Anticuerpos

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AnticuerposEn la vecina Italia, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Tullio Lazzaro, en la conferencia de prensa que siguió a la inauguración del año judicial el pasado 17 de febrero, explicó que la corrupción en la esfera de las Administraciones Públicas se ha convertido en un auténtico “tumor maligno”. Sobre Italia, destacó, se cierne “una especie de sombra o niebla que envuelve el tejido vital del país”. Y lamentó, igualmente, la carencia de “anticuerpos” para hacer frente desde la Administración Pública a las conductas individuales que “ofuscan la imagen del Estado”. Precisamente, uno de los mayores focos de corrupción se encuentra en las obras públicas. Estos anuncios sugieren algunas reflexiones.

Destacó el Tribunal de Cuentas italiano que se produce un enorme derroche de fondos públicos en el terreno de las obras públicas: obras no terminadas, obras inutilizadas e inservibles por su construcción incorrecta, modificados de obra continuos que inflan los presupuestos de las obras, etc. Todo ello es una muestra clara de pésima gestión pública, ineficacia y gastos inútiles a costa del erario público, fondos que terminan por caer en manos privadas y tramas organizadas de poder.

Estas denuncias del Tribunal de Cuentas italiano bien debieran hacernos reflexionar sobre las prácticas que también abundan por nuestras tierras. En el ámbito de la Administración Local, Administraciones que gestionan una parte importante de obra pública, creo que son evidentes las muestras de malas prácticas, de torpeza en el gasto público y de derroche inútil en muchas ocasiones. Todos conoceremos la típica avenida o plaza de nuestro pueblo o ciudad que se levanta de forma periódica y anual para realizar obras de adecuación o mejora, obras que se suceden casi de forma ininterrumpida. O la plaza que recién inaugurada se vuelve a levantar para construir un aparcamiento subterráneo, pongo por caso. ¿Ausencia de previsión o previsiones lucrativas intencionadas? Junto a esas decisiones de opción del gasto se suman las irregularidades que salpican la contratación administrativa en no pocas ocasiones. Por supuesto que no toda la obra pública se encuentra corrompida, pero hay que reconocer que constituye un foco importante de malas prácticas y de derroche de los fondos públicos.

Uno de los problemas fundamentales que contribuye a agravar decisivamente el “tumor maligno” lo representa, precisamente, y como bien destaca Tullio Lazzaro, la carencia de “anticuerpos” en la propia Administración. La progresiva desarticulación de los cuerpos funcionariales, su degradación en todos los aspectos, y el recurso sistemático a la contratación externa de servicios y funciones fundamentales que debieran ser realizadas por funcionarios se ha dirigido a ello. El control interno (estable, y no sujeto a los vencedores en cada elección) es imprescindible, ejerciendo una labor preventiva fundamental. Un ejemplo claro lo representan los funcionarios con habilitación de carácter estatal, introducidos en España precisamente para poner coto a prácticas caciquiles locales desde el Estado. Progresivamente, sin embargo, se han reducido y desarticulado sus medios de control, desapoderándolos poco a poco. Uno de los medios de lucha efectivos contra la corrupción pasa, precisamente, por reforzar estos controles internos administrativos. Creo que el aviso desde Italia debiera hacernos reflexionar muy seriamente al respecto. La legitimidad del sistema es la que se halla en juego.

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Rodrigo J. Ortega Montoro es Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal, perteneciente a las subescalas de Secretaría-Intervención, y Secretaría (categoría de Entrada). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Granada. En la actualidad, es Secretario del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

5 Comentarios

  1. No solo es que haya un auténtico ejercito de interinos ocupando la Administración Pública española de arriba a abajo, degradando, enredando, desprofesionalizando y «sectarizando» la Organización y las Funciones Públicas y que con su integración a presión, acaben infectando el Estado de Derecho y contribuyendo poderosamente a que se extienda la corrupción, junto con otros ejercitos dañinos como el de los «libre designados»; sino que además hay muchos municipios donde se han «laboralizado» puestos como el de Arquitecto Municipal, que legalmente solo pueden ser funcionariales, en atención a sus cometidos. Más aún, se han llegado a «laboralizar», incluso en Municipios grandes, hasta puestos de Interventor y de Secretario. No hablo ya de una laboralización encubierta, es decir: cuando se hacen los consabidos paripés administrativos y luego el interesado negocia en privado y de manera informal, sus condiciones laborales con el Alcalde (retribuciones, jornada, horario, compatibilidades, etc.), si es que no se las marca el propio empleado, sino que se han llegado a ver contratos laborales de Secretarios.

    Así es como bajan «las defensas» y así es como se ve atacada la Vida Pública por «enfermedades» cada vez más extendidas.

    ¿Ha estado alguna vez algún Ministerio interesado realmente en atajar esta situación? Nunca lo ví.

    ¿Ha estado alguna vez algún Colegio de Habilitados realmente dispuesto a terminar con esto? Jamás tuve noticia.

    ¿Está interesada la población española en terminar con estas lacras? o ¿Más bien está interesada en participar también en ellas, como empleada pública?

  2. ¿Alguna vez habéis visto al Ministerio Fiscal, actuar de oficio en defensa de la Legalidad, como le impone su Estatuto, para poner coto a todas estas tropelías en materia de personal de la Administración Local? A mi no me consta.

    ¿Alguna vez habéis visto a algún Delegado del Gobierno, actuar en defensa de los derechos fundamentales de las personas, ejerciendo esa competencia legalmente atribuida, en materia de personal de la Administración Local? Quien lo haya visto que nos lo cuente.

    Los juramentos que hacen los cargos públicos en España, solo tienen valor simbólico en el mejor de los casos o lo que es lo mismo un valor cercano a 0, salvo que los consideremos como el símbolo de una gran estafa colectiva y aceptada. O ¿Acaso habéis visto alguna vez a un solo ciudadano, dirigirse a un Medio de Comunicación, diciendo: «tal Autoridad Pública ha violado su juramento y voy a ir ahora yo mismo a sacarle de su Cargo, acompañado del resto de los ciudadanos; y a ver quien es el guapo que lo impide, si somos ya más de 46.000.000 de habitantes en España»

    Sobre tal base social de cinismo político, no es extraño ni el nivel de corrupción pública que soportamos actualmente, ni uno superior en el futuro. Quizá esto explica que España salga «relativamente» bien parada en la clasificación de países, según la corrupción percibida por la población (puesto 32 sobre 180) que realiza Transparencia Internacional anualmente y que nos permite alardear de haber superado este año, por poco (5 decimas), a un país africano como Botswana.

  3. Señor González Benito, me quito el sombrero ante sus aportaciones…
    Me gustaría saber su opinión , al hilo de todo el tema éste de la indolencia ante los desmanes en el empleo público, de un tema que para mí es un síntoma importante de lo que se cuece en este país en el plano político-administrativo, y es la vergonzosa y sangrante cuestión de las míseras retribuciones de los funcionarios de la Admón. Gral. del Estado, en comparación con las otras Admones. Públicas….

  4. Lo veo como una consecuencia más del proceso de destrucción centrífuga del Estado, que al vaciarse de competencias en su Administración Central, se acaba por vaciar también de dinero; y el poco que queda tiende a quedar en la parte de arriba, por una cuestión de «prestigio» institucional y de imagen pública, y debido también al gran número de personal «digital», de confianza, etc. que suele salir bastante caro, porque luego hay que pagar también a los que valen, saben y hacen tareas técnicas de alta calidad que los hay. En fin, que luego casi no queda dinero para repartir entre los demás que trabajan.

    De todas formas, dentro de las otras Administraciones se puede repetir un poco el mismo esquema, esto es: que los más corruptos y los más vendidos a los de arriba, también son los que quedan en mejor posición.

    Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las Administraciones Autonómica y Local, los controles económicos y de legalidad son más laxos (no es lo mismo la IGAE que un Interventor interino que es sobrino del Alcalde); así se pueden explicar muchos sueldos descomunales en CCAA y Ayuntamientos ricos, pero también en otros más pobres. En España se ha entendido el principio de autonomía de un modo tan absoluto, que prevalece sobre el Estado de Derecho, el cual requiere una prevalencia del control de legalidad en la Administración Pública, sin necesidad de tener que pasarnos la vida en los tribunales todos contra todos.

    Un factor más a considerar, es que hay circunstancias especiales que pueden justificar técnicamente, mayores complementos de destino y específico, por ejemplo: un habilitado estatal trabajando en una Administración Local de un pequeño pueblo de la España profunda, está sometido a unas condiciones de aislamiento ambiental, presión política y vecinal y sordidez moral que a lo mejor no conoce el funcionario que trabaja en Nuevos Ministerios de Madrid.

    Yo trabajo en la Admiistración Local, pero estoy convencido de que saldría igualmente mal parado, trabajando en la Central o en la Autonómica, pues en la Administración Publica de este país, por lo que yo he visto, a efectos de sueldo, no importa tanto lo que trabajes y lo bien que trabajes, como lo que te pueda y te quiera pagar el amo del corral.

  5. Te agradezco el comentario.
    Interesantes reflexiones sin duda…..la IGAE respecto a otras Intervenciones,principio de autonomía versus Estado de Derecho,etc..

    Sólo hay que echar un vistazo a los Boletines Oficiales de diversas CCAA para ver los complementos específicos que se se manejan en las convocatorias de concurso (escasos) o de libre designación,hacer cuentas, y ver que cualquier jefe de sección o servicio de una CCAA percibe lo mismo o más que un Director Provincial u otro alto puesto de la AGE

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