Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado su Informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2014 (Informe 1163, de 30 de junio de 2016). Un importante documento que recoge el resultado del examen que ha realizado sobre las cuentas presentadas por gran parte de las Administraciones locales.

Para quienes hemos leído anteriores Informes lamentablemente resuenan algunos párrafos como estribillos, pues el órgano de fiscalización nos sigue señalando que hay Administraciones que no envían la obligada documentación, que se repiten conocidas infracciones de las normas contables o de contratación pública… Hace bien en insistir con tenacidad en estas consideraciones el Tribunal porque, sin duda, entre las muchas faenas que deberán atender las nuevas Cortes esté la necesaria regulación de una suficiente financiación local, así como la reordenación de estas Administraciones.

Muchos programas electorales nos habían anunciado ya algunas propuestas. Sin embargo, debería exigirse a diputados y senadores, a cualquier autoridad pública que anuncie su propósito de reforma de la planta local, haberse leído las conclusiones y recomendaciones de este Informe. De manera previa a que un representante público anunciara una declaración para resumir sus propuestas, se le debería interrumpir para comprobar primero si ha entendido bien la opinión que refleja el Tribunal de Cuentas en esas últimas páginas que condensan bien el resumen de tanto trabajo. Porque, además, si ese responsable público tiene interés en reformar, sin duda esas páginas le llevarán a confirmar otros datos que con extensión aparecen en los gráficos o qué ocurre con su Ayuntamiento, Mancomunidad o Entidad local… pues una completa bases de datos, que recoge qué hace cada Administración, está al alcance de un clic en la página web “rendiciondecuentas.es”.

No es razonable que los responsables públicos pretendan reordenar la Administración local sin saber su número y distinta entidad, sin conocer que hay decenas de entidades y sociedades públicas que están sin actividad, que si bien es necesario conseguir una suficiente financiación local, resulta indispensable saber cómo han satisfecho hasta ahora tantas Administraciones la imprescindible rendición de cuentas y otras obligaciones financieras que recogen otras Leyes. Porque, según constata el citado Tribunal, todavía hay un porcentaje muy significativo de Administraciones que incumplen. Alrededor de un veinte por ciento. Un alto número pues nadie puede poner en duda que una de las primeras obligaciones de toda Administración, de todo gestor sería rendir cuentas de los fondos públicos utilizados.

Sorprende que las entidades locales menores, que el año anterior habían satisfecho esta obligación, la hayan desatendido el año pasado. No ha cuajado esta buena práctica política. Al no existir ya ninguna amenaza de desaparición, se han relajado y han vuelto a despreocuparse. Es desolador advertir cómo unos responsables políticos se mueven sólo ante la amenaza de una sanción. De ahí, que muchos insistamos, como también defiende el Tribunal de Cuentas, en impedir que las Administraciones incumplidoras puedan acudir a las convocatorias de ayudas y subvenciones. Del mismo modo que la Ley general de subvenciones niega la condición de beneficiario a quienes deban reintegrar subvenciones indebidamente percibidas o hayan sido sancionados con la pérdida de obtener subvenciones; del mismo modo las Administraciones que no rindan cuentas de los fondos recibidos deberían quedar imposibilitadas temporalmente para obtener más recursos.

Interesará también a los diputados y senadores conocer, como recuerda este Informe, las carencias de muchas Administraciones para contar con interventores y funcionarios de habilitación nacional; los problemas de las agrupaciones forzosas y la buena asistencia de los servicios de las Diputaciones provinciales. Y, además, cómo nos interesa a los ciudadanos que se incorporen nuevos instrumentos para analizar con rigor las propuestas de presupuestos locales, mecanismos para afinar en una más certera previsión de ingresos, lo adecuado de las propuestas para reducir el déficit y el endeudamiento, o que las inversiones estén bien estudiadas y no sorprendan con desmesurados incrementos. En este sentido, hay que aplaudir la actividad que está realizando otro relevante organismo público, la denominada Autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

En fin, que urge que diputados y senadores avancen en algunas reformas legislativas pero siempre apoyados en la pértiga de completos informes y estudios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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