Partidos y subvenciones: el cuento de nunca acabar

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Confieso públicamente mi ignorancia. Creí que, tras tantos procesos penales y advertencias de los órganos fiscalizadores en relación con las aportaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos, ese grifo complementario de una financiación ya de por sí discutible, si no cerrado, al menos gotearía menos. Y lo mismo pensaba tras el uso espurio de subvenciones para actividades, estímulos o cursos formativos de discutible utilidad… o existencia.

Me equivoqué. El BOE del 29 de junio de 2016, sin ir más lejos en el tiempo, inserta la Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación española.

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica a tenor de lo dispuesto en la Orden AEC/1510/2012 de 21 de junio, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria estatal, otorga en esta Resolución diversas ayudas que van desde los más de 458.000 euros a la Fundación FAES a los 900 a la ALKARTASUNA FUNDAZIOA (EA), pasando por los más de 296.000 a las dos fundaciones socialistas; los menos de 15.000 a la Fundación Sabino Arana; los 7.740 a la Fundación JOSEP IRLA de ERC; los más de 4.100 a la FUNDACIÓN POR LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS (IU), o los más de 2.500 a la FUNDACIO L’ALTERNATIVA (EUiALTERNATIVA).

Estas ayudas, de acuerdo con la citada Orden de 21 de junio de 2012, tienen por objeto la financiación a las fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación en las Cortes, para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la democracia y la consolidación de los sistemas de partidos políticos. Pueden incluir acciones de formación, consolidación, asesoramiento y difusión del sistema democrático y de todos sus componentes. Con carácter preferente, señala la Orden, estas acciones se dirigirán a los países prioritarios que establece el Plan Director de la Cooperación Española. Plan que, para el periodo 2013-2016, establece tres regiones prioritarias: 1. Latinoamérica; 2. el Norte de África y Oriente Próximo y 3. África Subsahariana, con especial atención a la región occidental y 23 países y territorios.

Las subvenciones en ningún caso podrán superar la cantidad de 500.000 euros por actividad y las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán de acuerdo a los siguientes

criterios: a) Valoración técnica. b) Número de escaños que el partido político de quién dependa la fundación o asociación que se presenta, tenga en el Congreso de los Diputados y el Senado, en el momento de la realización de la Convocatoria.

La valoración técnica tendrá un máximo de 100 puntos con la siguiente distribución:

  1. Contenido de la actividad, hasta 25 puntos; 2. Calidad de la propuesta, hasta 25 puntos; 3. Coherencia con el Plan Director de la Cooperación Española vigente, hasta 50

puntos. Posteriormente, la cifra obtenida de la valoración técnica se multiplicará por el número total de escaños de ese partido político.

No dudo del rigor en la selección, pero, personalmente, veo más al Estado cooperando a la revitalización democrática de terceros países que a nuestros partidos a través de sus fundaciones, a la vez reconvertidas en ONG didácticas. Y más con la que está cayendo con temas vinculados a Panamá, Venezuela, etc.

Aunque no cuestione la legalidad del asunto, sí me inquieta la oportunidad a la vista de los títulos de algunos proyectos subvencionados, bastante similares entre sí y orientados a fortalecer el pluralismo político en países con ciertos déficits democráticos. Puede el lector acudir al citado BOE de 29 de junio y hacer sus propias comprobaciones y comparaciones. Sin entrar en el espinoso tema de si nuestros partidos políticos están para dar lecciones a nadie, creo sinceramente que esos dineros, aun sumando una magra cantidad, estarían mejor empleados en otros fines sociales, culturales o científicos. En tiempos de vacas flacas, no se puede recortar en becas, investigación, sanidad, educación y tantos campos nobilísimos de la actividad administrativa y mantener, por vías diversas, la financiación de unos partidos y sus entidades instrumentales que en estos tiempos no gozan, precisamente, del fervor público. Recuerdo –y conozco directamente el asunto- que cuando se adoptaron las primeras medidas anticrisis el Ministerio de Educación se desentendió de todas las reales academias de ámbito infraestatal (médicas, jurídicas, de bellas artes…), dejando a las Comunidades Autónomas la decisión sobre sostenerlas (lo que hacen, por ejemplo, Baleares o Andalucía) o dejarlas morir por inanición. Y viendo que para exportar organización partidista sí hay fondos, uno no deja de escandalizarse. Aunque ya casi nada sorprenda.

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Leopoldo Tolivar Alas es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y, antes, en las de Murcia y León. Autor de numerosos estudios jurídicos, es Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos.

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