Hace unas semanas, el entonces Gobierno en funciones acordó enviar un “plan presupuestario” con el “informe de acción efectiva” a la Comisión europea. Urgía remitir dicha documentación porque las grandes olas de las crisis nos han demostrado que los europeos navegamos en el mismo barco y aunque cada país mantiene sus propios camarotes, conviene saber la carga y el lastre que cada uno aporta para, en su caso, tratar de corregirlo y aliviarlo.

En ese documento, el Gobierno ofrece sus proyecciones positivas de reducción del déficit público. En términos generales, en todos los ámbitos se confía en una mejora. Y, a los efectos que aquí me interesan, se destacan los avances derivados de muchas medidas relativas a las Administraciones locales. Insiste el Gobierno en el saneamiento de la situación financiera municipal debido a los planes de pago a proveedores, a los planes de ajuste y a otros instrumentos extraordinarios de liquidez para aquellos Ayuntamientos con mayores urgencias económicas. En fin, que se destaca la recuperación de las finanzas locales y una situación de superávit del conjunto de la Administración local.

No termina ahí la descripción del Gobierno. Apunta, además, a que el déficit seguirá reduciéndose porque el día uno de diciembre deberán liquidarse aquellas empresas municipales que durante estos años siguen ruborizadas por sus grandes deudas. Ello incluye a empresas que pueden tener como objeto la prestación de servicios locales tan básicos como el abastecimiento y depuración de las aguas, la recogida y tratamiento de residuos o el transporte público.

Es cierto que tal afirmación no coge por sorpresa a ningún especialista porque dicha medida se incorporó a la Ley básica de régimen local mediante la reforma dirigida a su “racionalización” en 2013. Es la nueva redacción de la disposición adicional novena. Lo que sí puede sorprender es la rapidez con que las hojas del calendario han caído y que en unos pocos días estrenaremos diciembre. ¿Dejarán de existir tales empresas? ¿Habrá que liquidarlas?

A mi juicio, y aunque su anuncio era conocido desde hace años, la aplicación rigurosa de tal medida resultaría un despropósito. Varios motivos me impulsan a defender la paralización de esa carrera desbocada hacia una decisión que tiene su mirada atrapada sólo por los números, las cuentas y los balances empresariales.

Los Ayuntamientos han de preservar sus facultades discrecionalidades a la hora de organizar sus servicios y elegir el modo de gestión. Sabemos que las formas jurídicas de sociedades mercantiles y entidades empresariales han de acreditar su eficiencia (art. 85.2 LRL). Pero el problema del déficit es probable que subsista con independencia de la forma adoptada. Y es que tales servicios atienden a ámbitos básicos públicos. No nos encontramos con iniciativas empresariales que puedan o no prestarse. Se trata de servicios nada lucrativos y muy esenciales, cuya prestación resulta obligatoria. Es más, su carácter básico y necesario para las mínimas condiciones de vida hace que hayan de tenerse muy en cuenta aspectos sociales. ¿No insistimos en considerar las situaciones especiales de los vecinos, fomentamos la política del reciclado o el transporte público, justificamos la existencia de bonos a los jubilados, atendemos a parados o inmigrantes y nos preocupamos de que nadie padezca una “pobreza hídrica”?

Es cierto que las alegrías que inflaron burbujas hace años exigieron retomar la sensatez en la estructura y organización de las Administraciones públicas. Pero las disciplinas financieras han de flexibilizarse ante la prestación de servicios básicos y esenciales. Ha de reconsiderarse la situación particular de cada empresa municipal… porque, por último pero no menos importante: ¿aplicará el mismo criterio el Gobierno con tantas deficitarias empresas públicas que giran alrededor de su órbita? Porque el déficit de la Administración central es mucho más abultado y sonrojante.

2 Comentarios

  1. No puedo estar más de acuerdo con lo dicho por la autora. Seguramente todas estas ocurren porque el viento sopla a prol del estado neoliberal, por lo que criterios de beneficio empresarial y enflaquecimiento del sector público señorean en las legislaciones europea y española. C´esta la mode!

  2. Pues si, lo que tenían que hacer es echar a tantos vagos como hay en estas empresas que son escogidas a dedos o como en muchos casos ya sabidos los propios políticos son los gerentes de dichas subcontradas, ya veríamos como se ahorraría trabajo y trabajaban más.

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