En Francia se discute la reforma de las “colectividades locales”. Se basaría esta, cuando logre ultimar el obligado paso por el Parlamento, en el “informe Balladur”, un encargo que el actual presidente de la República hizo al ex primer ministro (de la “cohabitación”) y candidato en su día a la propia Presidencia de la República, Eduard Balladur.
He tenido ocasión de ver en Estrasburgo (por la televisión) algún debate entre las fuerzas políticas y algunos expertos sobre las medidas propuestas; también de seguir en algunos periódicos el asunto. Para nosotros suscitan un cierto interés aunque solo sea por el hecho de que nuestro sistema local ha estado históricamente inspirado en el modelo francés, si bien hoy los españoles nos hemos embarcado en una experiencia descentralizadora que nada tiene que ver con Francia (aunque tampoco sabemos en rigor con qué país tiene que ver).
Elemento relevante del texto francés es el referido al deseo de reducir el número de regiones y el de departamentos. Quizás sea lo más original y plausible. Pero no se impone nada, se quiere que actúen de forma voluntaria, ya veremos qué proyección tiene en la práctica la intención gubernamental pero el deseo es que el número de regiones pase de 22 a 15. Esto provoca, como se puede imaginar, grandes recelos y controversias locales, que por otro lado son muy tradicionales. Por ejemplo, en Estrasburgo, que es la capital de la Alsacia, temen su fusión con la vecina Lorena. Se trata de dos trozos de la tarta francesa que llevan en sus entrañas mucha historia de Francia y muchos conflictos: no olvidemos que ambas estuvieron anexionadas a Alemania (Prusia) hasta que terminó la Primera Guerra Mundial.
Y también la Picardía, una región del norte que los españoles conocemos -entre otras razones- por los conflictos en el reinado de Felipe II, anda revuelta por parecidos motivos.
Lo mismo ocurriría con los departamentos, un gran invento de la Administración francesa, unido como está a la figura del prefecto, el gran funcionario francés, que no parece vivir sus momentos de mayor gloria: su declive como Administración periférica es patente. Por ello se trataría de reducir drásticamente su número.
Se quiere asimismo reforzar a las grandes aglomeraciones urbanas y, en tal sentido, se habla de once metrópolis y una nueva ordenación de la capital en torno al “Gran Paris”. Como la fusión voluntaria propiciada por la llamada “ley Marcellin” de 1971 no ha servido para mucho, ahora se vuelve a la carga con medidas que suenan, ya que hablamos de Francia, a “déjà vu”. Lo del “Gran Paris” es también antiguo, nosotros copiamos ese modelo hace años, sin mucho lucimiento por cierto y lo desmantelamos en el inicio de nuestra transición política.
En cuanto a las competencias, hay un esfuerzo por aclarar su reparto entre las entidades locales y el Estado así como por suprimir los servicios desconcentrados del Estado que se solapan con aquellos prestados por las entidades locales.
Llama la atención también la pretensión de definir, con ocasión de un debate anual que se ha de celebrar en sede parlamentaria, el objetivo de gasto público local. Las exigencias del pacto de estabilidad que rige en la UE tropieza con muchos obstáculos, como sabemos, y en esta hora, con muchos bien elocuentes a los que es innecesario aludir. Pero uno de ellos es el control por parte de quien tiene la responsabilidad ante los organismos de la UE -es decir, el Estado- de saber cómo y en qué se gastan sus dineros las entidades descentralizadas.
Hay asuntos relacionados con el sistema electoral que trataré otro día. Por ahora, la reforma se pasea por los pasillos parlamentarios. El lector recordará que hubo un momento en España en el que alguien tan cualificado como Posada Herrera dejó escrito que “cuando no copiamos a Francia los experimentos nos salen mal”. Hoy ciertamente es difícil compartir esta porque me parece que los franceses no andan muy inspirados a la hora de reformar sus estructuras territoriales. Estas -aunque algunas bien orientadas- están demasiado tintadas por la timidez.