno. ¡Qué lentitud para cuestiones tan importantes que todavía siguen pendientes!

Insisto ahora en algunas de las consideraciones que se contienen en ese Informe porque no está de más recordar que existen adecuados instrumentos e instituciones públicas para ejercer el control financiero y contable de las Administraciones. Controles internos y externos. El Informe alude, y el Congreso de los Diputados lo recoge como recomendación, a la necesidad de que se cubran las plazas de funcionarios de habilitación nacional. Resulta indispensable que en los Ayuntamientos existan Secretarios, Interventores y Tesoreros que con sus precisos conocimientos conduzcan la actuación municipal por las vías de la legalidad. La congelación de la oferta pública de empleo anunciada por el actual Gobierno debería matizarse y advertir que, a pesar de que sumemos un alto número los funcionarios, hay puestos esenciales que deben cubrirse. Y entre estos están, sin duda, las plazas reservadas a los funcionarios de habilitación nacional.

Existiendo controles públicos, acudir a una empresa privada debe ser algo excepcional, que debe justificarse de manera suficiente. En el Informe del Tribunal de Cuentas se narran procedimientos de contratación que incurrían en este defecto, incluso, contratos que habían sido informados de manera negativa por el Secretario y el Interventor. Es más, antes de promover una convocatoria pública (otro vicio resaltado en el Informe es el abuso de los contratos negociados sin publicidad), deberían los Ayuntamientos buscar la asistencia de otras Administraciones. En especial, de las Diputaciones provinciales. ¡Cuánto beneficio podrían aportar estas Administraciones cuya supresión se invoca como bálsamo para suprimir los dolores de las duplicidades administrativas y del despilfarro público!

En fin, puede ser útil en algún Ayuntamiento suscribir una auditoría externa, cuando así lo informen favorablemente el Secretario y el Interventor, porque convenga analizar por otro agente las cuentas (por cierto, analizar, no hacer las cuentas municipales). Pero deberá siempre justificarse su necesidad, la insuficiencia de medios en el Ayuntamiento, la imposibilidad de la asistencia provincial. Comprobaríamos con ello si realmente son precisas o simple disculpa de políticos que quieren desacreditar a sus oponentes a costa del erario público.

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